Días después de un contexto de violencia por los sucesos en Ayacucho y la paralización de actividades de Antamina, el presidente de la SNMPE, Raúl Jacob, explica en Perú21.TV el efecto que ha tenido esta convulsionada situaciónen el sector minero yen los ingresos para el país.

Además, adelanta que, de prosperar el pedido de facultades en materia tributaria que ha hecho el Ejecutivo al Parlamento, se podría ver afectada la competitividad de los proyectos y operaciones de esta industria.

- ¿Cuánto se ha perdido por el caos y la falta de control de los conflictos de parte del gobierno?

- En el caso de Las Bambas, por ejemplo, son más o menos US$15 millones por día que se pierden y las compañías están pagando más o menos la mitad de sus utilidades en diversos impuestos y regalías. Entonces, son US$7.5 millones que pierde el Estado peruano y eso afecta directamente a la recaudación del país.

Luego, en el corredor minero del sur, Las Bambas, que es el principal productor, ha perdido, en términos de producción, 365 días. Es decir, ha perdido un año completo de producción por distintos cortes que han ocurrido en los últimos años. Entonces ahí también tenemos un impacto importante en producción de cobre y los impuestos relacionados con esto.

- El corredor minero siempre está en problemas. A veces se detienen los conflictos, pero luego vuelven. ¿Qué es lo que realmente está pasando?

- El corredor minero representa, en el sur, el 40% de la producción y exportación de cobre del Perú. El cobre es la mitad de las exportaciones mineras y estas son casi un 60% de las exportaciones totales. Entonces, el corredor minero más Antamina representan un poco más de dos tercios de los envíos de cobre del Perú. Es algo muy sensible que está afectando macroeco-nómicamente al país que se empieza a reflejar en variables macroeconómicas como el
dólar.

Y el problema es que no encontramos una solución duradera. Lo que vemos son parches, como que estas dos semanas no va a haber problemas (…). No se está atacando la base del problema y no se está tocando esto de una forma que llegue a una solución definitiva.

- ¿Qué acciones esperan que tome el gobierno?

- Pedimos que haya una búsqueda más proactiva de generar un clima de paz. Y esto requiere la ausencia de violencia. Se tiene que tranquilizar toda la zona, tanto la zona de Antamina como del corredor minero del sur, de forma que nosotros podamos discutir, en un ambiente apropiado, temas relacionados con el desarrollo de las comunidades en las zonas de impacto del corredor minero y de Antamina.

- ¿Observa que haya proyectos u operaciones que puedan estar en riesgo por conflictos latentes, pero que de pronto están desarrollándose a menor escala?

- Aparte de Antamina, está Ushaqua, que es una operación de Buenaventura y está cerrada desde hace 15 días. Es una operación pequeña; por lo tanto, no es tan llamativo (…). Además tenemos una situación en Oyón, en Lima, luego en Cerro de Pasco, en Junín. Tenemos en el Cusco en dos o tres puntos y en el corredor minero del sur, donde ya es una constante que se “soluciona” y a la semana o dos semanas vuelven a presentarse problemas. Creo que lo que está pasando es que no se está dando una negociación con un esquema que permita encontrar una solución primero de corto plazo y luego ya de largo plazo.

¿Aproximadamente cuántos conflictos o situaciones de riesgo han observado ustedes?

En este momento no tengo el dato exacto, pero por lo menos son 10 conflictos de cierto nivel que estamos viendo en distintas zonas. Y me olvidé de comentar lo que está pasando en la selva, en lo que es el sector hidrocarburos, la Estación 5 de Petroperú está tomada desde hace casi un mes. Este caso es muy delicado porque es un activo del Estado peruano donde hay 70,000 barriles de petróleo almacenados que no pueden ser despachados a través del Oleoducto Norperuano hacia Talara.

- El Banco Central proyecta que la inversión minera crecería poco más de 8% en 2022. Debido al actual clima convulsionado, ¿tienen una estimación similar o menor?

- No, es más o menos coincidente en el sentido de que hay proyectos grandes que están en construcción y ya prácticamente se están terminado. Uno es Quellaveco, que está avanzando y que todavía tiene todo el próximo año para invertirse, y hay una posible expansión de Toromocho que también está encaminándose. Normalmente, uno debe tener como una cola de proyectos en distintos niveles de manera de que se mantenga un flujo de inversión, pero eso no lo estamos viendo a pesar de que las señales desde el mercado internacional son muy buenas porque los precios de los minerales que produce el Perú en general han subido.

Además, las perspectivas son buenas porque se está viendo que estos productos van a ser requeridos para la revolución de la energía verde: los automóviles eléctricos, la energía eólica, la energía solar, que consume en cantidades importantes cobre, en primer lugar, pero luego también zinc y plata; hay una buena base de soporte a los precios a largo plazo.

- En el mediano plazo, hasta 2025, hay un grupo de proyectos, entre ellos Michiquillay, que deberían iniciar su etapa de construcción en los próximos años. ¿Estamos hablando de un horizonte que se puede alcanzar o estamos siendo demasiado optimistas?

- Sí, es factible y quisiera explicar lo siguiente. En los diez últimos años, el sector minero ha invertido US$60,000 millones en total; de esas inversiones está viniendo la mayor recaudación, que está viendo el Gobierno en más de la mitad de los nuevos ingresos que tiene. ¿Qué tenemos para adelante? Hay 22 proyectos y 8 son los más avanzados, están en cola. Deberían empezar a moverse de proyectos más avanzados a menos avanzados.

- Las empresas ya trabajan en ellos…

- Las empresas a cargo siguen trabajando en la ingeniería, en la perforación, para ver qué calidad de mineral hay (…), pero hay un punto en el cual uno tiene que tocar la puerta de los bancos a nivel internacional para pedir financiamiento para el proyecto, conseguir que el directorio de la empresa apruebe la inversión y ahí es que uno empieza a moverse en un plano internacional y se comienza a competir con otros proyectos. Hay compañías que evalúan la carga tributaria de un país y dicen: “Mira, si en este país el Gobierno se lleva más de la mitad de los ingresos que genera el proyecto, no nos interesa”.

Ahí uno entra a jugar en la cancha grande y esto es importante porque el Perú, desde el punto de vista minero, está (compitiendo) en la Liga de Campeones. Nosotros jugamos contra países desarrollados como Canadá, Australia, Estados Unidos (…). Estamos jugando en esa liga y es importante mantener la competitividad, que tiene varios elementos: el tributario, desarrollar el proyecto, que no te estén bloqueando una semana sí y la otra no para efectos de tus operaciones.

- El ministro de Economía, Pedro Francke, dijo que se apunta a un incremento de impuestos a la minería (si el Congreso les otorga facultades para legislar en materia tributaria). ¿Qué pasaría si el Ejecutivo sube la carga impositiva?

- El gran riesgo es que se pierda la competitividad del país. En 2011 se hizo una reforma tributaria en el gobierno de Ollanta Húmala, que llevó al límite la competitividad tributaria de Perú. Hicieron un esquema que permite que se sigan haciendo inversiones, pero estamos en el límite desde el punto de vista de lo que pueden contribuir las empresas sin perder competitividad. Acá regreso a mi comentario de que estamos en la Liga de Campeones, pues Australia, EE.UU. y Canadá tienen cargas tributarias sustantivamente menores que la actual de Perú. Si uno mira los últimos 10 años, en Perú, según la muestra de empresas de la SNMPE, que representa 75% del PBI minero, se ha pagado 46% del total de utilidades. Canadá está en 35%, más o menos, y en EE.UU. es menor. En Australia también es menos de 40%. Nosotros hemos estado en 46% con los precios de la década pasada; con los precios de hoy, este 2021 vamos a triplicar el pago de impuestos.

- Entonces, ¿El Congreso debería dar o no las facultades en materia legislativa para legislar en materia tributaria?

- En lo que se refiere al sector minero, nosotros consideramos que este sector ha sido llevado al límite de su capacidad de contribuir fiscalmente. Se está viendo este año que estamos pagando tres veces más impuestos de lo que se pagó en 2020 y 2.5 veces más de lo que se pagó en 2019. Ya hay una contribución. Esos fondos, cuando uno analiza su ejecución, no se gastan completamente.

- ¿Qué sugiere?

- Mi sugerencia particular es que el Ejecutivo pueda enfocarse más en mejorar la calidad del gasto que en pensar en aumentar la carga tributaria a las compañías mineras y a otras actividades, porque también se está planteando subir impuestos a los dividendos, a los alquileres. Sería preferible un enfoque hacia la calidad del gasto, más que a aumentar la presión sobre los que ya están contribuyendo al erario nacional.

YOUTUBE SNMPE:¿EN QUE SE GASTAN LOS APORTES DE LA MINERÍA FORMAL?