La plaza mayor de Santo Tomás, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, estaba repleta de gente, de banderas con el lápiz y del coro de dos nombres: ¡Pedro Castillo, presidente! ¡Guido Bellido al Congreso! Era 19 de marzo y según las encuestas electorales el profesor rural era uno de los candidatos relegados al rubro ‘otros’, pero en esa plaza desbordada Castillo tendría a uno de sus soportes más fuertes.

“En nombre de Túpac Amaru vengo a este pueblo valiente y aguerrido del Cusco a notificar a esta empresa minera abusiva que el pueblo, a través de Perú Libre el 28 de julio, tendremos que ponerle su tope en cuanto asumamos el mandato” dijo apenas inició su discurso. La población escuchó y respondió: 60.9% de votos en la primera vuelta y el 96.4%, en la segunda, el más alto de todo el país.

Cuatro meses después, Castillo, en la presidencia de la República, y Bellido, como el jefe del gabinete, tienen precisamente en Chumbivilcas el primer conflicto social de su gobierno: la protesta contra la minera Las Bambas. Desde el 23 de julio, siete comunidades campesinas mantienen el bloqueo del corredor minero para exigir que se deje sin efecto la norma que reclasificó la vía y permitió la circulación de las unidades pesadas de la minera a través de sus terrenos e indemnizaciones por daño ambiental. Solo en el segundo día de bloqueo se reportaron 15 heridos.

Alta expectativa

El conflicto social por Las Bambas es uno de los 193 que hereda la nueva gestión, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. La mayoría tiene que ver con casos socioambientales, principalmente por conflictos vinculados a la minería, y muchos llevan varios años de iniciados. El conflicto en Las Bambas, por ejemplo, tiene cuatro años reactivándose cada vez que las comunidades denuncian incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa.

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría, sostiene que esta vez la situación es especialmente particular por dos circunstancias: la expectativa por el cambio de gestión y el impacto social y económico de la pandemia. Lo primero tiene incluso más repercusión tomando en cuenta que Castillo mantiene un discurso reivindicativo con los reclamos sociales y la demanda específica de las comunidades campesinas. 

“El primer desgaste político proviene del incumplimiento de las promesas de campaña. Lo que se espera es una lectura correcta de estas expectativas y una respuesta a la altura”, sostiene.

Esto implica, añade Luque, empezar a atender los conflictos en el corredor minero como un problema integral desde una perspectiva territorial. “Es muy limitado intentar resolver caso por caso. “En el corredor hay 16 conflictos sociales que involucran a 4 empresas, son dos regiones [Cusco y Apurímac], tres provincias, varios distritos y comunidades. Es un error reducir la problemática a la carretera”, explica a El Comercio.

Para Paulo Vilca Arpasi, exviceministro de Gobernanza Territorial, el problema es que el nuevo gobierno aún no ha explicado cómo va a encarar la conflictividad social de la zona. “La población ha brindado un apoyo importante a Castillo y la designación de Bellido, que se ha reivindicado como chumbivilcano, ha aumentado la expectativa. Esto pone al actual gobierno un reto muy importante y podría ser el hito sobre la política de la PCM en este tema” dice.

Además del corredor minero, advierte que también se necesita prestar atención a la problemática de las comunidades nativas en la cuenca petrolera. “Salvo los primeros meses de aislamiento los conflictos no se han detenido y ahora hay una situación más precaria por la pandemia”, explica.

El papel clave de Bellido en esto es que de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) depende la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, encargada de definir las estrategias de prevención, gestión y solución de controversias, diferencias y conflictos sociales. El último reporte de esta secretaría, del periodo enero a marzo del 2021, reportaba 82 conflictos sociales activos y 34 en riesgo inminente.

Pero no es la única entidad que interviene en la resolución de conflictos. Gisselle Vila, socióloga especializada en temas socioambientales, señala la necesidad de resaltar el rol de las instituciones ambientales como entes regulares legítimos. En diálogo con este Diario recordó el antecedente del conflicto social en Conga, que definió la trayectoria del gobierno de Ollanta Humala respecto a conflictividad social.

“A diferencia de Conga, el presidente Castillo tiene ahora la ventaja de contar con un sector ambiental fortalecido e instituciones que han estado desarrollando un marco de fiscalización riguroso como la OEFA”, dice. Sin embargo, considera que este capital “se ha puesto en cuestión debido al dudoso liderazgo que se ha puesto en el sector” en referencia a la inexperiencia en el sector de Rubén Ramírez Mateo, nuevo ministro del Ambiente

Actas sin ruta

Uno de los problemas que ha identificado la Defensoría del Pueblo en la solución de conflictos sociales es la falta de una ruta clara de seguimiento a las actas y acuerdos suscritos en las mesas de diálogo.

“Un 50% de esos acuerdos aún no se han cumplido. No hay un procedimiento establecido para que esa acta se transforme en normas de cumplimiento obligatorio, en resoluciones” dice Luque. La Defensoría ha propuesto la creación de una oficina dedicada exclusivamente al protocolo de seguimiento y cumplimiento de las actas. Del gobierno depende que se le destine presupuesto.

Vilca agrega que hay un déficit de capacidad estatal para atender los conflictos por el factor burocrático en cada ministerio. “Buena parte de los conflictos, la mayoría de las razones obedecen a incumplimiento de compromisos del Estado. Es un problema mayúsculo que se arregla con una reforma de la administración pública y del aparto estatal. De eso no hemos escuchado mucho del actual gobierno”, añade.

El 28 de julio, día que Castillo asumió oficialmente su mandato, una carta del Frente de Defensa de Chumbivilcas y los presidentes de las comunidades campesinas recordaba al nuevo presidente que su respaldo no fue en vano. En los piquetes los manifestantes esperaban ser mencionados en el mensaje a la Nación. No fue así y recién para hoy la PCM ha programado una visita a la zona para escuchar a la población que lleva 10 días en protesta.