CARLOS ALONSO

Tres son los ejes que el gobierno tiene en mente para la recta final de su gobierno. 200 días exactos le restan a Sebastián Piñera en La Moneda y por ello ya comenzó a trazar los temas que quiere relevar.

Si bien todavía le restan varios proyectos ley que también están en carpeta, el foco estará puesto en temas relacionados con la actividad y la recuperación de empleo. Ambos dependen de otros factores alejados de la contienda legislativa.

Según cuentan en el gobierno, la semana que recién pasó el Presidente puso énfasis en las perspectivas de crecimiento esperadas para este año: “Yo espero que este año, gracias al esfuerzo de todos los chilenos, el crecimiento de nuestra economía va a ser cercano a los dos dígitos”. Esta era la primera vez que el mandatario daba una proyección que incluso supera el techo del rango de proyección actual de 8,5% a 9,5%, por lo que es probable que, en la próxima actualización, la previsión se empine en los dos dígitos.

Además, quienes conocen la interna de La Moneda esperan que a medida que se vayan conociendo nuevas cifras de actividad, el mandatario salga a recalcar esas cifras. Según cuentan en el Ejecutivo, para Piñera es clave mostrar que la economía se está recuperando. El 11 marzo de 2022, fecha en que se realiza el cambio de mando, ya se habrá conocido el Imacec de enero, y ahí esperan que el vuelo del cierre de 2021 se mantenga presente.

Si bien está instalada la preocupación entre los economistas sobre los riesgos de que la economía se sobrecaliente, el mensaje de Piñera estará centrado en impedir el cuarto retiro de los fondos de pensiones y reiterará los llamados a la responsabilidad fiscal, tal como lo hizo también a principios de la semana pasada.

En línea con la recuperación de la actividad económica, el segundo eje es el empleo. Hasta el trimestre abril-junio se habían recuperado 967.988 puestos de trabajo aún restan casi 1 millón de empleos para volver a niveles previos a la crisis sanitaria y económica. Es por esto que la puesta en marcha del IFE laboral tiene como objetivo apuntalar la creación de empleo.

La meta autoimpuesta por el propio Mandatario es lograr unos 500 mil nuevas puestos de trabajo con el IFE. El ministro del Trabajo, Patricio Melero, sostiene que “estamos trabajando en esa dirección, con metas ambiciosas en tiempos en que se requiere. El gobierno está disponibilizando recursos para financiar el subsidio a nuevas contrataciones para 500 mil trabajadores y trabajadoras y haremos toda la difusión para que lleguemos a la meta y se usen todos los recursos”.

Melero hizo un llamado para postular y revisar las condiciones del IFE laboral. “Hoy las personas con nuevos contratos formales desde agosto pueden hacerlo a través del subsidio al nuevo empleo, recibiendo desde septiembre el equivalente al nuevo beneficio que llega hasta $250 mil para mujeres y $200 mil para hombres”.

Según detalló Melero, a la fecha los trabajadores postulados al subsidio Regresa y Contrata alcanzan a 875.639. A ello se agregan las beneficiarias del subsidio Protege que llegan a 36.505. “En el subsidio Nuevo Empleo en tanto hemos alcanzado la cifra de 62.101 beneficiarios, cifra que esperamos se incremente significativamente en estas semanas por la postulación a los beneficios del IFE Laboral”, menciona el secretario de Estado. Hasta el 22 de agosto se han recibido 120.262 postulaciones al IFE Laboral.

Si para Piñera el crecimiento y empleo son prioridades, también lo será el Presupuesto 2022. Este debate estará centrado sobre el legado fiscal que dejará esta administración. A la luz de los antecedentes previos y por los distintos juicios que han hecho los expertos, la situación fiscal para el próximo año y los siguientes será mucha más complejo de lo deseado.

Las críticas apuntan a que en este último año se abrió en demasía la billetera fiscal y el IFE fue mucho más universal de lo deseado considerando que por el momento, la situación sanitaria está relativamente controlada.

El costo total de la extensión del IFE es de US$ 6.400 millones adicionales a lo ya entregado. Así, si se considera sólo el IFE Universal, el fisco habrá desembolsado US$17.033 millones. Ahora, si se incluye el IFE ampliado, en 2021 el costo fiscal de esta medida llega a los US$21.935 millones. Todo este cuadro estará dentro de la discusión que se avecina.

En el gobierno saben que la contención del gasto en el erario fiscal es difícil de aplicar en la práctica, pero es algo que se debe hacer si es que se quiere retomar la senda de responsabilidad fiscal. En el último Informe de Finanzas Públicas de junio, el supuesto implícito para reducir los déficit fiscal de 7,1% del PIB y estructural de 9,5% a uno de -1,9% y -3,9% considera una caída del gasto público del orden de 20%, lo que en ese momento ya se veía complejo. Ahora con los nuevos gastos del nuevo IFE la caída debería ser mayor.

Actualmente, la Dirección de Presupuestos se encuentra en la etapa de formulación de la proposición del ante-proyecto de Ley de Presupuestos 2022, la que comenzará a ser comunicada a los ministros de las distintas carteras los primeros días de septiembre, de acuerdo al calendario anual. 

Según expresó la Dipres, el proyecto debe ingresar como máximo a fines de septiembre al Congreso Nacional, con el principal desafío de retirar el impulso fiscal extraordinario producto de la pandemia. En paralelo, indican que se está preparando el Informe de Finanzas Públicas que actualizará las proyecciones macroeconómicas y fiscales.

Uno de los temas que se ha mantenido presente durante prácticamente todo el periodo de gobierno es el proyecto de sala cuna universal. En los varios intentos que ha hecho el Ejecutivo, no le ha ido bien. La iniciativa se quedó estancada en la Comisión de Educación del Senado, luego que se rechazara. Pese a ello, el Ejecutivo perseverará y por ello, enviará una nueva iniciativa, la cual debe ingresar ahora en agosto.

La propuesta mantiene el propósito de eliminar el artículo 203 del Código del Trabajo. Lo que se tiene previsto de manera preliminar es un subsidio de $300 mil para las pequeñas empresas, de unos $250 mil para medianas y de alrededor de $200 mil para las grandes. La cotización para el empleador se mantendrá en 0,1% por cada trabajador o trabajadora de la empresa, por lo que el mayor financiamiento recaerá en el fisco.

La tramitación del proyecto del Código de aguas también está dentro de las prioridades, considerando aún más el escenario de crisis hídrica por la que atraviesa el país. El tema de la sequía apareció en la agenda y es algo que el gobierno quiere comenzar a posicionar en el debate público.