Guillermo Shinno, gerente general de la mina Apumayo, afirmó que manifestantes antimineros invadieron el campamento y quemaron las oficinas administrativas, "algunos vehículos" y parte de la infraestructura del lugar.

"La protesta había comenzado el jueves acusando a la empresa de daños ambientales. Un pequeño grupo ingresó al campamento y se llevaron material explosivo. Quemaron las instalaciones. Hubo algunos heridos", dijo Shinno.

Apumayo produce unas 50.000 onzas de oro al año y que cumple las leyes de cuidado del medio ambiente.

El incidente dejó 10 personas heridas en las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara. También se indicó que en caso los componentes mineros no funcionen adecuadamente.

La minera destacó que los daños en la mina han generado graves riesgos como la alta probabilidad de derrame de solución cianurada, derrame de aguas ácidas, descarga de efluentes industriales sin tratamiento. La empresa ha comunicado que también existe la alta probabilidad de descarga de efluentes industriales sin tratamiento.

La institución se comunicó con los directores de las redes de Salud de Coracora y Lucanas – Puquio, a fin de verificar la atención brindada a las personas heridas. “Se informó, posteriormente, que se trasladó a 10 personas heridas hacia el Hospital de Apoyo de Coracora donde vienen siendo atendidas”, indicó la Defensoría del Pueblo

EL COMUNICADO DE APUMAYO

EL CIERRE DE ANTAMINA

La mina peruana Antamina, uno de los mayores yacimientos mundiales de cobre y controlada por BHP Billiton, Glencore, Teck y Mitsubishi, suspendió sus operaciones el domingo por un paro campesino que bloquea una de sus rutas.

Del yacimiento Antamina se extrae cobre, plata y zinc a una altitud de 4.300 metros respecto al nivel del mar. 

La empresa exhortó al gobierno "a restablecer el orden" para retomar el diálogo entre las partes, e indicó que mientras "estas condiciones no se alcancen, no podemos seguir operando".

La suspensión de operaciones se produce luego de dos violentas protestas contra otras dos mineras en Ayacucho, al sur de Perú, donde el jueves y viernes se quemaron y saquearon sus campamentos.

La comunidad campesina del distrito de Aquia, vecina al yacimiento, denuncia que Antamina "usurpó terrenos" que le pertenecen y reclama mejores condiciones sociales.

Bajo los terrenos en cuestión, Antamina construyó un mineroducto subterráneo para transportar el mineral. Los campesinos bloquean la ruta por donde pasa ese ducto impidiendo el paso desde hace una semana.

La minera justifica la suspensión por el riesgo potencial de una deriva violentista de la protesta tras acusar recibo de amenazas en medio del fracaso del diálogo con los campesinos de la comunidad de Aquia.

La minera teme ataques a sus instalaciones "mediante incendio y entorpecimiento de vías de comunicación y delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios".

El ministerio del Interior anunció de su lado "su compromiso de seguir manteniendo el orden público con pleno respeto a los derechos fundamentales y la paz social", en un comunicado difundido la noche del domingo.

Los campesinos han pedido la presencia del presidente izquierdista Pedro Castillo para solucionar el conflicto.

Antamina es una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de producción y es la mayor mina de cobre del Perú, según la empresa

EL COMUNICADO DE ANTAMINA

Suspendemos nuestras operaciones 

+ Porque nada es más importante que la tranquilidad y seguridad de las personas.

+ Porque creemos que sin comunicación y paz social no puede haber entendimiento.

+ Porque queremos darle al Gobierno la tranquilidad para que pueda poner orden y restablecer el camino del diálogo y el desarrollo, sin presiones ni violencia.

Para Antamina la seguridad, vida y salud de las personas son asuntos de suma importancia. Creemos que no existen garantías para desarrollar nuestras labores productivas o para seguir trabajando en los proyectos y obras por el desarrollo en nuestra área de influencia operativa.

Durante los últimos días hemos apelado al diálogo y la búsqueda de entendimiento. Hemos manifestado nuestra disposición a escuchar, atender inquietudes y contestar consultas. Hemos tendido la mano en busca de acuerdos y nos han respondido con falsos señalamientos. Más preocupante aún, hemos sido objeto de acciones violentas y recibido veladas amenazas de generar más violencia; todo esto mientras se anuncian supuestas “alianzas” entre malos dirigentes para seguir generando alteraciones de la paz social.

No queremos esperar a que ocurran hechos que pongan en riesgo la integridad física de nadie. Tampoco que se registren incursiones que afecten los bienes de terceros o nuestras instalaciones. Se trata de riesgos que sentimos latentes y que configuran infracciones de orden penal intolerables en un Estado de Derecho, tales como delitos contra la seguridad pública en las modalidades de peligro común, mediante incendio y de entorpecimiento de vías de comunicación y delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios.  

El país no necesita de violencia. El Perú necesita seguir avanzando. Pensamos que es necesario que el Gobierno y sus autoridades actúen para restablecer el orden y las condiciones necesarias para volver a esa dinámica de diálogo y entendimiento que es la que siempre permitió el impulso de obras y proyectos para el desarrollo en Ancash durante los últimos 20 años.

Mientras estas condiciones no se alcancen, no podemos seguir operando. La seguridad, la vida y la salud de todos, sin excepción, es lo más importante para Antamina.

SNMPE: URGE ACCIÓN DEL GOBIERNO FRENTE A ESPIRAL DE VIOLENCIA CONTRA SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

Gremio condena ataque a campamento minero en Ayacucho La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) hizo un llamado urgente para que el Gobierno haga primar el Estado de Derecho frente la ola de violencia que se viene dando contra operaciones mineras y de hidrocarburos en diversas regiones del país, garantizando la seguridad de los trabajadores y la institucionalidad que resguarda el cuidado ambiental.

“Lo que hemos visto en los últimos días es una violencia inadmisible: Cientos de personas invadiendo e incendiando instalaciones, destruyendo maquinaria, robando explosivos y poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores”, señaló el director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, tras condenar el ataque al campamento de la empresa minera aurífera Apumayo en Ayacucho.

En muchas de estas acciones violentas -indicó- los manifestantes reclaman medidas restrictivas para la minería en las llamadas cabeceras de cuenca, desconociendo que estos espacios ya tienen un régimen especial de protección, dado en la Ley de Recursos Hídricos. “Recientemente se han aprobado una serie de disposiciones para atender de manera especial la posible vulnerabilidad de estas zonas, pero sin prohibir actividades formales que cuentan con estudios ambientales autorizados.

Además, en todos los casos, se trata de operaciones mineras que están permanentemente bajo el escrutinio de los organismos de fiscalización como OEFA y Osinergmin”, comentó. En las últimas semanas -anotó- se han registrado bloqueos de vías, además de tomas de operaciones mineras y petroleras, sin que el Gobierno se haga cargo de restablecer el orden y propicie el necesario diálogo. “Vemos una intolerable vulneración del Estado de Derecho que pone en gran riesgo la vida de los trabajadores y la población, así como a la propiedad pública y privada”, añadió.

A la toma de la Estación 5 de Petroperú, que ya lleva más de 27días ocupada ilegalmente, -indicó- se sumaron los constantes bloqueos en el Corredor Vial Sur, en la provincia de Cotabambas, que causaron importantes pérdidas de producción afectando a la industria minera nacional. Además, -detalló- existe una permanente amenaza de toma de operaciones o de carreteras en Oyón (Lima), Chumbivilcas y Espinar en Cusco, en Aquia de la provincia de Bolognesi (Ancash), Pasco, y en Melgar (Puno), que finalmente pueden resultar en actos delictivos como los registrados en Ayacucho.

“Lo que se busca con los bloqueos y acciones de hostigamiento, es paralizar las operaciones minero energéticas, provocando un gran perjuicio a la economía regional y nacional, en momentos en que todos debemos sumar esfuerzos para lograr la reactivación productiva del país”, subrayó.

La SNMPE considera necesario que el gobierno actúe de manera inmediata para levantar los bloqueos de carreteras y asegurar el respeto al Estado de Derecho, impidiendo acciones violentas como las ocurridas en Ayacucho que atentan contra la institucionalidad y convivencia democrática

VÁSQUEZ: "HACERNOS CARGO". ALVA: LLAMADO DE ATENCIÓN AL EJECUTIVO

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, habló sobre los enfrentamientos entre los pobladores de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarasara y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a la actividad minera en dicha región, lo cual devino en el incendio de un campamento de la empresa Apumayo, ubicado en las alturas de Sancos, según informó Coracora TV.

“Lamento que los conflictos hayan llegado a este nivel, que hayan escalado tanto que en este momento y que tengamos situaciones que lamentar de daños que se han producido. Las demandas no son nuevas, son de muchos años que han estado planteándose”, manifestó Vásquez durante una entrevista en Canal N.

De igual manera, Mirtha Vásquez mencionó que por un lado “se debe entender el hartazgo de la gente que ha sentido, por un lado, la desprotección y desatención del Estado y, por otro lado, la desatención por parte de las propias empresas”.

“Los actores tenemos que ser hacernos cargo de las responsabilidades y la empresa también. Esto ha llegado a estos niveles por los malos abordajes de este conflicto y porque algunos actores no han querido reconocer la responsabilidad que tienen en atender las preocupaciones de la población”, aseveró.

A través de su cuenta de Twitter, la titular del Parlamento, María Carmen Alva señaló que “la paralización de proyectos mineros es un llamado de atención al Ejecutivo”.

“El país debe seguir apostando por una minería responsable y el gobierno debe garantizar las inversiones. La paralización de proyectos mineros es un llamado de atención al Ejecutivo. La demagogia no debe llegar al extremo de poner en riesgo la seguridad y vida de los ciudadanos”, manifestó.

Shinno (Apumayo): Cómo fue el conflicto en el campamento