SANTIAGO SPALTRO

El Gobierno publicará las nuevas tarifas de transición del gas natural entre fines de esta semana y principios de la próxima. Será con un aumento de entre 6% a 7% para usuarios residenciales y 4% para pymes, dijeron contaron fuentes oficiales y privadas.

Según fuentes cercanas a La Cámpora, la actualización de las tarifas de gas será "la única" del año, como garantizan que también pasará con la energía eléctrica, tras la suba de 9% que rige desde el 1 de mayo.

Hace dos semanas, la definición de las tarifas metropolitanas de la luz detonó las diferencias internas en el Frente de Todos en relación al modelo económico, el destino de los recursos fiscales ante la pandemia, los subsidios, el déficit y la emisión monetaria, en lo que fue el choque entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Ahora, desde el Instituto Patria, quienes se referencian en el liderazgo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, vuelven a marcar que el incremento de un dígito en las boletas de gas será por única vez en 2021, contra el deseo de Guzmán de apurar la segmentación para aplicar un alza más adelante en el año.

El cuadro general obligará al Tesoro a desembolsar más subsidios para sostener el funcionamiento del sector.

Con el congelamiento del precio mayorista del gas (en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST), el Estado cubrirá cerca del 56% del costo (u$s 2,20 por millón de BTU sobre un estimado de u$s 3,94), para lo que demandará partidas adicionales por casi $ 37.000 millones en relación a las presupuestadas.

Si continúa el ascenso en los precios de las commodities, el costo de las importaciones de combustibles podría ser aún mayor.

En las últimas semanas, las distribuidoras aceptaron las actas acuerdo giradas por el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.

Empresas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi (del Sur y Pampeana), EcoGas (Distribuidora de Gas del Centro y de Cuyo), Gasnor, Gas Nea y Litoral Gas tendrán una mejora en su margen bruto cercana al 30%, de acuerdo a lo que comunicaron públicamente a sus inversores en sus recientes presentaciones de resultados ante la Bolsa.

Eso les servirá para equilibrar sus distintas situaciones financieras, pagar salarios, mantenimientos, inversiones prioritarias y el gas que le compran a las productoras.

No obstante, el presidente de una compañía, en estricto off the record, dijo a El Cronista que el aumento de las tarifas no será suficiente para abonar todos los gastos.

En cambio, el Gobierno extenderá el congelamiento sobre los ingresos de las transportistas hasta que se realice la Revisión Tarifaria Integral (RTI) ordinaria, dentro de 18 a 24 meses.

Las firmas Transportadora de Gas del Norte (TGN, co-controlada por Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian a través de las firmas Tecpetrol y CGC, respectivamente) y Transportadora de Gas del Sur (TGS, co-dirigida por Marcelo Mindlin, de Pampa Energía) no aceptaron las actas acuerdo y se encuentran analizando alternativas legales, como reclamos administrativos en una primera instancia.

El Economista:  ¿Tarifa social o segmentación de tarifas?

ALEJANDRO EINSTOSS *

Luego de año y medio de gestión, la actual administración mantiene en la discusión pública la idea de “segmentar las tarifas”. ¿Qué interpretación tiene el Gobierno de este tema? La respuesta la encontramos en palabras del Presidente en su ultimo mensaje a la Asamblea Legislativa.

“He dicho una y mil veces que las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de nuestra gente. Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio. El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren”.

Nadie podría oponerse al propósito último, señalado por el Presidente. Sin embargo, el problema aparece con la segmentación.

Existen restricciones normativas y regulatorias explícitas en la aplicación de “tarifas diferenciales” según la capacidad de pago o patrimonial como se plantea desde el Poder Ejecutivo.

Tanto las leyes que regulan la prestación de los servicios públicos de gas natural como de energía eléctrica son claras al respecto: “En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categoría de consumidores podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores”[1].

Es decir, la legislación prohíbe los subsidios cruzados y, por lo tanto, cada usuario debe hacerse cargo del costo del servicio consumido. Por ende, la idea de segmentación tarifaria promovida por el Gobierno choca con la legislación vigente.

¿Qué pasa entonces con quienes no pueden pagar el costo del servicio? Tarifa social.

La tarifa social es el mecanismo vigente que identifica y focaliza el universo de usuarios vulnerables.

La identificación se realiza a través del sistema SINTyS[2] y Anses, en base a criterios objetivos que pasan por ser titular de programas sociales, jubilado o pensionado con haberes mínimos, aquellos que reciben seguro por desempleo, o certificado de discapacidad, entre otros.

Este mecanismo implica descuentos en bloques de consumo de energía, e incluye criterios de exclusión del beneficio a partir de cruces con los registros de propiedad inmueble, automotor, embarcaciones de lujo, etcétera.

Sin dudas estamos frente a un mecanismo de focalización perfectible en vistas a evitar errores de inclusión y exclusión, pero resulta el instrumento disponible que permite transformar ineficaces y opacos subsidios a la oferta en subsidios a la demanda focalizados en quienes lo requieren.

 Así, la tarifa social en su actual morfología podría ser complementada por una combinación de mecanismos de focalización como la comprobación previa de medios de vida de los solicitantes, georreferencias o criterios catastrales y umbrales de consumo, todo en vistas de una mejor focalización y aplicación de los recursos públicos.

En síntesis, la idea de segmentación que impulsa el Gobierno, si bien debatible y objeto de análisis, implica la necesaria modificación de las leyes que enmarcan el funcionamiento del sector.  La urgencia que presenta la pandemia y sus consecuencias económicas en los usuarios vulnerables impone la necesidad inmediata de profundizar y ampliar la cobertura existente con tarifa social y finalizar con el congelamiento tarifario que no solo implica una “tarifa social generalizada” sino que en un entorno de alta inflación genera un volumen de subsidios que pone en jaque el funcionamiento del sector y la macroeconomía.

* Economista, Profesor e Integrante del IAE Gral. Mosconi

[1] Ley 24.076 – Capitulo 1 – Punto IX – último parrado. Ley 24065 – Capitulo X – Articulo 42, inc E. Complementados por los art 43 de la Ley 24.076 y art 44 de la Ley 24.065: “Ningún transportista o distribuidor podrá aplicar diferencias en sus tarifas, cargos, servicios o cualquier otro concepto, excepto que tales diferencias resulten de distinta localización, tipo de servicios o cualquier otro distingo equivalente que razonablemente apruebe el ENTE”.

[2] Sistema de identificación Nacional Tributario y Social, que coordina el intercambio de información patrimonial y social de las personas entre organismo públicos.