Vencimiento de conseciones y reclamos cruzados por las hidroeléctricas 

CLEDIS CANDELARESI/CLARIN

Mientras el Gobierno intenta bosquejar propuestas legales y económicas para el fin de las concesiones hidroeléctricas, un cuarteto de importantes firmas operadoras acumula reclamos contra el estado nacional por alrededor de US$4.000 millones.

Las demandas se fundan en el presunto “lucro cesante” que les habría generado la intervención en el sistema de precios y, al menos en dos casos, cimentan expedientes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 24 meses vencen los contratos de concesión que se firmaron por treinta años durante la movida privatizadora menemista y que no contemplan ninguna prórroga, lo que obliga a trabajar ya mismo en una fórmula que los reemplace. A instancias de Alberto Fernández, el secretario de Energía, Darío Martínez, prometió a las firmas presentar al menos un par de alternativas de solución durante este semestre.

No resolver ese nuevo esquema de un modo expeditivo implica también congelar inversiones necesarias en el rubro: nadie que está de salida querrá poner dinero si no tiene asegurada la continuidad o la recuperación de ese desembolso no amortizado. Y si bien el sistema de generación eléctrica no está en crisis, tampoco puede darse el lujo de disminuir la producción.

Piedra del Aguila y Alicurá, en manos de la firma de origen norteamericano AES, terminan su contrato en agosto de aquel año y pueden oficiar de caso testigo. Esas usinas son parte del vital conglomerado del Comahue, que también integran Cerros Colorados y Planicie Banderita (Orazul), Chocón (Enel) y Pichi Picún Leufú (Pampa Energía).

No son exactamente los mismos adjudicatarios originales de hace casi tres décadas, ya que hubo ventas y alteraciones en el staff de accionistas. En ese lapso también se modificó el sistema de formación de precios y otras condiciones proyectadas sobre la letra del contrato, que a habrían vulnerado estos negocios.

Las centrales perdieron chances de manejar el volumen de agua, cambió la modalidad de despacho resuelta por Cammesa, los precios se desdolarizaron y se limitó la posibilidad de firmar contratos con grandes usuarios, entre otros retoques.

Todas las compañías formularon reclamos administrativos y tres de ellas contrataron al mismo estudio jurídico para que estimara la posible lesión económica de esas decisiones oficiales. Más aún. Para esas estimaciones apelaron a un análisis de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que dio otro sustento a sus cálculos.

Individualmente, éstos promedian un eventual resarcimiento de US$1.000 millones de dólares. Exigencia que posiblemente las compañías utilicen como moneda de cambio en una mesa de negociación con el concedente.

Los planteos administrativos fueron formulados cuando José Aranguren era ministro de Energía y aún viven como documento de trabajo. AES Corporation tiene un reclamo desde el 2005 ante el Ciadi, realizado luego de la desdolarización de tarifas y otros cambios impuestos por la ley de Emergencia Económica del 2002. Pero después que Mauricio Macri prometiera darle un fin negociado a esas demandas, realimentó el expediente que hoy está vivo.

La otra norteamericana, Orazul, abrió el suyo en 2019. Ambas invocando el Tratado Bilateral de Inversión que Argentina suscribió con Estados Unidos y que garantiza estabilidad en las reglas para los capitales de un país en el otro.

Acudir a la justicia local tiene sus bemoles. Las empresas saben que tienen que depositar el 3% correspondiente a la Tasa de Justicia sobre el reclamo estimado inicialmente, que luego no pueden incrementar. Eso implicaría alrededor de US$30 millones para cada una, sólo para iniciar una gestión de resolución incierta.

Los papeles acumulados en las instancias administrativa o legal podrían devenir en herramientas negociadoras para obtener un beneficio de salida del negocio o para continuar en él. Una definición que también involucra a las provincias, que son las dueñas responsables del manejo del agua, con prioridades que no favorecen a la producción de electricidad: abastecimiento de agua potable y riego van primero.

La situación es particular y alimenta el debate. La provincia es dueña del agua desde la reforma constitucional de 1994 y cobra 12% de regalías por la producción de cada presa. Pero el poder concedente es la Nación, que gana potestad desde el momento en el que se genera electricidad para abastecer al sistema interconectado.

Terminada la concesión, los activos vuelven a la Nación, aunque haya estados del interior que sueñen con esquemas diferentes y trabajen en leyes provinciales preparándose para ser ellas las futuras concedentes de las represas. Según el marco regulatorio eléctrico, se trata de activos federales y estratégicos: instalaciones de interés general afectadas al servicio público.

Aunque por esa norma la generación pertenece al segmento no regulado de la producción eléctrica, la realidad es lo suficientemente gris como para que ni los precios sean libres ni haya una sola jurisdicción con la que definir cuestiones clave.

De hecho, en este escenario intervienen la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, a cargo de Elías Sapag, y la Orsep, encargado de controlar la seguridad técnica de las usinas. Una ley en ciernes podría extender la potestad de este organismo también sobre las centrales que sólo regulan los cursos de agua y no se utilizan para electricidad.

Por ahora no hay un interlocutor definido y definitivo para las actuales operadoras, que analizan si quedarse o salir de juego. Se trata de activos en algunos casos muy antiguos, sostenidos con inversiones que sólo modernizaron sus mecanismos operativos.

A decir de los empresarios, el parque está envejecido y, en algunos casos, al borde de la obsolescencia porque la reconfiguración del negocio desalentó inversiones de fuste.

A aquellos expedientes bien se podrían haber sumado otros, por normas que afectaron a toda la actividad de generación en los últimos tiempos, incluyendo las usinas térmicas, principal fuente de electricidad del país.

La resolución 19 del 2016 había fijado precios en dólares para la energía base diferentes según las tecnologías (los operadores hidroeléctricos se consideran “discrimados”), que en 2019 otra norma recortó un 30%. En febrero del 2020 los valores se bajaron otro 25% y se pesificaron, con promesa de un ajuste mensual que luego se suspendió.

Finalmente, para acceder a un aumento del 29% de esos precios en moneda local, las empresas tuvieron que comprometerse a no formular ningún reclamo por esta cuestión.

La energía hidroeléctrica es mucho más amigable con el ambiente que la térmica, que implica quema de gas y de combustibles líquidos. Pero paradójicamente requiere una inversión original cuantiosa y siempre perturbadora para el medio ambiente. De ahí que organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial o el BID estén más renuentes a financiarla.

Hasta hace poco la hidroelectricidad representaba un cuarto de la matriz energética local. Hoy, apenas el 14%, lo que hace más dependiente al país de la importación de carburantes y consiguiente salida de dólares.

Río Negro y Neuquén avanzan para provincializar las represas hidroeléctricas

LUCIANA GLEZER/LPO

Los gobernadores de Río Negro, Arabela Carreras, y de Neuquén, Omar Gutiérrez, están empujando una jugada política muy ambiciosa para que las represas hidroeléctricas pasen a dominio provincial, ante el vencimiento de las concesiones en el año 2023.

Se trata de un movimiento político que está creciendo en esas provincias patagónicas que concentran algunas de las represas más importantes del país y que incluso cuenta con respaldo de sectores del kirchnerismo, a pesar de que la idea es rechazada de plano por el gobierno nacional. "Es como si el intendente de Añelo viniera a reclamar Vaca Muerta", dijeron a LPO en la Secretaría de Energía.

La jugada está en el centro de atención en Río Negro y Neuquén, al punto que la "recuperación de las hidroeléctricas" es uno de los slogans de la campaña del Movimiento Popular Neuquino para las primarias abiertas y obligatorias.

El plan genera controversia y comenzó a debatirse en la Legislatura de Neuquén con el representante del Estado nacional de la Autoridad Inter jurisdiccional de Cuencas (AIC), Daniel Figueroa.

Sebastian Caldeiro, legislador provincial por Juntos por Rio Negro y ex secretario de Energía de la provincia, argumenta al amparo de la reforma de la constitución de 1994 que "los recursos hídricos son de las provincias, por eso Rio Negro y Neuquén tienen que definir en conjunto el destino de esas represas".

"El modelo a seguir es lo que sucedió con los hidrocarburos cuando en 2006 el gobierno de Néstor Kirchner se dictó la denominada ley corta mediante la cual se hizo efectiva el dominio de las provincias sobre sus recursos y le transfirió la competencia sobre las explotaciones a los gobiernos locales", indicó el diputado.

Según Caldeiro, "cuando se dieron concesiones en 1993 tuvimos y perdimos esta negociación, con la reforma de la Constitución Nacional ahora no quedan dudas, y no podemos en el 2021 estar dudando. Son de las provincias, es generación de energía con un recurso provincial". El diputado da como ejemplo la represa Futelaufú en Chubut: "nadie discute ahí que es provincial, se discute acá porque son muchas represas".

El legislador advirtió que, como poder concedente las provincias podrán estar mucho más atentas a los otros servicios que prestan las represas y que aseguró que "muchas veces no se ven desde Nación".

Desde la Secretaría de Energía nacional echan por tierra la posibilidad que prospere la más mínima iniciativa: "Las centrales son definitivamente de la Nación, es el gobierno nacional el que otorga las concesiones. No tienen ninguna potestad en la toma de decisiones sobre la administración del negocio. Fue el gobierno nacional el que financió las obras, y en parte con el aporte de los usuarios. Las provincias solo ponen el agua y por ello perciben las regalías correspondientes".

Coincide con la lectura el gobierno nacional, el ex secretario de energía del gobierno de Raul Alfonsín, Jorge Lapeña, aunque redobla las exigencias: "Las concesiones vencidas revierten a Nación. Es necesario asumir que el proceso de devolución de las concesiones es complejo y, por lo tanto, se trata de implementar una política pública con tiempo y sin improvisaciones que abordará aspectos políticos; jurídicos; económicos y técnicos, cuyo desarrollo detallado deberá ser realizado en forma excluyente por el Estado, que será quién deberá recibir las instalaciones a la finalización del plazo contractual de cada contrato".

En la actualidad cuatro grupos económicos concentran el manejo del mercado eléctrico porque tienen presencia en todo el proceso, desde la generación hasta la distribución. El modelo que rige a partir de 1993 devengado del proceso privatizador del gobierno de Carlos Menem, tendrá un punto de inflexión en tres años cuando en 2023 inicie el período de vencimiento de las concesiones de las represas.

Las hidroeléctricas operativas en el país se agrupan en dos conjuntos: por un lado las que, en su origen, eran propiedad de Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado y por el otro las que se encontraban bajo la órbita de Hidronor SA. Las concesiones de este segundo grupo de centrales son las que vencen a partir de 2023. Se trata de seis usinas en la Región de Comahue.

Neuquén tiene en la mira las concesiones de seis hidroeléctricas ubicadas en los ríos Neuquén y Limay. Las centrales son Planicie Banderita, El Chocón y Arroyito, administrada por la italiana Enel; las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata y El Chañar en manos de Orazul Energy, la planta hidroeléctrica Alicurá que controla AES y el complejo hidroeléctrico Piedra del Águila de la Sociedad Energía Sadesa Central Puerto y Pichi Picún Leufú a cargo de Pampa Energía.

El complejo de mayor envergadura es El Chocón Cerros Colorados. Fue el primer proyecto hidroeléctrico de gran escala, tal es así que se la conoce como la obra del Siglo. Se encuentra entre los ríos Limay y Neuquén emplazados en las provincias de Rio Negro y Neuquén, respectivamente.

Es por eso que los gobiernos locales piden que pasen a ser administradas por las provincias donde se encuentran emplazadas estas usinas; amparados en la reforma de la Constitución Nacional que en 1994 les concedió la propiedad de los recursos de sus suelos. El manejo de El Chocón lo tiene el grupo de origen italiano con participación también en Enel Generación Costanera ex Central Costanera, Central Dock Sud y Enel Green Power Argentina, en lo que refiere a Generación; Enel Trading Argentina S.R.L., ex Cemsa; en Comercialización; Edesur S.; en Distribución; y TESA, CTM y Yacylec en Transporte.

"Las usinas se manejan desde una computadora en Buenos Aires. Se las dieron llave en mano, no invirtieron un peso y obtuvieron ganancias extraordinarias" afirmó el diputado neuquino por el Frente de Todos, Mariano Mansilla, que  adjudica parte de los estragos de la sequía a la desidia de las empresas concesionarias. "Por supuesto que el cambio climático, la falta de lluvias y nieve, es un fenómeno que afecta a la región desde hace más de una década. Pero el mal uso del recurso hidríco fue un factor fundamental para el vaciamiento de las cuencas".

Según Jorge Lapeña, ante este escenario los dos temas a resolver son en primer lugar las formas de operar con eficacia las centrales a partir de su reversión al Estado y en segundo lugar la ejecución de cuantiosas inversiones, necesarias para extender la vida útil de las centrales.

La cuestión de las inversiones no resulta un detalle menor. Según Lapeña se requieren grandes desembolsos en dólares, en un mercado muy regulado dado lo cual "poco tentador para el sector privado".

Mansilla contrapone: "Es un negocio millonario. Alcanza con ver las ganancias extraordinarias de los operadores en toda la cadena de generación. Nunca pusieron un peso, muy por el contrario se la llevaron toda. Las empresas ganaron, las provincias perdimos".