Entre cinco criterios para el desarrollo económico recogidos por el IPE, los planes de gobierno del Partido Morado y Fuerza Popular muestran un mejor alineamiento. Los de Acción Popular y Juntos por el Perú tendrían la menor compatibilidad con los pilares
La campaña electoral ha puesto en discusión varios de los cimientos de la economía peruana durante las últimas décadas. Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), estos se podrían agrupar en cinco: estabilidad macroeconómica, apertura al mundo, libertad económica, institucionalidad y rol del Estado. Desde la independencia del Banco Central de Reserva (BCR) hasta los tratados comerciales, los planes de gobierno de los partidos que lideran las preferencias tienen coincidencias y algunas serias discrepancias relacionadas con estos ejes.
Entre los planes de gobierno analizados, aquellos de Juntos por el Perú (JP) y Acción Popular (AP) serían los menos alineados con la estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, JP propone, para reactivar la economía, fijar la tasa de interés de referencia en cero –lo que podría afectar la independencia del BCR– y entregar dos bonos universales que ascenderían al 23% del déficit registrado en el 2020.
Por su parte, AP presenta medidas incongruentes con la estabilidad fiscal. En su plan de gobierno, se propone el retorno de la deuda pública por debajo del 26% del producto bruto interno (PBI), en contraste con el 37,6% proyectado por el MEF para el 2026. Sin embargo, en paralelo, se plantea una política fiscal expansiva no cuantificada y el incremento del presupuesto de educación al 10% del PBI.
Por otro lado, el Partido Morado (PM) tiene el plan de gobierno más alineado con este pilar. Este resalta la importancia de la estabilidad macroeconómica como base del bienestar social y plantea propuestas para incrementar la recaudación tributaria, como la simplificación de regímenes o la reducción significativa de los beneficios tributarios.
La integración económica del país al mundo –luego del sistema proteccionista de las décadas de 1970 y 1980– ha beneficiado a empresarios y consumidores. Entre el 2000 y el 2019, las exportaciones se expandieron 586% y las importaciones en 458%. Además, ha permitido la entrada de capitales extranjeros de largo plazo que financian el déficit de cuenta corriente.
Sin embargo, Acción Popular propone “desglobalizar la economía en el Perú, priorizando y fortaleciendo el aparato productivo nacional en todo sentido”, lo cual puede ser un indicio de políticas proteccionistas para la industria nacional. Por otro lado, JP propone revisar todos los tratados de libre comercio y aplicar salvaguardas y otras medidas antidumping en las industrias de calzado, textiles y agropecuaria.
Entre los partidos con alineamiento intermedio, Victoria Nacional (VN) plantea una “sustitución creativa de importaciones”, mientras que Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP) coinciden en la promoción de ciertas industrias particulares. La aplicación de estas estrategias debe cuidar de no afectar las reglas del comercio internacional.
Según el IPE, el plan de AP puede poner en riesgo este pilar al proponer legislación para aumentar las tasas de interés que pagan los bancos a los ahorristas, así como fijar los precios de medicamentos en base a los precios de diversos países de referencia. En la misma línea, JP propone reducir las tasas de interés que cobran los bancos por los préstamos, controlar las comisiones bancarias y ampliar el crédito a bajo costo, principalmente para mypes y agricultores.
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En contraste, las propuestas de FP, el PM y VN presentan un alineamiento adecuado. FP reconoce a la actividad privada como motor de la economía y plantea medidas para favorecer nuevos emprendimientos como la eliminación de los pagos por inscripción en registros públicos, licencia municipal y registro de marca y nombre. El PM propone la eliminación de redundancias normativas, la creación de un código laboral único, así como poner énfasis en la transformación digital de entidades públicas en beneficio de ciudadanos y empresas. Finalmente, VN propone fortalecer las capacidades del Indecopi para garantizar la libre competencia y fomentar la creación de nuevos negocios a través de la implementación de un TUPA único automatizado.
Contar con reglas de juego estables, adecuadas y predecibles es clave para el crecimiento económico y el desarrollo social de un país. Sin embargo, la crisis política de los últimos años y el puesto 94 de 141 países en el pilar de Instituciones del Reporte de Competitividad Global 2019 evidencian un grave deterioro del marco institucional peruano.
Algunas propuestas vinculadas a este eje incluyen aclarar las causales de vacancia, reformar el reglamento del Congreso y seguir las recomendaciones de organismos internacionales en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, según FP. En tanto, el PM propone establecer un sistema de recompensas para denuncias de corrupción debidamente verificadas a cargo de la contraloría, así como revisar los procesos del sistema de contrataciones y adquisiciones. Por su parte, AP propone que, para reducir la percepción de inseguridad, el Estado y la prensa tengan un consenso acerca del flujo de noticias, una medida que podría abrir la puerta al control de contenidos. Asimismo, se plantea la castración química a quienes incurran en violación de niños y mujeres, lo cual sería inconstitucional, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El plan de JP propone alterar el rol subsidiario del Estado, de tal forma que este sea un “promotor de la economía y de sectores estratégicos”. Por su parte, RP propone crear un banco pyme, de capital privado, pese a que las instituciones financieras privadas ya atienden a este segmento del mercado.
La propuesta de reorganización de PetroPerú por parte de VN podría representar una oportunidad para incrementar la eficiencia de esta entidad. Además, se plantean medidas claras para fortalecer el rol redistributivo del Estado, mediante, por ejemplo, la optimización de los programas de transferencias condicionadas.
