PABLO FERNÁNDEZ BLANCO

El 24 de noviembre de 2003 fue un día perfecto en la vida de Néstor Kirchner. Seis meses después de su asunción había logrado una puesta en escena envidiable en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Escoltado por sus ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido estrechó la mano de Paolo Rocca (Techint) frente a la crema del empresariado argentino. El motivo: presentar en sociedad al denominado Gasoducto del Nordeste (GNEA).

Era el proyecto soñado. Se trataba de tender caños desde el límite con Bolivia para transportar gas pasando por Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes -donde reinaba la garrafa-, Santa Fe, Entre Ríos y Salta. Iba a costar US$1000 millones. Techint pondría US$750 millones y el Estado, los restantes U$S250 millones. No se había hecho nada parecido en décadas.

El último capítulo de la historia que comenzó al principio del kirchnerismo se está escribiendo ahora en Salta, donde se desarrolla un juicio insólito: acusan al intendente peronista Jorge Enrique Prado de haberse robado los caños que estaban echados en la tierra, valuados en millones de dólares según documentación que obtuvo LA NACION.

Hasta la intervención del municipio, a principios de año, Prado era el jefe comunal de Aguaray, al límite con Bolivia. Los caños que faltan son fundamentales. Allí comienza la traza del gasoducto, que en otras partes está terminado, y será imposible traer gas si el Estado no repone esas piezas.

La defensa del intendente gira alrededor de un argumento antipático para los últimos gobiernos. Sostiene que los caños estuvieron sin uso en el suelo tanto tiempo que se convirtieron en un pasivo ambiental que debía ser removido.

Otros documentos, sin embargo, ponen a Prado en una situación incómoda. El 10 de diciembre de 2019 asumió como intendente. Ese día se redactó la nota de la empresa mendocina Osyp que le proponía “desafectar el material contaminante” sin costo alguno para el municipio e instalar un juego para niños en el municipio. Un altruismo muy redituable si se compara el valor de los caños en el mercado paralelo con el de poner hamacas y toboganes.

Prado, que está detenido desde noviembre pasado, recibió el 23 de diciembre de 2019 la propuesta y la aceptó el mismo día. La velocidad burocrática de Aguaray es inexplicable para el fiscal general Eduardo José Villalba.

El juicio, que derivó de la investigación periodística de Antonio Oieni en El Tribuno, gira en torno de un gran malentendido: lo que para el intendente era chatarra, se trataba de material valuado en millones de dólares que era propiedad del Estado.

Pecado original

El proyecto trastabilló poco tiempo después del lanzamiento. Había surgido en las oficinas del grupo Techint, que tenía la posibilidad de proponerlo bajo el paraguas de la iniciativa privada. Llevaba su sello: la empresa de ingeniería que le dio nombre al grupo haría el diseño, Siderca fabricaría los caños y el gas vendría de una zona boliviana en la que la petrolera del grupo tenía yacimientos. En la Argentina alimentaría a la industria, cuyo principal exponente era también el grupo de la familia Rocca.

El “proyecto perfecto” fue indigerible para el ecosistema político argentino. La participación de Techint fue objetada en el Congreso por la oposición y Kirchner, a través de De Vido, le sumó a la traza tramos que le restaron interés económico. El grupo privado dejó el proyecto. El kirchnerismo nunca lo abandonó, pero tampoco lo terminó.

Enarsa, la compañía argentina de energía propuesta por el secretario de Comunicaciones Guillermo Moreno, pero manejada en última instancia por De Vido, quedó a cargo del gasoducto. El macrismo la rebautizó. Hoy se llama IEASA y es una de las que demanda a los presuntos ladrones por el robo de caños.

La empresa tiene a su cargo la supervisión del material distribuido a lo largo de 150 kilómetros en Salta. Son 19.000 caños de 24 pulgadas de diámetro y 12 metros de largo. Heredó ese trabajo tras la rescisión del contrato con la constructora Vertua en mayo de 2017. Acusa a la empresa de no terminar la obra que le correspondía.

La gestión del Frente de Todos cuestiona a su antecesora. Sostiene que en 2019 se canceló el servicio de patrulla y vigilancia sobre los caños y otras instalaciones. Eran tiempos en que Mauricio Macri ponía ímpetu en la reducción del déficit fiscal y premiaba los ahorros en el Estado.

La documentación sostiene argumentos para nutrir ambos lados de la grieta. Mientras funcionó la denominada patrulla faltaron 13 caños, mientras que con posterioridad fueron otros 68. Si bien hubo variaciones, el hurto fue la constante.

La sustracción de tubería, además, se extendió durante la primera parte de la gestión de Alberto Fernández. Hasta marzo pasado se habían robado, en total, 81 caños. Muchos debieron ser desenterrados.

Exfuncionarios macristas que administraron el gasoducto le asignan todos los males a la concepción política del proyecto. Sostienen que se trató de una mega obra con escasa planificación y dudosa conveniencia económica. Quizá por eso tampoco avanzaron en su finalización.

Bolivia resultó tener menos gas disponible del que pensaban Néstor Kirchner, Julio De Vido y Evo Morales; la Argentina se convirtió en un mal pagador y peor finalizador de proyectos.

Los ingenieros macristas y parte de la industria gasífera le atribuyen otra parte del fracaso a la pelea de Cristina Kirchner con el grupo Techint, que en los albores de la idea tenía previsto hacer un proyecto más chico.

Al final de 2012, Enarsa decidió que una misma empresa no podía participar en la venta de caños y en la obra civil al mismo tiempo. Los operadores de Julio De Vido hacían notar por aquellos días que la decisión buscaba limitar la participación de la familia Rocca. Techint fue a la Justicia para hacer un tramo de la obra. De manera que quien debía tratar como máximo con un puñado de contratistas tuvo que negociar con más de una decena. El Estado fue a juicio contra algunos de ellos.

El macrismo le dio un nuevo sentido al gasoducto. Con el crecimiento de Vaca Muerta, se pensó enviar el producto desde el sur argentino hasta Santa Fe, pese a que los caños habían sido enterrados para otra cosa.

Dólares bajo tierra

El mercado de caños se maneja en dólares. La contabilidad de la exEnarsa expresa en esa moneda el costo para el Estado del material ausente. Son US$4.964.466,22 hasta marzo pasado, de acuerdo con los registros que vio LA NACION, entre la compra de nueva cañería y las obras que deberán volver a realizarse.

El robo total alcanza los 604 caños, que representan casi 7,5 kilómetros. De ese total, 307 tubos formaban parte de líneas ya construidas, de manera que en muchos casos fueron levantados de la tierra. Otros 282 faltaron del acopio y 15, de instalaciones de superficie.

La Justicia, Gendarmería y la empresa recuperaron unos 236 tubos. Muchos se encontraron en un depósito en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no podrán volver a cumplir su función, dado que el trabajo para sustraerlos los deterioró. Nadie se arriesgará a poner ese material en un gasoducto de alta presión.

El primer cronograma de la obra establecía que debía estar terminada en 2006. A 15 años de esa fecha y a 18 de su anuncio, el primer gran proyecto que anunció Kirchner sigue inconcluso. Hasta ahora se completó el 86% de los 3000 kilómetros y se encuentra en uso poco más del 56%.

El primer tramo es el más problemático. Clave para que pueda llegar gas de Bolivia, se hizo la mitad y el Estado seguirá el juicio contra la constructora Vertua mientras le busca un reemplazo. El Gobierno asegura que tiene la voluntad de terminar la obra.

El destino del Gasoducto del Nordeste no es muy distinto al de otros grandes proyectos, como Yacyretá. El kirchnerismo, sin embargo, tiene una colección propia de entuertos. El GNEA se suma a la polémica finalización de Atucha II y al extraño caso de Río Turbio, la central a carbón en Santa Cruz cuya puesta en marcha se hizo para una inauguración de Cristina Kirchner en la campaña presidencial de 2015.

El corte de cintas llevó al encendido de una turbina cuando aún no estaba lista. Se rompió y su reparación costará varios millones de dólares, una tarea que deberá resolver Aníbal Fernández, el exjefe de Gabinete que maneja la empresa.

Los caños que atraviesan el noreste encierran una paradoja: Techint -la empresa que creó el proyecto, fue desplazada y terminó haciendo un aporte menor a la obra- fue una de las que más rápido entregó la parte que le tocaba. Otra porción espera, inconclusa, la finalización de un proyecto de US$2000 millones.