WILFREDO MIRANDA

El arresto domiciliar y la causa abierta por el supuesto delito lavado de dinero que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo le impuso a Cristiana Chamorro para inhabilitar su candidatura presidencial es parte de una nueva modalidad represiva en Nicaragua, cuyo principal objetivo, como resume la historiadora Dora María Téllez “es limpiar de la boleta a todas las candidaturas existentes de la oposición”.

La afirmación de la también exguerrillera tomó más fuerza, cuando la policía detuvo en el aeropuerto internacional de Managua a otro precandidato presidencial: el catedrático Arturo Cruz por “contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

Cruz, que regresaba de un viaje de Estados Unidos, fue arrestado en virtud de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, una normativa que castiga a quienes “inciten la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras”.

En otras palabras, una ley para opositores que celebren o promuevan sanciones internacionales contra el Gobierno Ortega-Murillo.

Esta ley es parte de otras leyes punitivas aprobadas por el régimen sandinista en 2020 de cara al proceso electoral, las cuales mezcladas con el perenne estado de sitio policial tienen cercado a los opositores. Las otras leyes son la de cadena perpetua, la Ley de Ciberdelitos (dirigida a periodistas) y la Ley de Agentes Extranjeros.

Un cóctel legislativo que en la actualidad está usando Ortega para dar paso a su tercera reelección consecutiva de la mano de su esposa, alargando más la crisis sociopolítica que el país atraviesa desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales.

El caso de Cristiana Chamorro, la aspirante con más simpatía, según las encuestas- ilustra casi por completo esta estrategia que garantiza a la pareja presidencial su perpetuación en el poder. Horas después que Chamorro se inscribió en un mecanismo para elegir al candidato único de la oposición, el Ministerio Público inhibió de facto su candidatura, sustentado en una investigación por supuesto lavado de dinero que semanas atrás abrieron contra ella y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La ONG dedicada a la promoción y el fortalecimiento del periodismo cerró en febrero pasado para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros que criminaliza la cooperación internacional.

Pese a ello, la Fundación Violeta fue indiciada junto a Chamorro, quien antes del cierre de la organización había renunciado a la dirección para lanzar su candidatura presidencial. Chamorro era perfilada como la candidata capaz de unir a la oposición dividida en dos bloques. Después de más de un año de diferencias, los opositores parecían comenzarse a encontrar bajo la casilla de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, consensuar un candidato único y acudir a unas elecciones con la consigna de condiciones de transparencia y competitividad.

Justo cuando las desavenencias opositoras se estaban disipando, Ortega irrumpió con una estrategia en dos vías. Por un lado se aseguró el control del sistema con una reforma a la ley electoral a su medida, según expertos en la materia, y refrendando el control del cuestionado Consejo Supremo Electoral con magistrados leales a él. Por el otro lado, despuntó las inhibiciones de candidatos con la detención de Cristiana Chamorro, y le siguió sorpresivamente Arturo Cruz, quien entre 2007 y 2009 fue el embajador del régimen sandinista en Washington.

Ahora, se avecina el bloqueo de otro candidato muy popular: Félix Maradiaga, quien durante las protestas sociales ya fue indiciado por cargos de “terrorismo” y financiamiento proveniente del narcotráfico, dos señalamientos que nunca pudo probar la justicia sandinista.

El argumento para inhibir a Maradiaga es la maniquea interpretación del artículo 147 de la Constitución, de acuerdo al reclamo del mismo afectado. Ese artículo establece que para poder aspirar a la presidencia se debe “haber residido de forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección”. Maradiaga tuvo que exiliarse forzadamente en 2018, luego de una brutal paliza en la ciudad de León y una orden de captura en su contra. Este sábado, el precandidato anunció que había sido citado en la Fiscalía.

“Hay argumentos para que esa situación de Maradiaga no se aplique al pie de la letra, porque en la Constitución hay un vacío en relación a las causas por la cual una persona está fuera del país, en el sentido de exiliado político. Maradiaga nunca cambió su domicilio y cuando pudo regresó al país”, explicó Yader Loza, experto en materia electoral. “Más allá de lo que diga o no diga la ley, en Nicaragua no hay ley… para el Gobierno la única ley es lo que dice el presidente y la vicepresidenta”.

Opositores bajo casa por cárcel

Sumado a ello, el régimen mantiene en arresto domiciliar a los aspirantes Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, quienes por ahora no tienen cargos judiciales abiertos. Todos estos opositores y otros de mayor liderazgo son vigilados 24 horas y siete días a la semana por contingentes policiales.

“Estas acusaciones infundadas, a solo cinco meses de las elecciones generales, forman parte de una campaña tendiente a inhibir a los opositores para el ejercicio de cargos de elección popular, por parte de un régimen que trata de mantenerse a toda costa en el poder”, reclamó este sábado la Alianza Ciudadanos por la Libertad, luego de conocerse la detención de Cruz, quien se ha destacado como catedrático Incae Business School.

Cruz fue detenido un día después que Estados Unidos prometió más sanciones como represalia al arresto domiciliario bajo aislamiento en el que mantienen a Cristiana Chamorro.

“Ellos ya están decididos a hacer una farsa electoral y con ello tienen que inhibir a todos los candidatos, sacar a todos los partidos que quieran ser oposición y quedarse solos”, dijo Dora María Téllez. Muestra de ello han sido la inhibición de una de las casillas donde planeaba correr la Coalición Nacional, uno de los bloques opositores surgidos en 2018. El Consejo Supremo Electoral sacó de la contienda al Partido Restauración Democrática (PRD) por razones religiosas. Dos días después, también despojó de su personería jurídica al Partido Conservador (PC). Los Ortega-Murillo están diciendo ‘me voy a mantener a sangre y fuego en el poder’. Eso dicen”, sostiene Téllez, también perseguida por el Gobierno.

Nicaragua, Daniel Ortega y la anarquía que viene

MARCELO CANTELMI */Clarín

El régimen nicaragüense acaba de exhibir con claridad hasta qué punto se ha anarquizado la región. No es por cierto esa comarca martirizada por dos dictaduras, la de los Somoza antes y la actual del espantajo conservador que queda del sandinismo, el mejor ejemplo de prolijidad que pudiera evitar este desenlace.

Pero el arresto, incomunicación e inhabilitación de la candidata opositora, la periodista Cristiana Chamorro, favorita para derrumbar al autócrata Daniel Ortega, expone un extremo de la generalización de los métodos autoritarios en estas fronteras.

En noviembre hay elecciones nacionales en ese país tomado como un feudo por Ortega y su mujer Rosario Murillo. Cristiana es la hija de la ex presidente Violeta Chamorro quien en 1990 derrotó al actual líder del régimen y le arrebató la mayoría en el Congreso. Ese escenario amenazaba ahora repetirse. Las encuestas colocaban en el podio a esta mujer de 67 años que anunció su candidatura en enero para competir con el autócrata decidido a obtener un cuarto mandato sucesivo.

La maniobra para evitar ese desenlace fue la construcción de una causa por supuesto lavado de dinero en una fundación que anteriormente presidió la candidata. El régimen hizo desfilar a números periodistas ante la fiscalía para presumir de una investigación que ya había sido resuelta.

Ortega tiene una inquina con la prensa a la que acusa de haber apoyado las protestas prodemocráticas de 2018 que, en un festival de violación sistemática de los derechos humanos, dejaron 328 muertos y miles de exiliados.

Nicaragua viaja en el mismo tren que Venezuela donde se ha acentuado la prepotencia represiva del régimen tras el fracaso de la oposición liderada por Juan Guaidó para intentar una apertura democrática y remover a Nicolás Maduro. 

El chavismo es el ejemplo más rotundo en Sudamérica sobre la ignorancia de cualquier límite institucional, de fingir elecciones, suprimir a la oposición e imitar las recetas de represión de las viejas dictaduras de los años ’70. Como en Caracas, Managua le echa la culpa de todo a EE.UU. para entusiasmar y callar a una claque regional que admira lo que no existe.

Una mirada más amplia encuentra nuevos jugadores en este amplio campo autoritario. El salvadoreño Nayib Bukele es un recién llegado en la concepción de que los equilibrios institucionales y su independencia configuran una fórmula que atrasa. Derechista y admirador de Donald Trump, después de ganar las legislativas con el lema de la lucha contra la corrupción, descabezó a la Corte Suprema y ya tiene a los tres poderes devenidos en dóciles escribanías.

En una reunión reservada con diplomáticos extranjeros Bukele comparó recientemente a sus críticos con quienes apañaron en el siglo pasado el genocidio nazi del pueblo judío, un comentario que irritó pero que dejó en claro, de paso, la indiferencia de este dirigente frente a semejantes crímenes.

Muy cerca de ahí, en Honduras, el presidente también de derecha Juan Orlando Hernández, denunciado por la corrupción reinante en ese pobrísimo país, se reeligió en 2017 manipulando la Constitución y en plena elección, cuando advirtió que estaba perdiendo, detuvo el conteo y se declaró ganador.

Hernández, quien también echó a cuatro jueces de la Corte, tiene al país abandonado y florecen las acusaciones en EE.UU. por vínculos con el narcotráfico y protección rentada a esas mafias. Según la agencia AP las tres principales autoridades policiales ya en 2018 estaban involucradas en el tráfico de cocaína. La represión sostiene ese armado tóxico que en gran medida explica el torrente de desesperados que escapan como pueden intentando llegar a la frontera norteamericana.

En todo este mapa regional la justicia es una presa conquistada o a conquistar como en el caso argentino, donde el gobierno, o parte de él, desespera, como se sabe, por tener los tribunales alineados como exhiben Maduro, Ortega y ahora el inclemente Bukele.