El Gobierno, a través del Ministerio de Minería, abrió una licitación nacional e internacional para "buscar socios estratégicos que inicien las actividades de exploración, explotación y comercialización de nuevos yacimientos de litio en el país".

De acuerdo al llamado del ministerio, se "licitarán Contratos Especiales de Operación para poder explorar, explotar y comercializar litio por el equivalente a cinco cuotas de 80 mil toneladas de litio metálico cada una", es decir, 400 mil toneladas en total.

"El aumento de la demanda mundial de litio y el desafío global de fomentar nuevas tecnologías que ayuden a combatir el cambio climático y migrar a energías más limpias, representan la oportunidad de incrementar el desarrollo de la industria del litio en Chile y fortalecer su posición estratégica, que aporten beneficios al país y a sus habitantes", añaden.

El 17 de diciembre concluye el periodo de recepción de ofertas, mientras que el 14 de enero del 2022 se publicarán los resultados de la licitación.

Como una excelente medida calificó el Presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, el anuncio realizado por el Ministerio de Minería sobre la norma que incentiva la exploración y explotación de litio en el país, abierto a inversionistas nacionales y extranjeros.

“Esta iniciativa permitirá activar un mercado que a nivel internacional es muy potente, por cuanto el litio es y será requerido para diversas actividades como la electromovilidad; tecnologías que aporten a disminuir los efectos del cambio climático, entre otros”, aseveró Manuel Viera.

Agregó que también será un aporte a la economía nacional y regional. “Todo proyecto que permita reactivar la economía es bienvenido. Más aún si pensamos que cualquier proyecto, especialmente minero, requerirá mano de obra; esperamos que opten por lo local; en las diversas etapas de desarrollo, desde la ingeniería de los proyectos hasta la operación. Además, de las actividades propias de las comunidades locales”, afirmó.

Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades y a las empresas que apuesten por hacerse parte de esta alternativa que piensen en agregarle valor al litio. “Es trascendente que pensemos en industrializar el litio, darle valor agregado, no tengamos miedo en desarrollar fábricas y contribuir al desarrollo científico-tecnológico que tanta falta le hace al país. Insistimos en mejorar las políticas públicas que fortalezcan la minería, “industrializar el litio ya no es opción es una obligación país”, indicó.

Agregó que, “además debemos preguntarnos por qué han fracasado las distintas licitaciones del pasado y sacar lecciones aprendidas para no volver a repetir errores. Lograr exportar no solo el mineral, sino que podríamos pensar en baterías y otros elementos que darían mayor rédito a quien lo haga como al país y de esta forma daremos un paso más en la minería nacional”, explicó.
El Presidente de la Cámara Minera de Chile celebró la noticia e indicó que es importante no ser tan restrictivo con los alcances de la licitación, por ejemplo, con el aumento de cuota que se informó, e hizo un llamado a hacer bien las cosas por el bien del país, y así le darle dignidad al planeta, a nuestra sociedad y al país entero.

CRÍTICAS

El convencional Daniel Stingo, junto al abogado Julio Salas, denunciara que el Ejecutivo habría acelerado este proceso para afectar al proceso constituyente, como lo explicó el propio Salas, en conversación con nuestro medio.

“Se trata de un proceso que ha sido evidentemente poco transparente en términos de su publicidad y que busca cercenar las competencias tanto del Poder Constituyente como del Legislativo futuro”.

La Constitución del 80 establece que el Estado tiene el dominio de las arenas metalíferas, de los salares, pero, según indica el abogado y magister en Políticas Públicas, ésta es una definición declarativa porque basta la sola firma del ministro de Minería para entregar a privados concesiones administrativas. Y, de acuerdo con lo que señala el letrado, eso es lo que hizo el Ministerio de Minería en este caso, destacó Radio U

“Al removerse el rol subsidiario del Estado, este cambio posibilita que el Estado pueda desarrollar algunas actividades consideradas estratégicas, como la explotación directa. De producirse ese cambio en una nueva Constitución, el próximo congreso tendría plena facultades para crear una empresa nacional del litio y los efectos de eso para el desarrollo del país son comparables a los que tiene Codelco”.

Sobre el proceso anunciado por el Gobierno, el diputado Daniel Núñez (PC) se mostró crítico.

“Vamos a buscar todos los mecanismos legales para oponernos a esta licitación, la que además hecha de forma como se está proponiendo a destajo, solo apuntando a la mayor extracción sin incorporación de valor agregado, pone en riesgo la sustentabilidad ambiental de los salares”, dijo en conversación con Radio ADN.

El legislador agregó que la licitación “refleja la absoluta desesperación porque saben que estas son las últimas semanas que tiene la derecha de Gobierno en Chile. Esto apunta a la privatización y desnacionalización de otra riqueza mineral más del país”.

Dado que el plazo de la concesión es de 29 años, el abogado y candidato a diputado plantea que esta concesión debe ser suspendida, ya que estamos en medio de un proceso constituyente, por lo que comprometer un convenio con esa cantidad de tiempo puede conducir a que el Estado deba responder por el incumplimiento de las condiciones de la licitación pactada con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo pacto social.

“Es discutible que, dado que este gobierno está por terminar, se realicen estas definiciones de última hora sobre políticas públicas que generan un alto impacto. En este caso es doblemente grave porque sabemos que en la Convención se van a discutir estos temas y, además, porque los resultados de esta licitación se resolverán el 14 de enero de 2022, cuando ya habrá un nuevo jefe de Estado electo. Uno esperaría que el ministro Jobet tenga la decencia de bajar la licitación porque resulta completamente impresentable, sabiendo además el inversionista nacional o extranjero que participe de esta licitación que lo más probable es que haya una modificación sustantiva en las reglas del juego, por lo tanto, esta licitación no es del litio, sino de un vale vista para el cobro de una indemnización para el privado cuando se cambie la normativa respecto del rol del Estado subsidiario que viabilice la explotación del litio a través de una empresa pública”.

Consultado sobre si esta decisión del Ejecutivo podría responder a una forma de incentivar la inversión en orden a apurar la reactivación y paliar los efectos económicos que ha dejado la pandemia, Salas indicó que dados los plazos iniciados en la licitación, tampoco es posible entender este proceso en ese sentido.

“El pago por la extracción solo se da a medida que va sucediendo la extracción, por lo tanto, esto no inyecta recursos al erario público de manera urgente. No hay forma de vincular esto a un esfuerzo de reactivación post pandemia. Esto, más bien, es un intento de amarrar un negocio, porque el ministro y el Presidente saben que es posible que la Constituyente modifique la capacidad del Estado de disponer privativamente de los recursos”.

“Lo que también saben es que quien se adjudique la licitación, podrá obtener una indemnización por no haber podido explotar el litio”, enfatizó.

La diputada Daniela Ciccardini solicitó a la Contraloría General de la República un informe respecto de la situación de la licitación. En ese sentido, Salas señaló que lo que está en discusión no es la legalidad del llamado, ya que el proceso está ajustado tanto a la Constitución vigente como a las leyes. El problema es que desconoce que hay un proceso de cambio en desarrollo y que las condiciones pueden cambiar.

“A veces destinamos mucho tiempo a hablar de las amenazas de forma que tiene el proceso constituyente, pero este tipo de decisiones son amenazas de fondo, porque apunta a extraer de la competencia del proceso constituyente una materia y dejarla resuelta para que no se pueda abordar posteriormente o que, de abordarse, implicará el pago de una indemnización por parte del Estado y eso es algo que, francamente, parece una colusión para la obtención de recursos de manera poco transparente”.

El abogado se refirió también a la discusión recurrente respecto del cambio de modelo de desarrollo que se viene dando incluso desde antes de iniciado el proceso de redacción de un proyecto de nueva Constitución.

“Este cambio consiste justamente en agregar valor en aquellos bienes en los que el país tiene alguna ventaja de explotación. La forma en que se desarrollaron países como Finlandia o Suecia fue a partir de este enfoque, a partir de recursos que eran significativos en esos países, se agregó valor y se construyó un nuevo modelo de desarrollo que los llevó a ser ejemplo de estabilidad democrática. Esos países hicieron el cambio de enfoque cuando eran más pobres de lo que es Chile hoy y, por lo tanto, es perfectamente posible repensar las reglas del juego en que se conducirá la economía chilena”.

En cuanto al oficio enviado por la diputada Ciccardini al Contralor en el que señala que los términos de la licitación parecen apuntar a que sea adjudicada por una empresa específica: SQM. El abogado, sin embargo, explicó que es posible suponer que, luego de saber la influencia de esa empresa en el sistema político, haya alguna cooptación de autoridades públicas.

“Pero hay que hacer la salvedad que la licitación establece que las 400 mil toneladas de litio metálico comercializable estarán divididas en cinco cuotas individuales de 80 mil toneladas y que ningún adjudicatario podrá recibir más de dos cuotas, por tanto, debería haber al menos tres adjudicatarios beneficiados. Lo más probable es que ellos no terminen extrayendo ni un gramo de litio de los salares de Chile, sino que adquirirán un crédito cobrable una vez que se cambie la normativa. Si el Ministro baja la licitación, dejará de obligar al Estado de Chile a indemnizar por algo completamente predecible”, concluyó el profesional.