El Senado brasileño aprobó este jueves un proyecto que permite la privatización de Eletrobras, la mayor empresa eléctrica del país, mediante un proceso de capitalización que le puede rendir al Estado unos 12.000 millones de dólares.
El llamado "texto base", que define las líneas generales del proyecto, fue aprobado con 42 votos a favor y 37 en contra, pero aún deberá ser sometido a una nueva discusión en la Cámara de Diputados antes de ser remitido al Ejecutivo para su sanción.
Ese último trámite deberá ser cumplido la semana próxima, pues el proyecto fue presentado bajo la forma de "medida provisional", como en Brasil se conoce a iniciativas del Gobierno que tienen validad por tres meses, que en este caso se cumplirán el próximo miércoles.
Mediante este proyecto, se abriría un proceso de capitalización de la empresa, la mayor del sector eléctrico en América Latina, en el que el Estado se abstendría de participar.
De ese modo, se calcula que se reduciría la participación estatal en la compañía del actual 60 % a cerca de un 45 %, todo mediante una oferta pública de acciones en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
El proyecto establece además que cada accionista privado no podrá tener más de un 10 % del total del capital y le reserva al Estado una llamada "acción dorada", que le daría poder de veto en algunas decisiones de la empresa.
De acuerdo a los cálculos del Gobierno, ese proceso pudiera suponerle unos ingresos cercanos a los 60.000 millones de reales (hoy 12.000 millones de dólares) y sería realizado este mismo año o durante el primer trimestre de 2022.
Eletrobras posee el 43 % de las líneas de transmisión del país, con una extensión sumada de 76.230 kilómetros, y cuenta con una capacidad instalada de generación de 50.676 megavatios (MW), equivalente al 29 % de la producción brasileña.
El año pasado, la firma estatal obtuvo un beneficio neto de 6.387 millones de reales (unos 1.205 millones de dólares), un valor 43 % menor respecto a 2019, debido al peor desempeño en el segmento de generación, entre otros factores.
El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, de corte liberal y que promueve un vasto proceso de privatizaciones, ha alertado de que el país está a las puertas de una grave crisis hídrica y que el sector eléctrico "sufrirá las consecuencias".
El propio mandatario ha intentado justificar la privatización de Eletrobras con ese argumento, que es resistida por los sindicatos y los partidos políticos del espectro progresista.
Bolsonaro había dicho que habrá "caos energético" en el país si no se vende Eletrobras, cuya privatización es clave para Guedes, que no ha podido privatizar empresas de gran porte, además de la venta por cambio de paquete accionario de la distribuidora de estaciones de servicios de Petrobras, BR Distribuidora.
La cuenca del Paraná está sufriendo la peor crisis hídrica en 91 años, lo cual ha aumentado las multas a los consumidores por la sequía de las centrales hidroeléctricas.
Casi el 80% de la generación de energía en Brasil es de matriz hidroeléctrica.
Trabajadores no esenciales para el mantenimiento del servicio de la empresa, fundada en 1962, están en huelga esta semana en repudio al decreto provisorio de Bolsonaro.
Y ahora se suma esta buena noticia para la agenda privatizadora del Gobierno, que depende el próximo lunes de que Diputados, por amplia mayoría, ratifique las modificaciones hechas por el Senado.
Este triunfo de la agenda del ultraliberal Guedes, un admirador del dictador Augusto Pinochet y el modelo jubilatorio chileno, llegó el mismo día en que el ministro de Economía causó revuelo por afirmar, en un evento con supermercadistas, que las políticas sociales contra el hambre deben hacerse con las sobras de la clase media y de los restaurantes.
"El plato de un clasemediero europeo, que pasó por dos guerras mundiales es pequeño, pero el nuestro, en cambio, tiene sobras enormes. Precisamos pensar cómo usar ese exceso en el día a día, porque con eso se puede alimentar a personas frágiles, mendigos, desamparados, mucho mejor que dejar que se pudra", afirmó en el seminario en San Pablo.
Para Guedes, "encadenar los excesos de los restaurantes con la política social es algo que debe ser hecho".
