KAREN PEÑA

Por segundo año consecutivo, Enel Distribución realizó su junta ordinaria de accionistas vía remota producto de la pandemia por el Covid-19, entrando de lleno en la discusión de fondo en cuanto a la alta morosidad que se gatilló la semana pasada en medio de la tramitación del proyecto que busca prorrogar la ley de servicios básicos que prohíbe el corte por no pago.

En su intervención, el presidente de la firma, Edoardo Marcenaro, indicó que en las últimas semanas surgieron dos propuestas parlamentarias para extender las medidas de la ley de servicios básicos frente a la prolongación de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria, aludiendo a las dos iniciativas que fueron refundidas por el Congreso para dar curso al trámite legislativo.

Sin embargo, sinceró: "Desde Enel Distribución alertamos que la sola fórmula de repactar la deuda acumulada, aunque fuese en un plazo mayor a los 36 meses actuales y conservando las ventajosas condiciones de ponerse al día sin pagar multas ni intereses, estaba perdiendo su efectividad".

En esa línea, enfatizó que advirtieron que se estaba dejando crecer el problema, "sin buscar soluciones de largo plazo, y que llegó la hora de buscar una solución integral que evite que las familias más vulnerables acumulen una mochila de deuda cada vez más pesada". "En esto, la participación del Estado se hace fundamental", sentenció.

Según reconoció Marcenaro, en los últimos días han visto que estos argumentos han sido escuchados por algunos parlamentarios y han sido incorporados en el debate que está ocurriendo en el Congreso. Esto, en alusión a la propuesta de los senadores Jorge Pizarro y Yasna Provoste que solicitan trabajar en una solución integral donde todas las partes -incluyendo empresas y el Estado- se hagan cargo de la carga financiera que involucran los saldos morosos.

En específico, el ejecutivo detalló que se ha planteado que, en la medida que las personas se comprometan a saldar sus deudas, el Estado se haga parte con subsidios directos para cancelar la deuda de las personas que más lo necesitan.

Por esto, enfatizó que desde que comenzaron las dificultades han contribuido en forma concreta a mitigar las dificultades de las familias, particularmente de las más vulnerables y lo seguirán haciendo.

"Incluso antes de la promulgación de la ley de servicios básicos entregamos facilidades de pago a las familias de los sectores más vulnerables y medios del país, lo que implica un costo financiero significativo. Y en todo este período hemos seguido brindando un servicio continuo a todos los hogares del país, incluidos a los que dejaron de pagar sus cuentas", aseguró.

Según el ejecutivo de la compañía, pese a la caída de ingresos, mantuvieron sus gastos operacionales inalterados y continuaron invirtiendo con fuerza para ofrecer un servicio "más seguro y resiliente". "Queremos seguir invirtiendo, queremos seguir respondiendo a la confianza de los hogares de Santiago y ofrecer un servicio de calidad, cada día mejor, para seguir siendo parte de la solución, lanzó.

De esta manera, agregó, "podremos seguir avanzando como lo hicimos en 2020, pese a las circunstancias".