ISAAC VÁSQUEZ TELLO

En América Latina, las petroleras estatales pueden ser multifacéticas. Pueden ser una caja chica, una agencia de empleos o, si el discurso del gobierno de turno lo requiere, una importante empresa pública de un “sector estratégico”.

Eso es lo que han dejado observar los casos de compañías como Petrobras (Brasil), Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Si algo comparten estas empresas petroleras es que fueron tomadas por gobiernos populistas de izquierda que a lo largo de sus gestiones terminaron usándolas para fines políticos y las dejaron deterioradas. ¿Qué llevó a estas compañías a terminar con abultadas planillas o con reducidos niveles de producción y qué tan factible es que algo similar suceda con Petroperú?

El caso PDVSA

La historia más emblemática de una estrella opacada en la región es la de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal fundada en 1976 que a mitad de los 90 era uno de los principales referentes de la industria petrolera a nivel mundial.

Sus más de 2.5 millones de barriles de petróleo por día (bdp) en 1994 le permitían medirse, por aquellos años, con Aramco, la gigante petrolera de Arabia Saudita. La producción de la venezolana llegó a superar los 3.2 millones de bdp en 1998 hasta antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Luego, la producción de la empresa atravesó vaivenes que incluso la llevaron a producir 3.2 millones de bdp en 2008, gracias a la demanda internacional y los altos precios.

Sin embargo, aquellos años de bonanza terminaron ahí, entre los últimos años de los 90 y 2010. La prueba de ello es que para 2018 la producción ya había caído a 1.5 millones de bdp, según datos de Reuters, PDVSA y la OPEP.

Y para 2020 la cantidad de barriles diarios era de solo 400 mil, algo comparable a los niveles de la década de 1940. La pandemia la afectó, pero el verdadero daño ya venía acumulado desde inicios del siglo XXI. Una muestra del declive también es que entre los años 2014 y 2018 perdió casi 50 mil trabajadores al reducir planillas de 152 mil a 106 mil trabajadores.

La historia de cómo el desempeño de PDVSA se fue eclipsando la recuerda Luis Pacheco, quien fue vicepresidente de Planificación de la mencionada petrolera, al menos hasta 2003, cuando la gestión de Hugo Chávez ordenó cambios masivos de aproximadamente más de 18 mil funcionarios.

Pacheco considera que es difícil que una compañía del Estado no termine influenciada o tomada por la política. “En el caso de PDVSA, tomó 20 años (desde su fundación)”, comenta. El principal interés de los gobiernos populistas es el uso que pueden hacer de estas compañías, tanto con un enfoque interno como externo.

“Los políticos pueden ver la compañía como una presa, porque ahí hay empleos, contratos. Luego está la renta, que es el petróleo, y ahí se crea una disyuntiva sobre quién accede a esta renta. La compañía necesita invertirla, pero entra en conflicto con la necesidad del Estado de acceder a los recursos. Esto (injerencia del Estado) se evitó hasta 2003 (cuando hubo cambios masivos de funcionarios). Además, controlar el petróleo es un factor geopolítico porque el petróleo siempre es un arma geopolítica”, explica el exfuncionario de la Petrolera a Perú21.

A pesar de los cambios en 2003, la percepción del declive de la empresa no fue explícitamente notorio en el corto plazo. Pacheco explica que ello se debe a la dimensión de estas empresas. Y en el caso de PDVSA, entonces una de las más grandes petroleras del mundo, con mayor razón.

Otro factor que tampoco ayudó fue observar que los cuestionamientos de algunos analistas o críticos no fueron escuchados sobre los altos precios del crudo. Así lo explica Pacheco: “Hubo algo que daba la sensación de que los cambios (en PDVSA) podían estar funcionando, porque con el petróleo a US$100 (en el mercado internacional) parece que estás haciendo las cosas bien. Esto les permitió estatizar otras empresas y ganar fuerza en la región”.

De Petrobras a YPFB

Si bien la empresa venezolana es uno los casos más sombríos de la región, otros como el de la brasileña Petrobras o la boliviana YPFB tampoco quedan fuera del radar, aunque han sufrido cambios diferentes y menos nocivos, al menos por el momento. Así lo menciona Francisco Monaldi, investigador y director del Programa Latinoamericano de Energía de la Universidad Rice (EE.UU.).

Monaldi refiere que, a diferencia de PDVSA, Petrobras ha tenido una gestión diferente y mantenido su gobierno corporativo, algo que no sucedió con la venezolana. No obstante, ello no ha evitado que esté libre de intervenciones políticas que quedaron expuestas en los escándalos de corrupción del caso Lava Jato.

En el caso de la boliviana YPFB, la situación fue diferente, pues, precisa Monaldi, cuando llegó Evo Morales al poder en 2004, la empresa no atravesó exactamente por una nacionalización, sino que hubo una intervención mucho más cuidadosa de esta. Eso y los altos precios del gas contribuyeron a que los problemas de gestión y productividad de la compañía boliviana pasaran más desapercibidos que los de PDVSA.

“Cuando los precios están muy altos es fácil esconder la ineficiencia. Esto también pasó en Bolivia porque justo antes de que nacionalizaran el gas hubo una gran inversión de empresas privadas. Sin embargo, Morales fue más inteligente que Chávez porque aunque hizo un disfraz de nacionalización, siguió con las empresas privadas. Y claro, años después estas dejaron de invertir y hoy se están viendo las consecuencias en Bolivia”, destacó Monaldi.

Problemas en Perú

Por otra parte, Anthony Laub, especialista en energía y minería y columnista de Perú21, recordó que existen ciertas similitudes entre lo sucedido con las empresas latinoamericanas mencionadas y lo que sucede hoy en Petroperú, como los cambios masivos de altos funcionarios que tomó meses contratar debido a su perfil especializado, algo en lo que pone énfasis Carlos Paredes.

“Petroperú es una empresa monstruosamente grande y necesita de gente muy capacitada. Si de la noche a la mañana remueves a 19 gerentes y altos funcionarios, lo que se está haciendo es descabezar a la compañía. Eso fue lo que se hizo con PDVSA en su momento y ahora está quebrada. En poco tiempo destruyeron todo el valor que se había creado durante años”, dijo.

Finalmente, Laub se refirió al impacto del deterioro de las empresas petroleras a sus respectivos países, más allá de la reducción de producción y exportación.

“Afecta a todos los ciudadanos en general. El Estado es el que termina pagando la deuda de los proyectos que no terminan de ejecutarse. Ese dinero puede utilizarse para obra pública o infraestructura, como hospitales y colegios”, concluyó.