CAROLINA LEÓN/DF

"Los objetivos declarados por el proyecto son loables, pero el mecanismo que establece no es idóneo para lograr éstos". Esta fue la opinión que entregó el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, respecto al proyecto de ley que busca modificar el sistema de gratificaciones.

La instancia retomó el análisis de la propuesta que busca hacer efectiva la entrega de la gratificación del 30% de las utilidades a los trabajadores.

El proyecto, en su texto, propone eliminar el tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales establecido en el artículo 50 del Código del Trabajo, y autoriza el pago de gratificaciones por esa modalidad solo si este formato le permite a los trabajadores recibir una suma mayor al 30% de las utilidades de las empresas.

En su presentación ante la comisión, Villarino sostuvo que el proyecto no considera las distintas realidades de las empresas y que se trata de una propuesta que incrementará la brecha salarial entre trabajadores de distintas empresas y sectores económicos. "Como no hace distinción, quienes ganan más recibirán aún más", cuestionó el directivo.

Para el Consejo Minero, una fórmula adecuada para abordar este tema es permitir que el pago de gratificaciones se pueda pactar entre los trabajadores y los empleadores, sin restricciones legales, en las empresas que tengan un alto porcentaje de negociación colectiva o de sindicalización.

"Esto permite dos cosas. Uno, validar las organizaciones sindicales, creo que eso es muy bueno.

Y permite, evidentemente, reconocer las distintas realidades que existen en las empresas", sostuvo, agregando que las utilidades de las empresas son una materia ampliamente argumentada por los sindicatos y los empleadores en los procesos de negociación colectiva.

A modo de recomendación, Villarino sostuvo que el proyecto requiere de algunas correcciones para que se pueda aplicar sin grandes distorsiones en el mercado laboral. Como primer punto, planteó que se deben establecer límites máximos (topes) a lo que puede recibir cada trabajador; considerar las pérdidas de los años anteriores, entre otras. Además, planteó que su implementación debe ser contemplar un mecanismo de transición.

El análisis de la construcción

En la sesión también expuso el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Zeppelin, y el abogado del gremio, Gonzalo Bustos.

"Nuestros trabajadores, y esto está conversado con muchos sindicatos del sector, prefieren tener una garantía de recibir dentro de la remuneración la gratificación, y por esta razón se ocupa muy mayoritariamente el artículo 50", aseguró Bustos, explicando que es la modalidad más usada en la construcción por la poca duración que tienen los contratos en el sector.

A modo de recomendación, el sector propuso mantener para el caso de las Pyme el sistema de gratificación vigente; ajustar el porcentaje de la utilidad a repartir según parámetros internacionales; revisar el límite establecido en el Artículo 50 para que el beneficio sea para todos los trabajadores, partiendo por los de menores ingresos; y por último, implementar los cambios acordados de manera gradual.

Gratificaciones: Reactivación del debate

LA TERCERA

Un nuevo proyecto que se tramita en el Congreso amenaza con generar nuevos roces entre la oposición y el gobierno e inquieta en el sector privado. Se trata de una moción presentada en noviembre de 2019 por el diputado PPD Tucapel Jiménez y que como eje central modificar el actual tiene sistema de gratificaciones. La iniciativa fue reactivada este año: el 9 de marzo, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, instancia que preside el propio Jiménez, la comenzó a analizar.

En concreto, el proyecto busca ampliar la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La gratificación está definida en el artículo 42, letra e) del Código del Trabajo y es “aquella parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador”.

Lo que se busca con este sistema es hacer participar a los trabajadores de las utilidades que anualmente se producen en las empresas en las que trabajan. Pero también tiene un objetivo adicional: elevar la productividad de las empresas y sus empleados a través de incentivar la generación de ganancias.

La ley establece dos sistemas opcionales para el cumplimiento de la obligación del empleador de gratificar a sus trabajadores: el previsto en el artículo 47 del Código del Trabajo y en el artículo 50 del mismo cuerpo legal.

El primero establece la obligación de gratificar anualmente a los trabajadores en proporción no inferior al 30% de las utilidades o excedentes. Y el segundo fija un método alternativo de pago que consiste en el 25% del sueldo anual, con un tope por año de 4,75 ingresos mínimos mensuales.

En la práctica, las empresas chilenas emplean solo el segundo mecanismo, volviendo casi inaplicable la distribución de utilidades líquidas. Según datos de la Encuesta laboral 2019, el 87,3% de las empresas entregó gratificaciones a sus trabajadores. El 79,1% de las empresas lo hizo con el reparto de 4,75 ingresos mínimos mensuales y tan sólo el 2,6% con el artículo 47, distribuyendo al menos el 30% de las utilidades.

El proyecto presentado en noviembre de 2019 por Tucapel Jiménez vuelve casi obligatoriamente la distribución del 30% de las utilidades. Primero, porque elimina el tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales establecido en el artículo 50 del Código del Trabajo y autoriza el pago de gratificaciones por esa vía solo si le permite al trabajador recibir una suma mayor al 30% de los excendentes de las empresas .

Además, la moción reforma el artículo 47 y propone que el cálculo se efectúe sobre el total de las remuneraciones anuales de los trabajadores que tienen derecho a recibirla, excluyendo a quienes no lo tienen. Hoy, el cálculo se hace en base a todos los trabajadores de una empresa, más allá de si tienen derecho a recibirlo, ampliando así la base de cálculo.

“Presenta una serie de deficiencias que imposibilitan que sea una herramienta eficaz para alcanzar el desarrollo y disminuir las desigualdades”. El legislador añade que, en general, las empresas han internalizado como costo fijo las gratificaciones pagadas a sus trabajadores. “Algunas dividen el monto en 12 meses en el sueldo del trabajador, con lo que se pierde el sentido de la norma”, acota.

La propuesta es apoyada por varios diputados, como los RN Francisco Eguiguren, Sofía Cid y Alejandro Santana, Karol Cariola (PC), Gastón Saavedra (PS), Gabriel Silber (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Raúl Soto (Independiente) y Gael Yeomans (Convergencia Social).

En la primera sesión de la Comisión de Trabajo, el gobierno, representado por el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, alertó que esta era una materia de iniciativa propia del Ejecutivo, por lo que sería inconstitucional, ya que afecta las remuneraciones de los trabajadores. Sin embargo, planteó la idea de formar una mesa de trabajo con distintos actores para analizar el sistema y presentar propuestas en un plazo de 4 a 6 semanas.

La idea fue recogida por los parlamentarios y en especial por Jiménez. La mesa se formó a mediados de marzo y en ella participan representantes técnicos de los parlamentarios -oposición y oficialismos-, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

El trabajo de la mesa ha ido avanzando. Ya escuchó a 12 expertos y ahora está en proceso de discusión para comenzar a redactar el informe. Se espera que el texto finalizado esté a mediados de mayo.

Si bien valora el proceso que se está llevando adelante en esa instancia, el diputado Jiménez aclara que en ningún caso será vinculante, sino que un insumo para el debate legislativo. “El 4 de mayo votaremos en general el proyecto para iniciar su discusión en particular. La idea es tomar en cuenta el trabajo de la mesa técnica y buscar puntos de encuentros ”, sostiene.

Entre los integrantes de la mesa técnica existe coincidencia en que el mecanismo de gratificación actual no cumple la finalidad para el cual fue creado, ya que no existe un incentivo real para los trabajadores: la mayoría de las empresas en la práctica lo han incorporado en las remuneraciones sin hacer un reparto efectivo de utilidades.

El tema ha sido de preocupación del sector empresarial desde hace tiempo. En 2013, el entonces consejero de Sofofa y más tarde presidente de la CPC, Alfonso Swett, reconocía que el sistema no era el mejor. “Creo que en las gratificaciones tenemos un tremendo problema (...) El 97% de las empresas pagan el 4,75 y el 3% se acoge al régimen de reparto de utilidades. Claramente aquí hay una oportunidad de involucrar más a los trabajadores ”, aseguró Swett, quien proponía entonces bajar el reparto de 30% al 10% para incentivos efectivos mecanismos de reparto.

Otras opiniones más actuales han rechazado la propuesta. El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a multas de marzo a esta iniciativa en una columna en Pulso.

El ejecutivo escribió que si se aprueba la propuesta, “se destinaría a los trabajadores un 30% de las utilidades líquidas de una empresa, en la parte que exceden de un 10% del capital propio . Hoy, la utilidad se reparte en forma prácticamente igualitaria entre el Fisco y los accionistas (49,45% y 50,55%), absorbiendo estos últimos el 100% de las pérdidas cuando el negocio sale mal ”. Con la iniciativa, describió, los accionistas perderían parte de la utilidad y el Fisco una parte de los impuestos. “Entonces, para recuperar el costo del capital, los precios de los productos deberían subir o las remuneraciones bajar”, ​​alertó.

El tema inquieta en gremios como la Sofofa y el comercio. Una reciente encuesta realizada a empresas del sector comercio arrojó que a un 43% de las compañías consultadas le afectaría mucho, ya un 31,7%, medianamente.

El tema de estudiar cambios a este sistema no es nuevo . Ya en el 2011 un grupo de economistas y abogados integrado por Marcelo Albornoz, Francisco del Río, Andrea Repetto y Ricardo Solari abordó la materia en un informe llamado “Hacia una nueva legislación laboral”.

En ese texto proponían que los empleadores pueden elegir entre dos esquemas alternativos: la gratificación legal bajo la cual se negocia colectivamente el monto a repartir, con un piso del 3% de las utilidades líquidas, sin descuentos por el capital propio, o la gratificación alternativa , equivalente al 25% de la remuneración mensual del trabajador anualizada y sin tope.

Uno de sus autores, Marcelo Albornoz, exdirector del Trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos, y socio de Albornoz & Cía., Señala que “dada la situación económica actual, no es el mejor momento para avanzar en este proyecto que modifica estructuralmente el sistema de remuneraciones ”. No obstante, sí es partidario de revisar el sistema de gratificaciones en una discusión más amplia.

Para Albornoz, no tiene mucho sentido forzar a las empresas a cambiar de sistema sin fórmulas intermedias. "La pregunta es si a todos les vamos a decir que tienen que repartir el 30% o vamos a ver los niveles de utilidades y ahí establecer un sistema mixto y escalonado".

El exsubsecretario del Trabajo y socio de AMLV Abogados, Zarko Luksic, subraya que “lo interesante de la moción es que mantiene las dos dualidades, pero no estoy de acuerdo en que no haya distinción entre el tamaño de las empresas”. Y agrega: “una empresa que está recién partiendo le traerá mayor dificultad que un determinado monto de utilidades se vaya a gratificación en el lugar de reinvertirla. No se hace cargo de la diferencia entre el tamaño de las empresas ”.