CAMILA DOLABJIAN

El Plan Gas IV fue anunciado en noviembre de 2020 como una de las grandes apuestas de la gestión del presidente Alberto Fernández. Fue presentado como la estrategia para fomentar la producción nacional de gas y reducir la importación de hidrocarburos.

En su discurso, frente a empresarios y junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente bautizó el programa como una pieza esencial en el camino a lograr la soberanía energética y un paso más para reducir la pérdida de divisas por las importaciones de gas.

“Hubo meses de debate, de escucharnos, entendernos y respetarnos. Este programa representa más gas para la Argentina y más divisas”, dijo el presidente a fines de noviembre.

El programa de fomento a la producción es similar al lanzado en 2017. Ambos son esquemas de incentivos a productores locales de hidrocarburos en lapsos de cuatro años. El de 2017 finaliza este año. Con el nuevo, el Ministerio de Economía había previsto ahorrar US$121 millones solo este año, pero el plan no está yendo acorde a lo planificado según lo que muestran los números de inversión y gasto.

La gestión del plan deja bastante que desear en cuanto a sus objetivos: al 13 de agosto, se ejecutó solo el 11,05% de su presupuesto, según los datos que publica periódicamente el Ministerio de Economía (de quien depende la Secretaría de Energía). El monto contemplado para este año era de $55.645 millones, pero solo fueron gastados $4188 millones.

Además de presentar un presupuesto subejecutado, el Plan Gas.ar sufrió recortes durante el transcurso del año. Mediante decisiones administrativas firmadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se extrajeron de los gastos corrientes del programa $21.629 millones, casi un 40% del presupuesto anual.

Al mismo tiempo, creció el crédito para otro concepto energético, que podría tomarse como contradictorio con los objetivos del plan. Las transferencias a la empresa Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa) aumentaron 182%, según se desprende del análisis de modificaciones presupuestarias realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. La firma estatal es una de las principales responsables de las importaciones de gas, tanto a través de los puertos de Escobar y Bahía Blanca, como las que se realizan desde Bolivia a través del gasoducto Juana Azurduy.

En el acumulado del primer semestre del año, Ieasa ocupa el primer puesto en las partidas con refuerzos presupuestarios, por encima del programa Repro II y las vacunas contra el coronavirus. Los aumentos presupuestarios se financiaron en parte con las reducciones al Plan Gas.ar y con déficit fiscal.

“El Ministerio de Economía nos sumó incorrectamente $18.267 millones que eran requeridos por Ieasa. $10.000 millones eran para pagar gas proveniente del Plan Gas.ar y el resto que calculamos en ese momento lo iba a necesitar la empresa para pagar compras de GNL, que tampoco estaba previsto cuando se aprobó el presupuesto 2021”, dijo a LA NACION un asesor de la Secretaría de Energía.

Sobre la subejecución presupuestaria, en la Secretaría de Energía aseguraron que se debe a que todavía no se pagó el gasto por los meses del invierno, que tienen más inyección de gas y mayor precio.

Los cambios de prioridades presupuestarias son consistentes con los datos publicados por el Indec. En el análisis de comercio internacional, se registró un aumento interanual de 210% en las cantidades importadas de combustibles y lubricantes. No se registraban estos niveles de compra desde fines de 2018.

En 2019, Ieasa compró el equivalente a 26 buques de gas licuado con 2.1 millones de BTU cada uno. En 2020, fueron 31 buques en todo el año. Al cierre de julio, Ieasa ya había recibido 56 buques, según datos de la propia empresa.

Según los especialistas, parte de ese aumento se debió a los bloqueos de rutas cercanos a la producción en Vaca Muerta, ocurridos en abril de este año. Debido a reclamos sindicales por los salarios del personal sanitario, se interrumpieron las rutas por más de 20 días. El conflicto también atrasó los objetivos del Plan Gas.ar.

“Los gastos energéticos de Cammesa y de Ieasa, si no los pagás, no tenés energía. Si a un buque de GNL no le pagás, no te lo bajan. No hay posibilidad de atrasar el pago a proveedores. En cambio, a los productores locales podés, están acostumbrados y algo de ese atraso metieron en el precio”, explicó Nicolás Gadano, economista y especialista en energía.

Sin embargo, en paralelo a la implementación del Plan Gas 2020 (el denominado Plan Gas.ar o Plan Gas IV), continúa funcionando el Plan Gas de 2017. Este ejecutó, al 13 de agosto, el 101% de su presupuesto. Los especialistas coinciden en que la diferencia se debe a problemas y demoras en la implementación del nuevo programa.

“Por como se implementó el Plan Gas, parte de lo que se esperaba como subsidio Plan Gas se va a pagar a través de Ieasa y seguramente se contabilizará como déficit de la empresa”, comentó Marcos Pourteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos. Según algunos expertos del sector, el plan no se diseñó correctamente desde su inicio porque no se contemplaron algunos componentes de la estructura de subsidios.

“Lo que puede pasar es que se cuente con no producir más allá de lo contratado, esperando nuevos beneficios de la ley de promoción de inversiones en hidrocarburos que promete el Gobierno. Es importante la señal que den respecto de la posibilidad de exportar en verano, que forma parte del compromiso oficial”, dijo Mauricio Roitman, epresidente del Enargas (el ente regulador del sector).

Un factor que se suma es el del pago a las empresas proveedoras por los metros cúbicos licitados por el Estado. Según fuentes del sector, los desembolsos están atrasados entre tres y cuatro meses.

“Todos los pagos están demorados. Las empresas inyectan volúmenes de gas y el Estado paga, a los 50 días, la factura provisoria del 75%. A los otros 50 días, hace el pago total. Por ahora solo se pagaron los provisorios y ningún valor total. En ambos casos hay demoras. No es que no paga, pero paga tarde y mal. Nos genera problemas porque hacemos inversiones para cumplir, pero los ingresos están reducidos. No solo por el Plan Gas.ar, sino también por Cammesa e Ieasa”, dijeron en una empresa productora.

Los retrasos podrían traer aparejados otro problema. En la norma de creación del programa, el Gobierno garantizó a las empresas un mecanismo de pago ante demoras. Más específicamente, el Estado autorizó a las productoras a compensar esas demoras con créditos fiscales. Según la reglamentación de la AFIP, significa que, retrasados los pagos, podrían deducir esos montos de sus impuestos.

“Los certificados de crédito fiscal en garantía obtenidos en el marco de lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 892 del 13 de noviembre de 2020, emitidos bajo la modalidad de Certificados de Crédito Fiscal en Garantía Electrónicos, conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 125 del 20 de febrero de 2021 de la Secretaría de Energía, podrán aplicarse a la cancelación de obligaciones impositivas en concepto de saldo de declaración jurada y/o anticipos, con más sus intereses resarcitorios y/o punitorios, multas y demás accesorios, observando para ello los requisitos, condiciones y procedimientos que se establecen en la presente resolución general”, reglamentó la AFIP en marzo de este año.

Fuentes del sector aseguran que aun no se han utilizado estos mecanismos, pero que las empresas están considerando hacerlo en el futuro cercano, a pesar de las trabas administrativas que impone la reglamentación de la AFIP. Las productoras, por su parte, admitieron que, a pesar de registrar pagos retrasados, siguen estando dentro de una ventana aceptada por los esquemas tardíos típicos del Estado. No descartan los mecanismos indirectos de cobro como opción, pero creen que aún falta tiempo para implementarlos.

“El temor es que, al no pagar, no pueda contarse con los acuerdos generados para realizar inversiones y poder ir ampliando la capacidad de producción para llegar a las metas impuestas por el programa”, comentaron en una compañía productora, incluida en el esquema del Plan Gas.ar.