Sin duda, nadie en el poder está hablando de expropiar activos en producción y gran parte de la retórica anti-inversionista en Chile proviene de grupos de oposición. Aún así, al exacerbar las desigualdades y exponer las vulnerabilidades de la cadena de suministro, la pandemia está avivando el nacionalismo de los recursos que podría conducir a condiciones menos favorables para los productores justo cuando se expanden en un naciente boom de baterías de iones de litio.

“La confiabilidad del país y de los recursos es algo que las compañías automotrices y de baterías miran”, dijo el analista de BTG Pactual, Cesar Perez-Novoa. "Así que es un riesgo".

El perforador de petróleo estatal argentino YPF confirmó este mes que explorará en busca de litio y se involucrará en la licitación para la producción de baterías a través de una nueva unidad, una estrategia similar a la que solía diversificarse en energía renovable. En México, el gobierno está estudiando la posibilidad de nacionalizar prospectos de litio.

Los países productores de litio han tenido poco éxito en agregar valor a sus industrias de materias primas dada su distancia de los centros de demanda y, a veces, el entorno empresarial adverso. En el caso de Bolivia, los requisitos para invertir aguas abajo han sido una de las barreras para obtener litio del suelo en primer lugar. Otra empresa estatal de energía, Ieasa, cuyo papel está revitalizando el presidente Alberto Fernández después de que el gobierno anterior buscara privatizar muchos de sus activos, ha dicho que incorporará el litio en su estrategia comercial, sin dar más detalles.

Argentina apuesta por lazos estrechos con China, su prestamista de última instancia, para abrir la puerta al sueño de las plantas locales de baterías y vehículos eléctricos. Funcionarios argentinos han estado en conversaciones con Gotion High-Tech y Ganfeng Lithium.

Echar más leña al fuego en Argentina es un proyecto de ley redactado el año pasado por legisladores del partido gobernante Frente de Todos que busca declarar al litio como un "recurso estratégico". Aún así, el proyecto de ley no se está considerando actualmente, dijo una portavoz del partido.

En Chile, el principal proveedor de litio después de Australia, se espera que un proceso para reescribir la constitución incluya un debate sobre cómo capturar más ganancias del sector, requisitos de licencia más estrictos y la clasificación del agua como un bien nacional para uso público.

No está claro si una nueva constitución podría alterar los derechos de propiedad dado que el estado ya es propietario de los minerales, dijo Renato Garin, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Chile, quien fue elegido miembro de la convención que redacta la carta. Es probable que el cambio se base en las reglas ambientales a medida que aumentan las preocupaciones sobre el impacto de la minería de litio en el salar de Atacama.

"Lo que impulsará la nueva constitución es un salto lejos del capitalismo minero para alentar una mayor inversión en tecnología", dijo Garin, un miembro independiente de izquierda de la asamblea, en una entrevista. "Cómo producir sin destruir".

Los comentarios más fuertes provienen de México, donde el gobierno está estudiando el control estatal de los activos. México aún no produce litio y, según los analistas de BTG Pactual, es poco probable que la retórica se convierta en acción. Pero aún aviva la incertidumbre.

Bolivia también está tratando de avanzar con un enfoque estatal para desarrollar sus vastos depósitos. Después de implementar una serie de pruebas piloto durante la última década, incluidos estanques de evaporación gigantes para replicar el método de extracción de salmuera utilizado en Chile y Argentina, la nación sin litoral está recurriendo a nuevas tecnologías.

Bolivia ha llamado a licitación para probar técnicas de extracción directa de litio, o DLE, y los ganadores están programados para anunciarse en las próximas semanas justo cuando la empresa estatal de litio y sus socios finalicen los trabajos en el procesamiento de prototipos y plantas de baterías. Aún así, los experimentos DLE y downstream de Bolivia no ofrecen garantías de un aumento significativo en la producción en el corto plazo.