En una nueva sesión especial maratónica, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto que modificaa el impuesto a las Ganancias a las empresas y que establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

La iniciativa fue aprobada pasadas las 2.30 por 124 votos a favor y 104 en contra, con 28 ausencias, y fue girada de inmediato al Senado.

Acompañaron al Frente de Todos en la sanción del proyecto el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el Movimiento Popular Neuquino y la bancada de Córdoba Federal (PJ cordobés), y se expresaron en contra los de Juntos por el Cambio y Consenso Federal, además de otros espacios minoritarios.

El tratamiento del proyecto demoró más de tres horas y se inició cuando ya habían transcurrido más de ocho del inicio de la sesión en la que se aprobaron los expedientes sobre postergación de las elecciones legislativas y caducidad de partidos políticos.

Al tomar la palabra como miembro informante por el oficialismo, el diputado Carlos Heller defendió la iniciativa y anunció una serie de modificaciones, respecto al dictamen de mayoría firmado el 28 de abril pasado: se elevó de 20 a 50 millones de pesos el límite de ganancias netas acumuladas para la segunda y tercera escala.

Se estableció entonces un primer escalón de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta 5 millones, una alícuota que no sólo abarcará a las PyMEs sino también a la mayoría de las medianas empresas.

El segundo escalón de 30% será para ganancias netas acumuladas de entre cinco y 50 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a esa suma. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7% a través del impuesto cedular vigente.

Este esquema significa que habrá un aumento de la presión tributaria exclusivamente en el segmento de empresas con mayores ganancias declaradas en tanto que habrá una baja de la carga impositiva para 9 de cada 10 empresas.

Estas modificaciones representarán un ingreso adicional para el Tesoro de unos $133.164 millones, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que midió cuánto dinero más se podrá recaudar por las modificaciones en comparación con la actual situación del gravamen.

En el debate, el oficialista Ariel Rauschenberger, señaló: "Ante un contexto pandémico que nos demanda cada vez mayores esfuerzos, debemos dar un paso hacia la sustentabilidad fiscal y aliviar a las empresas de menores ganancias".

En un encendido discurso, el diputado Hugo Yaski completó la defensa del proyecto: "Nuestro país está sufriendo las consecuencias de un proceso en el que de manera absolutamente contradictoria en un contexto de pandemia, los que eran ricos antes de la pandemia son más ricos y los que eran pobres hoy son más pobres".

Por Juntos por el Cambio, Luciano Laspina cuestionó la iniciativa: "Hoy estamos votando un aumento impositivo a casi todos los tramos de las empresas y no de los empresarios, un aumento de la presión tributaria en un país que tiene presión tributaria récord".

El radical Luis Pastori, amplió la voz de JxC: "El objetivo de este proyecto es claramente recaudatorio; y lo hacen en este contexto donde se mezcla la pésima gestión de la pandemia, más la profunda crisis económica, que da como resultado un escenario de pérdidas económicas generalizadas, para cuyas empresas el mercado central es el mercado interno. Pretenden compensar la reducción de la carga tributaria de Impuesto a las Ganancias de las rentas de cuarta categoría".

Desde Consenso Federal, Jorge Sarghini, fijó la postura negativa de su bloque: "Lo más importante por lo que nosotros no acompañamos este proyecto, es que aún en lo más profundo de las crisis, cada política pública que se decide tiene que arbitrar entre el corto y el largo plazo".

Por el Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag, explicó su voto a favor: "Voy a acompañar el proyecto, considerando que es un avance en alinear la carga tributaria con la estructura de las empresas, mejorando la progresividad del impuesto".

Luego, la Cámara baja buscará convertir en ley el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores y que permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia.