Argentina encierra contradicciones todavía no resueltas en relación al litio. El gobierno de Alberto Fernández quiere impulsar el desarrollo del sector, con un rol destacado del estado en la extracción del mineral y el desarrollo de las baterías para los autos eléctricos, mientras que las tensiones sociales y ambientales se mantienen. 

El deseo de expansión del Gobierno tiene una dimensión internacional: se calcula que, a nivel mundial, el sector del transporte es responsable de casi un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el abandono de la tecnología del motor a combustión en favor del vehículo eléctrico es un requisito ineludible a la hora de diagramar la transición energética. En este sentido, el litio desempeña un papel fundamental como mineral clave, del que Argentina dispone en abundancia.

Los salares continentales de Argentina, Bolivia y Chile representan casi el 60% de los recursos globales de litio. Argentina cuenta con el 9% de las reservas totales del mundo -recursos cuya viabilidad de explotación ha sido probada en términos técnicos y económicos- y ocupa el tercer lugar detrás de Chile y Australia. 

El litio en Argentina

Existen dos proyectos que producen litio para la exportación en Argentina. En el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, la empresa norteamericana Livent cuenta con una capacidad de producción de 20 mil toneladas de litio equivalentes al año y planea duplicarla a partir de una inversión de 640 millones de dólares. Livent está asociada con BMW.

El segundo proyecto es Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz, con una capacidad de 17.500 toneladas de litio equivalentes por año. Está manejado por la australiana Orocobre, asociada a la japonesa Toyota Tsusho y la empresa provincial JEMSE). Sales de Jujuy vende litio a Toyota en Japón y a otros fabricantes de baterías en Corea y China. También está en etapa de expansión.

El único nuevo proyecto que va a entrar en producción en el corto plazo es Cauchari-Olaroz operado por Minera Exar, que pertenece a la canadiense Lithium Americas y la china Jiangxi Ganfeng Lithium, con peso minoritario de JEMSE. El año que viene comenzaría la producción y finalizada la construcción tendría una capacidad de 25 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Cuenta con contratos con Tesla, Volkswagen y BMW.

Según cifras oficiales a las que accedió Diálogo Chino, el año pasado se exportaron 31.500 toneladas de carbonato de litio por 134 millones de dólares, por debajo de los 184 millones de dólares de 2019. Con el ingreso pleno de producción de Caucharí-Olaroz, la capacidad total del país pasaría de las 37.500 toneladas actuales por año a 85 mil toneladas.

En otro escalón está la francesa Eramet, cuyo proyecto en el Salar de Centenario-Ratones, Salta, quedó estancado por la pandemia y la incertidumbre macroeconómica del país. En la misma línea aparece la firma surcoreana Posco, que planea construir una planta de carbonato e hidróxido de litio en Salta, y Galaxy y Orocobre con su inversión en Catamarca.

Hay entre 50 y 60 firmas que tienen prácticamente todas las concesiones de los salares en sus manos en Argentina. Martín Obaya, investigador de la Universidad de San Martín, sostiene que el marco regulatorio de la actividad minera favorece la especulación con los proyectos, con empresas que compran una concesión pero luego la venden para obtener ingresos.

La Ley de Inversiones Mineras y el Código de Minería que regulan la actividad del litio permite la importación de equipos libres de aranceles, incluye desgravaciones impositivas y estabilidad fiscal y establece regalías de apenas el 3% por la exportación. No establece mecanismos de diálogo social con las comunidades ni cuenta con herramientas para avanzar en la agregación de valor.

La situación es diferente en Chile y Bolivia, en donde el litio es considerado un recurso estratégico. En Chile, operan empresas privadas bajo contratos con el Estado. Se pagan regalías móviles del 6 al 40% y hay recursos destinados a financiar centros de investigación. En Bolivia el sistema es público y se desarrollaron proyectos pilotos pero no en fase industrial. 

Los planes para el litio en Argentina

El gobierno de Alberto Fernández estudia un proyecto de ley que apunta a consolidar una empresa pública para la producción de litio junto con una comisión de carácter autárquico para funcionar a nivel científico, técnico, comercial e industrial. La comisión tendría participación del gobierno nacional, las provincias, comunidades originarias y universidades. También se avanzaría con una agencia de estímulo al desarrollo científico en litio.

“La empresa pública debería ser una YPF (la empresa petrolera nacional) del siglo XXI. El problema es que los salares están casi todos concesionados”, advierten desde el bloque de diputados oficialista.

Federico Nacif, especialista en litio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sostiene que “lo primero que se debería regular es a los proyectos que actualmente están en marcha. Los planes para producir litio con una empresa estatal en todo caso pueden tener efecto dentro de ocho años”.

Nacif junto a otros especialistas plantean que es necesario sacar al litio del ámbito de la ley de inversiones mineras y declararlo recurso estratégico. Pero la Argentina es un país federal en donde las provincias tienen dominio originario sobre sus recursos, con lo cual avanzar en esa dirección implicaría un fuerte conflicto político.

La electromovilidad en Argentina

Se espera que en el corto plazo el gobierno envíe al Congreso un proyecto de ley para impulsar la electromovilidad. Los detalles todavía no se conocen, pero se buscaría incentivar la industrialización del litio así como la fabricación de vehículos eléctricos con componentes nacionales y el mercado de venta de estos nuevos modelos.

Asimismo, la provincia de Jujuy y el Estado nacional firmaron un memorándum de entendimiento (MOU) con la empresa china Ganfeng para estudiar la instalación de una fábrica de baterías de litio y el Ejecutivo nacional alcanzó otro MOU con la firma china Jiangsu Jiankang Automobile para producir en el país vehículos urbanos eléctricos y baterías.

La promoción de la electromovilidad es motivo de disputa con las terminales automotrices, que advierten que es lejana la posibilidad de la fabricación en escala de automóviles eléctricos en el país debido a que Brasil, el principal comprador, no parece avanzar en el eléctrico sino el híbrido, para aprovechar el gran peso del etanol como combustible.

Asimismo, las terminales argumentan que la industria argentina está especializada en la fabricación de utilitarios, un vehículo que no se adapta bien a la actual tecnología eléctrica, ya que exige mucha potencia y autonomía. Las automotrices presionan para que el primer paso sea el apoyo al híbrido (combinación de nafta o gas y eléctrico).

A corto plazo, el mercado de vehículos eléctricos podría abrirse en el transporte público y a partir de la importación de determinadas unidades para uso urbano. Las empresas chinas aparecen como los únicos actores capaces de montar fábricas, pero surge el interrogante de qué grado de vinculación con la industria local tendría esa apuesta.

El panorama de la financiación mundial de la energía -y de la extracción de litio en América Latina- cambió la semana pasada cuando el presidente de China, Xi, anunció que su país "intensificará el apoyo a otros países en desarrollo para que impulsen energías verdes y bajas en carbono", al tiempo que se comprometió a poner fin al apoyo a las centrales eléctricas de carbón en el extranjero.

La demanda de energía renovable ya existe: los países en desarrollo de todo el mundo han propuesto 494 gigavatios en proyectos de energía renovable a través de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en el Acuerdo de París. Solo en América Latina y el Caribe, los analistas del sector energético prevén un auge de las energías renovables, con una capacidad instalada que se espera que se duplique en los próximos años.

Dado el papel de China como gran productor de tecnologías renovables, un giro hacia las energías renovables también requerirá un aumento gradual de su demanda de litio, un mineral crítico necesario para almacenar la energía de fuentes intermitentes como la eólica y la solar.

En ningún otro lugar del mundo hay un yacimiento de litio tan grande como en la zona extendida entre Argentina, Bolivia y Chile, a menudo llamada el triángulo del litio. China ya ha mostrado un gran interés en este sector, con inversiones en litio en los tres países y una demanda de importación en rápido aumento.

Lecciones aprendidas en América Latina

Para gestionar con éxito el inminente auge del litio, los gobiernos de los países en desarrollo tendrán que equilibrar las consideraciones medioambientales y sociales, así como los posibles ingresos. Por ejemplo, el proceso de extracción de litio es extremadamente intensivo en agua: cada tonelada de litio que se extrae requiere hasta 2 millones de litros de agua, lo que agota los recursos hídricos subterráneos en una región que ya sufre la escasez de agua y afecta gravemente sus frágiles ecosistemas.

La gestión responsable del agua será clave para garantizar que las comunidades locales -muchas de las cuales dependen de los recursos hídricos para su sustento tradicional- participen en los beneficios de las nuevas inversiones.

Durante el reciente auge de la inversión minera china en América Latina, los relativamente jóvenes ministerios de medio ambiente de la región desarrollaron rápidamente su capacidad para gestionar los riesgos intrínsecos de un boom extractivo. Las lecciones de ese boom serán cruciales ya que los inversores chinos se fijan en los países del triángulo del litio, que tienen nuevas oportunidades para garantizar que la demanda aporte beneficios mutuos.  

Como destaca nuestra reciente contribución en el Foro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Argentina, Bolivia y Chile pueden aprender de la historia de la minería del cobre en Perú y crear de forma proactiva instituciones nacionales sólidas que faciliten las consultas genuinas con las poblaciones locales afectadas por la minería del litio.

Para ello, los países del triángulo del litio y China se enfrentan a tres retos principales. En primer lugar, Argentina, Chile y Bolivia deben seguir desarrollando la capacidad institucional para gestionar a las diversas partes interesadas, los complejos retos medioambientales y los inversores extranjeros que no están familiarizados con el contexto local. Estas instituciones deben hacer hincapié en la transparencia durante todo el proceso de planificación, garantizando que las partes afectadas participen de forma significativa en las decisiones desde las primeras fases.

En Perú, los inversores chinos han estado activos en el sector minero desde 1992. Sin embargo, su capacidad institucional gubernamental se construyó de forma reactiva en paralelo a la creciente inversión china en el sector a mediados de la década del 2000.

Aunque Perú firmó en 1989 un acuerdo internacional que garantiza a las poblaciones indígenas el derecho a la "consulta previa" sobre posibles proyectos que afecten al medio ambiente del que dependen, dos de las mayores inversiones mineras de China en el país se han enfrentado a prolongados conflictos con las poblaciones locales debido, en parte, a la falta de transparencia e inclusión en el proceso de toma de decisiones.

En 2007, Zijin compró la mina de cobre Río Blanco en la región norteña de Piura, pero el proyecto sigue sin desarrollarse casi 15 años después, debido a la firme oposición y a las protestas de las comunidades agrícolas locales.

Un consorcio chino, liderado por el consorcio mayoritariamente chino Minerals and Metals Group (MMG), compró Las Bambas en Apurímac, al sur de Perú, en 2014 por más de 7.000 millones de dólares. Aunque la mina se encuentra entre las más productivas del país, las comunidades locales siguen planteando problemas sociales y medioambientales.

Un desafío para ministerios jóvenes

El Ministerio de Medio Ambiente de Perú fue creado en 2008, en medio del aumento de las inversiones mineras de China después de 2007 y de la compra de Río Blanco. Esta creación institucional reactiva limitó su capacidad para elaborar y aplicar políticas de consulta previa o de mitigación de daños ambientales.

Al igual que Perú, los ministerios de medio ambiente de los países de América Latina son jóvenes: el de Bolivia data de 2009, el de Chile de 2010 y el de Argentina de 2015. Estas carteras se enfrentarán a muchos desafíos similares en esta ola de inversiones en litio, como lo hizo Perú con el cobre.

Sin embargo, la ventaja de algunos años, combinada con una normativa internacional más estricta para la protección del medio ambiente, da a los países de baja tecnología una ventaja sobre Perú. Pero deben aplicar con éxito las reformas clave en materia de transparencia, participación y responsabilidad.

En segundo lugar, los países latinoamericanos deben cumplir los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Escazú. Este nuevo tratado internacional fue firmado en 2018 por 24 naciones latinoamericanas y caribeñas, y garantiza los derechos locales a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, la justicia ambiental y un medio ambiente sano y sostenible para las generaciones actuales y futuras.

Los componentes clave del acuerdo exigen que los países vayan más allá de la norma de la consulta previa, implicando a las partes interesadas en una fase mucho más temprana del proceso y proporcionándoles una mayor agencia para dar forma a los resultados.

Mientras que Argentina y Bolivia han ratificado plenamente el acuerdo, Chile aún no lo ha firmado y Perú sigue siendo sólo un signatario. El acuerdo entró en vigor en abril de 2021, por lo que sus efectos aún no se han visto del todo. Pero hasta que Chile y Perú ratifiquen el acuerdo, las comunidades locales y las poblaciones indígenas de Argentina y Bolivia gozarán de derechos legales a la información, la participación,y la justicia medioambiental mucho más amplios que los grupos similares de Chile y Perú.

Por último, China debe cumplir sus nuevos compromisos de respetar la protección de las partes interesadas en sus inversiones en el extranjero y en sus proyectos de financiación de desarrollo, especialmente los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables. Para coexistir con éxito con las comunidades locales que también dependen de las aguas subterráneas de la región, será necesario incluir a esas poblaciones en la planificación de los proyectos y la gestión del agua, así como en  los beneficios económicos de las inversiones en litio.

China ha asegurado a la ONU y a la comunidad internacional que aplicará nuevos marcos de diligencia debida en materia de protección medioambiental, especialmente para sus empresas que operan en zonas propensas a conflictos. Los gobiernos de los países en desarrollo serán en última instancia los responsables de hacer que los inversores chinos cumplan estas promesas, pero la atención internacional puede ser un importante factor de motivación para el cumplimiento.

Si el proceso se gestiona adecuadamente, las piezas están en su sitio para que todas las partes interesadas en la minería del litio en el llamado triángulo del litio se beneficien de un próximo boom. Las comunidades locales, y especialmente los grupos históricamente excluidos, como los pueblos indígenas, tendrán mayor acceso y participación en los procesos de decisión del gobierno.

Una mayor transparencia y responsabilidad también puede ayudar a prevenir daños medioambientales significativos y cualquier conflicto asociado en las zonas circundantes. Los gobiernos de los países del” triángulo del litio” y los inversores chinos probablemente también se beneficiarán económicamente de unos resultados más sostenibles y pacíficos.

En última instancia, la obtención de estos beneficios requerirá el cumplimiento de  amplios compromisos de transparencia, inclusión, y responsabilidad por parte de todas las partes.