MARIANO BOETTNER

El universo de trabajadores que están por fuera de las relaciones laborales formales y que no están inscriptos en ningún régimen tributario sigue siendo una gran incógnita para el Estado. Recientemente el Gobierno realizó una suerte de “censo” voluntario entre personas que trabajan por su cuenta o asociados en cooperativas en distintos rubros como cuidados, limpieza y otros como construcción y transporte a escala barrial, lo que se denomina la “economía popular”.

El Ministerio de Desarrollo Social detectó a través de ese llamado a inscripción poco más de 2 millones de trabajadores en esa condición y pudo consignar que el alcance de la asistencia del Estado a ese amplio grupo de personas es muy limitado: según datos oficiales, solo uno de cada cinco cobra la Asignación Universal por Hijo o el nuevo plan Potenciar Trabajo.

Un estudio reciente realizado por la cartera que dirige Daniel Arroyo definió a los trabajadores de la “economía popular” como aquellos que “viven a partir del trabajo que realizan, pero, al estar por fuera de las relaciones asalariadas tradicionales, por el tipo de trabajo o la forma de organización que adoptan, no son reconocidos y reconocidas como tales”.

El relevamiento abarcó una inscripción que tuvo lugar entre julio pasado y febrero de este año. En total, se anotaron en el registro de trabajadores de la economía popular 2.093.850 trabajadores, que se desempeñan en rubros como Servicios Socio Comunitarios, Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos, Servicios Personales, Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales, Construcción e Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental, Industria Manufacturera, Agricultura Familiar y Campesina y, por último, Transporte y Almacenamiento.

La mayor parte (58%) trabaja de manera individual y el resto lo hace de manera conjunta ya sea a través de organizaciones sociales, cooperativas, mutuales o emprendimientos familiares. La mayoría de este tipo de tareas es realizada por mujeres (un 57,1%), mientras que el 42,9% lo realizan varones. “Esta marcada feminización, contrasta notablemente con la masculinización de la población trabajadora en el mercado laboral asalariado privado registrado”, concluyó el estudio.

Se trata, además, de un universo población joven: de los poco más de 2 millones de trabajadores de la economía popular censados, dos de cada tres tienen entre 18 y 35 años. Al compararlos con los datos del empleo registrado privado, el contraste es notorio: mientras solo el 6,7% de los jóvenes de entre 18 y 24 años tiene un trabajo en blanco, la proporción empleada por su cuenta o colectivamente en la economía popular asciende al 30,2 por ciento.

En un análisis por regiones, la provincia de Buenos Aires concentra el 35,7% del total de personas en esa situación de precaridad laboral. Le siguen las provincias de Chaco con un 5,6%, Tucumán con un 5,5 % y Salta con un 5,2% de las inscripciones. “Si se compara con la población total entre 18 y 65 años por provincia, se observa que en Formosa, Santiago del Estero y Jujuy las inscripciones tienen un peso más significativo que en la Provincia de Buenos Aires”, asegura el informe.

Un dato que marca el nivel de precaridad de este tipo de empleo es que solo el 5,2% está registrado en algún régimen tributario: la mayor parte es monotributista social (4,65%) y el resto están bajo las categorías A y B (las más bajas) del régimen simplificado.

Economía popular: Qué tareas hacen y qué ayuda tienen del Estado

Un 30% de los trabajadores de la economía popular declararon trabajar en el sector de Servicios Personales y otros oficios, un sector que está más feminizado que el promedio, ya que está compuesto en un 62% por mujeres, en un 85% de forma individual y un 72% desempeña esas tareas en su domicilio.

En detalle, este rubro incluye servicios de limpieza (22%), peluquería, depilación, manicuría o masajista (8%), asador o cocinero (7,4%), jardinero, podador, piletero (3,1%), mecánico, chapista, electricista o pintor de vehículos (2,2%), servicios informáticos (1,6%), herrero, tornero o afilador (1,4%), gomería (1%), reparador/a de electrodomésticos, electrónica o motores (1%) y en proporciones menores paseador o cuidador de mascotas, zapateros, lustrabotas, vigilador y bicicletero, entre otros.

En segundo lugar se destacan los Servicios Sociocomunitarios, que concentra al 28,6% del total. Al contrario del primer caso, “se observa un claro predominio de quienes trabajan de forma colectiva (78%) frente al 22% que declara hacerlo en forma individual”, remarcó Desarrollo Social.

Seis de cada diez personas inscriptas en este sector desempeñan tareas en comedores y merenderos comunitarios, seguidos de Otras tareas (24,8%), cuidado de personas (3%), trabajador/a de medios de comunicación comunitarios (2,9%), Trabajador/a de cultura comunitaria (2,4%), Servicios o promotor de salud (1,9%) y Promotor/a de género o contra la violencia de género (1,4%), entre otros.

“Es posible afirmar que la gran cantidad de trabajadora/es inscriptos/as en la rama socio comunitaria, esté relacionada con la coyuntura de emergencia social y alimentaria producto principalmente del proceso de recesión económica sostenida desde mediados del año 2018 y profundizada -en términos económicos, sociales y sanitarios- por los efectos de la pandemia de Covid-19″, consideró el Gobierno. Entre los dos primeros rubros consignados se explica el 60% del total de personas inscriptas.

El tercer sector con más relevancia en la economía popular es Comercio popular y trabajos en espacios públicos, que representa al 13% del total. El 63,2% está compuesto por mujeres y el 36,8% por varones y la gran mayoría (77,9%) declara trabajar de forma individual, superando por 20 puntos al promedio general.

Uno de cada cuatro (26%) son vendedores ambulantes, mientras que también están incluidos feriantes (18,3%), artesanos (10,5%), venta directa (10%), vendedor de punto fijo (7,5%), intermediación solidaria (4,6%), artista callejero (1,8%) y limpiavidrios (1,3%).

Más atrás le sigue Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, que implica casi el 10% del total de trabajadores de la economía popular. “Hay un marcado predominio de varones (76,2%) frente a las mujeres (23,8%) lo cual está relacionado la masculinización histórica de las actividades de la construcción”, relevó el estudio. La mayoría (55,3%) lo hace de forma organizada en cooperativas u organizaciones sociales.

La gran mayoría (60,4%) se divide entre albañil/durlero (31,5%) y ayudante o auxiliar en obras de construcción (28,9%). A ellos se les suma los que trabajan como pintores (6,3%), electricistas (2,6%), herreros (2,1%), entre otros.

Con menos peso en el relevamiento se destacan agricultura familiar, producción de alimentos, de indumentaria o textiles, cartoneros, limpieza de terrenos y espacios verdes, recicladores de basura, transporte de pasajeros, delivery, mensajería, carga de mercadería y fleteros.

El Ministerio de Desarrollo Social midió por último cuál es el alcance que tienen dos de los principales programas de asistencia del Estado, la Asignación Universal por Hijo y el Potenciar Trabajo, especialmente en un contexto de pandemia en que hubo un deterioro marcado de los indicadores sociales de pobreza y desempleo.

“Sólo el 22,4% de inscriptos/as percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,1% perciben el programa Potenciar Trabajo orientado principalmente a fortalecer e impulsar el trabajo que se desarrolla en la economía popular”, sostuvo el informe oficial. Este último plan de asistencia otorga medio salario mínimo por 4 horas diarias de trabajo.

“Se puede pensar que los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular forman parte de una realidad que desborda a la política social y laboral y que por lo tanto se presentan como un importante desafío para nuestra gestión”, fue otra de las conclusiones.