El Ministerio de Finanzas hará su último pago por los anticipos recibidos por preventas de petróleo en 2022. Ese monto corresponde a la empresa tailandesa Petrotailandia y es por US$ 2,08 millones. Con ello se ponen fin a esas obligaciones financieras, pero no las petroleras.

Es decir, el hecho de que Finanzas esté por terminar de pagar los anticipos no quiere decir que hayan terminado los compromisos con esas empresas, ya que el país está obligado a seguir entregando crudo a estas firmas hasta 2024.

Además, hay líneas de crédito con garantía de crudo, que no se consideran preventas, que aún se deben amortizar.

De todos los contratos firmados atados a la venta de crudo, actualmente están vigentes cinco.

El primer contrato de preventa se firmó en 2009, como una opción de financiamiento luego de que Ecuador se negara a pagar la deuda externa y, con ello, se le cerraran las puertas del mercado financiero internacional.

El único que estaba dispuesto a prestar al país en ese momento era China, pero exigió garantías en petróleo, financiamiento de corto plazo y altas tasas de interés. Estas van entre el 6 y 7,25%.

El régimen de Rafael Correa fue el que más utilizó estas figuras. En total, ese gobierno suscribió ocho contratos de preventa de petróleo y cinco líneas de crédito con garantía de crudo. Lo hizo de forma directa y sin concurso con Petrotailandia y las petroleras chinas Unipec y Petrochina.

Esas empresas entregaron a favor del Gobierno anticipos de preventas por US$ 10.200 millones y 7 970 millones en líneas de crédito, con plazos de cuatro a ocho años.

“Las tasas que cobran las empresas asiáticas por los anticipos de las preventas son dos y hasta tres veces más altas que las exigidas por multilaterales, que son del 2 y 3%; es decir, financieramente fueron muy malas operaciones para Ecuador”, enfatizó Fernando Santos, exministro de Energía.

Además, las operaciones están plagadas de denuncias de corrupción, como las develadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ese organismo ha enjuiciado a exfuncionarios, contratistas e intermediarios involucrados en un esquema de corrupción que funcionó en la estatal Petroecuador y que incluía el pago de tarifas a intermediarios, quienes ayudaron a ocultar un sistema de coimas.

Por ejemplo, el canadiense Raymond Kohut, exempleado de Gunvor, entregó detalles al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre cómo tres funcionarios ecuatorianos ayudaron, entre 2012 y 2019, a que Gunvor se quedara con petróleo que Petroecuador había entregado a compañías estatales asiáticas, a través de las preventas petroleras.

La Contraloría ha observado, además, que los precios que debían pagar las empresas asiáticas a Ecuador por el crudo ecuatoriano se fijaron sin sustento técnico.

La fórmula para fijar el precio del crudo nacional en estos acuerdos también contempla un “premio” por barril a favor de Petroecuador, pero este beneficio se fue reduciendo con los años. Empezó entre US$ 1,25 y 1,30 por barril y terminó en US$ 0,25.

Otro problema, según Santos, fue que estos contratos llegaron a comprometer una cantidad de petróleo mayor a la que disponía el Ecuador.

Por esta razón, por ejemplo, en 2019 se tuvo que renegociar el contrato con Petrotailandia.
La entrega de petróleo en ese acuerdo inicialmente vencía en 2022, pero se alargó hasta 2023 para poder cumplir con los embarques.

“Durante muchos años estos contratos restaron recursos económicos al Estado, apenas una pequeña parte del ingreso petrolero iba a la Caja Fiscal, el resto era para pagar las preventas. Ojalá no se vuelvan a repetir”, precisó Santos.

A esos contratos con las firmas asiáticas se sumó una preventa adicional con Shell en 2019, durante el régimen de Lenín Moreno, pero esa administración defendió que ese convenio era distinto a las preventas correístas, pues se ­ hizo “por licitación y en mejores condiciones”.

En 2020, Finanzas volvió a pedir a Petroecuador que firmara dos preventas de petróleo con firmas chinas para obtener un anticipo de US$ 2.000 millones, pero la estatal petrolera se negó y adujo que las operaciones generarían pérdidas de US$ 2 por barril.

Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, explicó que si bien han terminado las obligaciones financieras por preventas, aún hay créditos chinos por amortizar, parte de los cuales también tienen garantías petroleras.

La deuda con el país asiático fue de US$ 5.169 millones hasta julio pasado.