El actual proceso electoral ha sido precedido por la mayor contracción económica y el peor deterioro de las finanzas públicas de los últimos 30 años
La segunda vuelta electoral se dará en un contexto de crisis sanitaria y económica. En la memoria reciente, los comicios se han dado bajo una relativa estabilidad económica. Pero esta no ha sido la primera vez que se llevan a cabo en una situación difícil para el país.
Luego de 12 años de gobierno militar en el país, en 1980 se dieron las primeras elecciones generales desde 1963. Estos comicios se llevaron a cabo en un contexto de recuperación económica después de la crisis de 1978: el PBI creció 4,1% en 1979 por el aumento de las exportaciones impulsadas por un fuerte incremento de los precios de commodities. Esta recuperación se mantuvo durante el contexto electoral, con un alto crecimiento de la inversión privada (34%) en el primer semestre del año.
Sin embargo, ya se observaban los problemas estructurales que marcarían el desempeño económico durante esta década. A pesar de haberse reducido en el año previo, la inflación anual a mayo de 1980 –mes de las elecciones– alcanzaba 57% y la deuda externa neta en 1979 fue de 50% del PBI.
Para las elecciones de 1985, la actividad económica había crecido por cuatro trimestres consecutivos, impulsado por la expansión del consumo privado. No obstante, por una confluencia de choques externos –crisis de la deuda latinoamericana– e internos –las dificultades en la implementación de reformas durante el gobierno de Acción Popular–, la economía se había deteriorado. En abril de 1985, la inflación anual se había incrementado hasta 144%, mientras que la deuda externa aumentó hasta cerca del 80% del PBI.
El gobierno aprista entrante mantuvo errores anteriores –como la expansión de las empresas públicas y la restricción de las importaciones– y cometió nuevos –la salida del país de los circuitos financieros internacionales–. Sumado a la devastación terrorista, el Perú enfrentó así las elecciones de 1990 en medio de la peor crisis económica de su historia. A pesar de que se puede observar un alto crecimiento del PBI (14,9%) en el primer trimestre de 1990, esta expansión a través de medidas insostenibles solo perpetuó el deterioro.
La riqueza promedio de los peruanos se había reducido en 24% entre 1987 y 1989, el déficit fiscal se había profundizado –en acumulado, 11% del PBI al primer trimestre de 1990– y, durante la primera mitad del año, la hiperinflación llevó a que, en promedio, los precios se duplicaran cada dos meses.
Las reformas estructurales de inicios de los noventa permitieron controlar la inflación y estabilizar la economía. Para las elecciones de abril de 1995, la inflación anual era tan solo 11% y el PBI había crecido 12,3% en 1994, la expansión más alta desde 1935, debido a un fuerte incremento del consumo y la inversión privada, así como un programa de aumento del gasto público a partir de la segunda mitad del año.
Sin embargo, las condiciones económicas fueron muy distintas un lustro después. Las elecciones del 2000 estuvieron marcadas por una convulsión social y por la desaceleración de la economía resultante del impacto de la crisis financiera rusa.
Este choque externo explicó, parcialmente, que tanto el consumo como la inversión privada cayeran por dos años consecutivos entre 1998 y 1999, lo cual redujo los ingresos del Estado y deterioró las finanzas públicas, con un déficit acumulado de 3,7% al primer trimestre del 2000. La caída del gobierno a fines de ese año llevó a nuevas elecciones entre abril y junio del 2001, en un contexto económico muy similar, con dos trimestres consecutivos de caída del PBI.
Los procesos electorales del 2006 y 2011 ocurrieron en un contexto caracterizado por un alto crecimiento económico, baja inflación y una gradual recuperación de las finanzas públicas.
En el 2005, la economía había registrado una inflación de 1,5% y una expansión del PBI de 6,3% –la tasa de crecimiento más alta desde 1997–, que fue impulsada por la construcción de diferentes proyectos mineros –la inversión minera, según cifras del Minem, creció 174% en dicho año–. El entorno internacional era también favorable para el país, evidenciado por el incremento del valor de las exportaciones peruanas. La mejor recaudación producto del crecimiento económico fortaleció las cuentas fiscales: el déficit del sector público fue de solo 0,4% del PBI en el 2005.
Cinco años más tarde, a pesar del impacto de la crisis financiera global, la economía peruana también mostraba un alto crecimiento. Luego de exhibir un avance de apenas 1,1% en el 2009, el PBI aumentó 8,3% en el 2010 como resultado de un aumento en el consumo e inversión del sector privado, que registraron tasas de crecimiento no observadas desde 1995 –9,1% y 25,8%, respectivamente–. Además, en el 2010, el precio del cobre llegó a máximos históricos de ese entonces –US$3,42 por libra–.
Por el contrario, las últimas elecciones generales en el 2016 no se dieron en un contexto igual de favorable. Durante los dos años previos, el crecimiento económico se desaceleró de un promedio anual de 6,6% entre el 2004 y el 2013 a un ritmo de solo 2,4% en el 2014 y 3,3% en el 2015. Esto se dio por un contexto internacional más adverso –caída de los precios de exportación de 28,4% en el 2015– que repercutió sobre la inversión minera, cuya reducción también acarreó la caída de las inversiones de otros sectores. Más aún, esta desaceleración llevó a la caída más severa de la recaudación fiscal desde el 2009.
El actual proceso electoral ha sido precedido por la mayor contracción económica y el peor deterioro de las finanzas públicas de los últimos 30 años. Pese a este escenario, la economía podrá retornar a la senda del crecimiento si la próxima administración apuesta por mantener los fundamentos que permitieron al país recuperarse rápidamente de otros episodios de crisis en el pasado.