Las soluciones para los problemas que atraviesa el Perú están más relacionadas a una mejor ejecución del gasto público que a la aplicación de un nuevo modelo de soberanía energética
Si bien es cierto que el Perú ha aumentado su presupuesto nacional, y demostrado una estabilidad macroeconómica con una inflación controlada, también es cierto que esto no ha garantizado necesariamente la reducción de la pobreza en diferentes localidades del país, donde aún persisten grandes brechas sociales.
Las cifras demuestran que la pobreza se redujo en 5% anual en la última década, sin embargo, a pesar de ello, los Mapas de Pobreza Distritales del 2013 y 2018 muestran que en uno de cada diez distritos pobres se incrementó la pobreza en 5%.
Las propuestas de las últimas elecciones presidenciales son una invitación a reflexionar sobre esta paradoja. No es casualidad que uno de los candidatos proponga la nacionalización de los campos petroleros y gasíferos, y una mayor tributación de estos recursos energéticos, tomando como ejemplo la experiencia de Bolivia. Ello, con el supuesto objetivo de que la población —especialmente los sectores que le han dado su voto— se beneficien del impacto positivo que estos recursos generan.
Sin embargo, las buenas intenciones también pueden llevarnos a conclusiones equivocadas. Por eso, es mejor analizar a fondo el modelo boliviano para saber si consiguió resultados positivos y sostenibles.
Entre el año 2005 y 2014, la participación del fisco en la exploración y explotación de hidrocarburos —el llamado upstream— se incrementó debido a la aprobación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH, equivalente al 32% de la producción bruta de las empresas, y, en menor medida, a la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos, ocurrida en el 2006 durante el gobierno de Evo Morales.
El gobierno de Morales estableció que la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) participara de un 32% adicional de la producción de hidrocarburos de aquellos campos de gas natural que producían 100 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) al año 2005. Con este esquema, añadiendo las regalías (18%) y el IDH, el fisco boliviano gravó con el 82% a la producción bruta de hidrocarburos.
Este incremento permitió al estado boliviano participar en las rentas extraordinarias que generó el sector como resultado del contrato de exportación con Brasil, aprobado en la década de los 90, y el notable crecimiento de los precios internacionales del petróleo, que redundaron en mayores precios de exportación del gas natural boliviano.
Además, se consiguió el control y la regulación de toda la cadena operativa del sector: desde la explotación, pasando por la refinación, el transporte, el almacenaje, hasta la comercialización.
El resultado de estas modificaciones, según el economista y exministro de Hidrocarburos de Bolivia Mauricio Medinaceli, “derivó en un pasajero e importante ingreso fiscal para el Estado”, que fue destinado principalmente al gasto social. Pero estos ingresos no se atribuyen solamente a la nacionalización, sino también a factores externos, como el aumento de la producción de proyectos, que ya estaban en marcha antes de Evo Morales; la caída de la deuda externa de Bolivia, que descendió de más de 50% de su PBI al 14%; y el alza de los precios internacionales en la segunda mitad de la década del 2000 —el precio del gas se multiplicó por 10 y el barril de petróleo cotizó sobre los US$ 100.
Sin incentivos a la inversión privada, las políticas públicas de este periodo privilegiaron la sobreexplotación de los campos ya descubiertos y no se generaron nuevos desarrollos que aseguren la reposición de las reservas de gas natural. Así, estas disminuyeron de 24 trillones de pies cúbicos en el 2005 a 10 trillones en el 2018. Por ello, el gobierno boliviano se vio obligado a renegociar los contratos de exportación de gas hacia Argentina y Brasil, debido a su incapacidad para cumplir con los compromisos establecidos.
El economista boliviano Gonzalo Chávez, en una entrevista concedida a Canal N, resumió este fenómeno: el gobierno de Morales creó una “burbuja de consumo” que permitió a la economía crecer alrededor del 5% en promedio. “Un crecimiento interesante, pero basado en una situación frágil y que generó algunos cambios sociales, pero no sostenibles”, subrayó.
La importancia de los sectores hidrocarburos y minero para la inversión pública es evidente. En la última década, las autoridades locales y regionales recibieron más de S/ 60,000 millones por concepto de canon, sobrecanon y regalías, y para el periodo 2011-2020 se reportó que, del total de la inversión realizada por el Estado en sus tres niveles (central, regional y local), el 18% se financió con estos recursos.
Para Medinaceli el reto peruano consiste en corregir un factor clave: la disponibilidad de recursos y los problemas en su ejecución. Por ejemplo, el presupuesto de los gobiernos regionales y locales creció en 40% del 2010 al 2020, pero su capacidad de ejecución no se incrementó en la misma proporción. En la última década se ejecutó solo un tercio del presupuesto disponible para proyectos de inversión pública.
Así, por ejemplo, tomando en cuenta el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del MEF del 2019, si Loreto hubiera invertido la mitad del canon y sobrecanon petrolero que recibió entre 2014 y 2019 en obras de acceso a la red pública de agua potable, cerca del 70% de su población podría haber contado con el servicio ese mismo año y no el 56% que reportó.
Un manejo eficiente de los recursos permitiría maximizar el impacto positivo que generan la minería y los hidrocarburos en el desarrollo económico local y regional, sin necesidad de utilizar modelos foráneos con resultados no sostenibles y efectos negativos en otras áreas. Como señala el exministro de Economía y socio de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, en una columna para el diario Gestión (Desmitificando la soberanía energética): “El electorado debe exigir soluciones reales a los problemas que agobian a la población”.
