Gonzalo Castañeda Nordmann, especialista en derecho minero, abordó con especial interés las distintas regulaciones que rigen en el país sobre la temática, a las que recopiló en el libro de pronta publicación “Normativa minera y reflexiones indispensables”.

El trabajo incluye también consideraciones acerca de temas como dominio y jurisdicción, mujer minera, higiene y seguridad, régimen laboral y litio, entre otros.

El dominio de los recursos mineros (y los recursos naturales en general) corresponde a las provincias. No hay medias tintas en ese sentido en la Constitución Nacional. Esto marca diferencias en el control y la promoción de la minería y suele definir, además de la disposición de los recursos, dónde terminan las inversiones para desarrollar la actividad.

"Hay que agilizar y modernizar todos los trámites”, consideró Castañeda Nordmann en diálogo con El Tribuno. Es relevante la postura porque la fundamenta desde su experiencia: fue director general de Minería de la Provincia y fundó, hace dos años y medio, el Instituto de Derecho Minero del Colegio de Abogados de Salta.

- ¿Cuál es la realidad nacional sobre las normativas minera?

- Creo que las pocas provincias que se han vuelto prohibicionistas no saben la oportunidad perdida. El recurso es de las provincias, distinto a lo que es Chile, por ejemplo, donde el recurso minero está centralizado en una sola autoridad y en Argentina tenemos 24 autoridades o jurisdicciones. Muchas provincias han tomado decisiones demagogas y sin sustento científico de prohibir la actividad de manera directa o indirecta, y otros distritos por el contrario la fomentan, como Salta.

Creo, sin embargo, que hay que actualizar la normativa tanto a nacional como provincial. Por darte un ejemplo, las mujeres casadas no pueden adquirir minas, cosas así de extrañas tiene el Código de Minería; otro ejemplo es el de la investigación geológica desde aeronaves, que hoy con el Google Earth ya se puede suplir. La desactualización de los valores del canon minero y un engorroso entramado de normas para adquirir la mina, que debiera modernizarse, simplificarse y digitalizarse. Tenemos Códigos que no están adaptados a la época, a las nuevas tecnologías y a las necesidades del minero.

- ¿Y en Salta?

- En Salta, a nivel normativo creo que lo que hay que hacer son tres cambios fundamentales. Vengo de la Secretaría de Minería, conozco y trabajamos en ese sentido con proyectos que en algunos casos tuvimos éxito en sacarlos por decreto o ley, por ejemplo la ley de promoción minera, que fue un proyecto que inicié y tuvo apoyo, y otros no tanto.

Un cambio que se debe implementar es la unificación y simplificación del régimen sobre los estudios de impacto ambiental, porque hay muchas resoluciones dando vueltas y muchas de ellas se contradicen y por ahí se exige lo mismo al que tiene una cantera de áridos que al que tiene un proyecto para extraer oro. Esto no es desmedro del cuidado del medio ambiente sino al contrario.

Así como una actualización y unificación de la normativa de áridos, porque hay muchas normas que en algún momento se tendrían que actualizar para promover esa actividad y evitar la extracción furtiva. Hoy en día para tener una cantera de áridos el trámite puede demorar entre cinco a diez años. Hay situaciones que cuando uno las conoce sabe que se tiene que flexibilizar en algunos lugares y en otros ordenarlas un poco mejor. Tiene que haber voluntad de cambio y hacer participar a los que puedan sumar.

El tercer cambio tiene que ser en el código de procedimientos mineros, que debería actualizarse y digitalizarse. Apuntar a una concesión más ágil, y una propiedad minera inscripta en un sistema digital de folio real parecido al de la propiedad inmueble o mejor. Hay artículos que sabemos que si se retocan muchas cosas cambian para mejor.

- ¿Apunta a agilizar los trámites?

- Totalmente. El Código de Minería lo que procura es básicamente que haya minería y que no se detenga la actividad. Es decir, promueve la actividad fuertemente, pero sucede que cuando se pide una mina hay trámites que pueden demorar años entre idas y vueltas de papeles e informes y en eso debe haber una simplificación, porque, en definitiva, es un trámite formal, el eje de la actividad no está en la concesión en sí de la mina sino en el cumplimiento de las inversiones y el cuidado ambiental.

He visto casos de minas que se liberaron en 2013 y por temas de trámites que hay que hacer en el medio se terminó liberando cerca de 2020. Y esos son años perdidos de poder producir porque no están disponibles. Entonces lo que hay que hacer es agilizar y modernizar todos los trámites y hacerlos sencillos para la comprensión del minero, hasta el más artesanal.

- ¿Hasta dónde pueden llegar los municipios normativamente en la actividad minera?

- Hay dos temas que hay que distinguir. En lo que es áridos, que es una sustancia de tercera categoría, la Secretaría de Minería suele celebrar convenios de colaboración con los municipios para que se haga un control dual de las canteras. Con el resto de las sustancias la única facultad que les queda a los municipios es hacer el control de higiene y seguridad, nada más.

Ahí todas las competencias de control minero ambiental las tiene por ley la Provincia. Muchos municipios tienen ese exabrupto de querer prohibir o limitar la actividad minera cuando no lo pueden hacer, so pena de violar la ley y quedar en ridículo. Lo único que pueden hacer son los controles de higiene y seguridad, sobre los que algunos municipios cobran una tasa, que llega a ser exorbitante e irracional en muchos casos.

- ¿Cuánto tiene que ver la parte normativa en el exponencial crecimiento de la actividad minera en San Juan?

- San Juan lo que tiene es que tuvo muchos años de exploración y eso derivó en que haya proyectos que estén en fase de explotación hoy en día. Salta necesita aumentar la exploración minera, porque si no se explora hoy, en 10 o 15 años no tenés minas y si explorás hoy en 15 o 20 años habrá nuevas minas. De hecho el proyecto Lindero, que es la primera mina metalífera de oro que tiene Salta, es un proyecto que llevó unos 25 años de exploración e investigación, con las reglas que se pusieron hace 25 años para fomentar la exploración. San Juan es una provincia que fue muy exploradora; Salta lo fue también, pero en menor medida. No alcanza con tener el potencial geológico, con tener el mineral, si a la par las normas y políticas nacionales y provinciales no acompañan y hacen que suceda. 

- ¿Cómo es el caso de Jujuy, donde hay una regulación especial en lo que respecta a las comunidades originarias y la minería?

- Lo que tiene Jujuy distinto de Salta es que titularizó la propiedad a nombre de las comunidades. Es decir, le dieron la propiedad dominial de la superficie a las comunidades. Entonces las comunidades allí se paran con otro derecho, ya no con un derecho indiviso o difuso, que no saben muy bien cuál es su propiedad comunitaria, se paran a negociar de otras formas. Las comunidades de Jujuy piden dos cosas siempre ante la actividad minera: la consulta previa, libre e informada, que está prevista en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (el más importante instrumento internacional que garantiza los derechos indígenas) y también piden una participación de los beneficios de la actividad, que muchas empresas lo hacen a través del pago de un monto dinerario que considero que no corresponde o bien a través de generar empleo en la comunidad, entre otros, pero mayormente la minera paga un canon por el uso de la superficie.

El mejor beneficio que puede tener mayor sociedad ante cualquier inversión es la generación de trabajo, contratación de proveedores locales, y que los aportes tributarios retornen al lugar de producción, que son las provincias. Creo que si la Ley le reconoce un derecho a las comunidades originarias el mismo tratamiento habría que darle a las que no se consideren originarias, por un principio constitucional de igualdad ante la Ley y que no existan prerrogativas de sangre ni de nacimiento. 

- Y en el caso del litio hay una participación del Estado jujeño ya como socio de las explotaciones que allí se realizan...

- La participación de JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) es como un socio estratégico que tiene el Estado dentro de los proyectos, básicamente. En Salta no se hizo de esa manera, en Salta la empresa estatal, Remsa, no es socia, aunque podría asociarse como cualquier empresa privada que se une a otra para encarar inversiones.

Lo podría hacer porque en el juego de los privados Remsa podría jugar de igual manera, ser un socio más, aportando capital, industria, tecnología, etc. Por ahí estaría bueno que Remsa se asocie con otras empresas para invertir en ciertos proyectos. También veo un hueco donde Remsa podría entrar, con una división de extracción de áridos, para contribuir a la obra pública o privada y abaratar los costos.

- Sobre el Salar del Hombre Muerto, ¿se puede decir que ya está superada la disputa limítrofe entre Salta y Catamarca en esa zona?

- No está solucionada, pero sí creo que hubo un avance fuerte. En una zona de conflicto limítrofe las provincias tienen tres opciones, de las que dos son extremas, como ir a una especie de conflicto político-jurídico-bélico te diría, que casi sucede años atrás cuando Catamarca ponía policías armados y Salta quería hacer lo mismo y se estaba a punto de entrar en un confrontamiento. El otro extremo sería no hacer nada, una pasividad absoluta de las provincias. Ambos extremos son malos, porque si sos pasivo del otro lado avanzan sobre la soberanía provincial, pero si sos bélico tampoco vas a solucionar nada.

La solución la tiene el Congreso con el dictado de una ley. El punto medio, es lo que siempre se propuso a los gobernadores, es que se haga un acuerdo paraguas hasta que el Congreso resuelva y delimite la zona. Es decir que se hagan acuerdos paraguas para cada proyecto minero, para darle seguridad jurídica y previsibilidad a las empresas, porque no queden sometidas a doble tributación, doble control minero ambiental y estar en el medio de una pelea de soberanía interprovincial.

En eso es lo que se está avanzando ahora. La solución definitiva para que se determinen los límites es que ambas provincias lleven un proyecto de ley consensuado y le digan al Congreso que se pusieron de acuerdo con los límites. Obviamente eso será después de una negociación. Igual creo que hay un excelente diálogo entre las provincias.

Nunca hubo este diálogo en gestiones anteriores. Se habla mucho con la región minera del litio, sobre el compromiso de ir adelante y dejar de lado los conflictos limítrofes. Eso es positivo para darle una señal de seguridad a las empresas, pero no hay que aflojar con la defensa de nuestra soberanía limítrofe, ya que la historia da cuenta de los derechos indiscutibles de Salta.