El Ejecutivo presentó un proyecto de ley, con el que solicita la delegación de facultades para poder legislar en materia tributaria, fiscal y de reactivación económica.
Dicho proyecto fue enviado a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, con la finalidad que la propuesta sea sometida a votación en el Pleno.
QUÉ PRETENDE EL PROYECTO
Con esta medida, el Poder Ejecutivo busca que el Legislativo le otorgue el poder para establecer leyes en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, por un plazo de 120 días calendario.
Según indica el Ejecutivo, el objetivo de este proyecto de ley sería fortalecer la actuación del Gobierno en gestión económica y tributaria, «para contribuir al cierre de brechas sociales prioritarias para el acceso a los programas y/o servicios públicos que brinda el Estado».
En materia tributaria, el Gobierno plantea aumentar la recaudación de impuestos ampliando la base tributaria, modificando tasas impositivas, simplificando los procesos de control y recaudación, y la racionalización de beneficios tributarios.
Asimismo, se propone la modificación de diferentes aspectos de la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, y la Ley de Tributación Municipal.
Por otro lado, se pretende cambiar el régimen fiscal minero con la finalidad de «reflejar de manera más adecuada los beneficios derivados de la actividad minera».
En caso de que este proyecto presentado por el Ejecutivo sea aprobado, la ley entraría en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
Otro aspecto que se busca con esta medida es que se modificaría el Código Tributario para lograr optimizar las facultades de fiscalización de la Sunat.
Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá informar a la Comisión de Presupuesto del Congreso acerca de las transferencias realizadas con cargo a la incorporación de los recursos provenientes de la mayor recaudación tributaria, en un plazo máximo de 45 días calendario, después del cierre del año fiscal 2022, destacó Expreso.
A QUÉ APUNTA EN MINERÍA
Para ello, se plantea perfeccionar el régimen fiscal minero, modificando la Ley de Regalía Minera (Ley N ° 28258); la Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (Ley N ° 29789) y la Ley que establece el marco legal del Gravamen Especial a la Minería (Ley N ° 29790) y normativa complementaria, estableciendo montos mínimos en su determinación, modificando los tramos de margen operativo, aumento de las tasas marginales y modificando los conceptos implicados en la determinación de la utilidad operativa.
El proyecto indica que a partir del 2011 se estableció un régimen fiscal de la minería compuesto por la Regalía Minera (RM), el Impuesto Especial a la Minería (lEM) y el Gravamen Especial a la Minería (GEM), con tasas progresivas acumulativas que gravan la utilidad operativa.
“Con la finalidad de incrementar la recaudación en un escenario de alza del precio internacional de los recursos minerales, resulta necesario perfeccionar el régimen fiscal de la minería con el objetivo de incrementar su progresividad, respetando la naturaleza jurídica de los ingresos y sin afectar la rentabilidad de las inversiones y la competitividad del sector en el largo plazo ”, señala la propuesta.
Gestión resaltó las tres propuestas de Castillo para la minería:
+Regular los montos mínimos para su determinación, modificando los tramos de margen operativo y aumento de las tasas marginales.
+Perfeccionar la determinación de la utilidad operativa, modificando los conceptos que integran el costo de ventas y los gastos operativos, así como revisando la deducibilidad del monto efectivamente pagado por concepto de Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería, para efectos del Impuesto a la Renta, a fin de evitar deducciones cruzadas en la tributación minera.
+Modificar los beneficios que ofrecen los contratos de garantías previstos en la Ley General de Minería, tales como la depreciación para aquellos activos fijos utilizados en proyectos cubiertos bajo dichas garantías.
El proyecto de ley indica que las modificaciones propuestas no afectarían a la competitividad del sector, considerando que otros países mineros tienen cargas fiscales superiores a las aplicables en el Perú, lo que evidencia que existe espacio para incrementarlas.
Perú tiene una de las proporciones de impuestos/PIB más bajas de América Latina, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En el país andino operan firmas globales como Freeport McMoRan, MMG Ltd, Aluminum Corp, Newmont Corp, Barrick Gold y Southern Copper del Grupo México, entre otras.
Además, varias firmas extranjeras tienen contratos de estabilidad tributaria por sus operaciones en Perú como las chinas MMG y Aluminum de Chinalco; y la gigante Anglo American que desarrolla la mina Quellaveco para comenzar a producir recién desde el 2022. La minería representa el 60% de las exportaciones de Perú.
MIRADA TRIBUTARISTA
El tributarista Jorge Picón manifestó a este diario que es “peligroso” que el Congreso acepte este pedido, pues consideró que es mejor que una reforma se debata en el Parlamento y con la participación de gremios, especialistas, el gobierno, entre otros.
“El Ejecutivo no presenta capacidad técnica para llevar a cabo los cambios y no tienen ninguna vocación de coordinar con nadie. Sería peligroso darle facultades”, aseveró.
Uno de los riesgos que se corre, expresó, es que se coloquen obligaciones que “puedan desincentivar las inversiones y la generación de empleo”.
Por su parte, la también tributarista Rocío Liu explicó que por tratarse de una reforma lo mejor sería que se haga a través de una ley debatida y aprobada en el Parlamento.
“Es usual que se pida facultades en materia tributaria, pero tienen que especificar para qué materias las solicitan”, resaltó.
Indicó que el Legislativo puede poner algunos límites a la solicitud del Ejecutivo y señaló que si acceden al pedido, corresponde que realicen un control para determinar si efectivamente se está cumpliendo, informó Perú21
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