El 1 de marzo fue presentado formalmente el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Josemaría. Críticas a las cifras del agua
CMSJ
Belén Uriza, al frente de la Dirección de Evaluación Ambiental Minera del Ministerio de Minería de la provincia, explicó cuáles son los pasos desde que el área recibe el documento hasta la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental que le permite a la empresa comenzar con la puesta en marcha. La funcionaria dijo que planean una visita al proyecto minero junto a los miembros de la Comisión evaluadora, integrada por 14 organismos.
“Para todos ha sido un desafío enorme, nos hemos puesto a trabajar en equipo. Es un equipo muy predispuesto a aprender, y con ganas de poder finalizarlo pronto. Pero estamos a la expectativa de poder avanzar semana a semana, no es el único trabajo que tiene cada uno de los organismos y el tiempo no es 100% para el Proyecto Josemaría de parte de ellos”, comentó Belén Uriza en el programa radial “Creación Renovable”, que se emite todos los sábados por la CNN Radio San Juan.
La directora de Evaluación Ambiental Minera señaló que la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) “está muy entusiasmada en nutrirse y aprender. Hemos tenido reuniones preliminares con la empresa desde octubre del año pasado. Esto le sirvió a la Comisión como base para que, al tener tantos tomos e información en nuestras manos, pudiera ser un poco más fácil”. La licenciada en Gestión Ambiental encabeza la Dirección que evalúa todos los proyectos mineros en las distintas etapas (prospección, exploración y explotación).
Antes de haber tenido la primera reunión formal, cada representante de los catorce organismos tenía en su poder el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Josemaría (operado por la empresa Deprominsa, subsidiaria en el país de Josemaría Resources del Grupo Lundin) “y hemos empezado a diagramar cómo va a ser la evaluación para que sea estratégica y podamos acortar los tiempos”, dijo Uriza. La intención del Gobierno provincial es completar la evaluación en seis u ocho meses, contando desde el minuto que recibieron el IIA.
+ El 1 de marzo se presentó formalmente el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Josemaría, es decir, el documento físico con todos los aspectos, tales como descripción del proyecto, los impactos ambientales y las mitigaciones hasta el cierre de mina. Todo ese documento tiene que ser evaluado respetando la ley vigente de protección ambiental para la actividad minera. Allí está contemplado, ítem por ítem, cómo la empresa debe presentar el IIA para ser evaluado.
+ El paso siguiente es la publicación de edictos, herramienta que abre la consulta pública para que sea visto por cualquier persona que quiera hacerlo. El plazo es de 60 días corridos, los cuales vencen en la primera quincena de mayo. A partir de entonces, tienen 15 días corridos, contados a partir del siguiente día hábil al vencimiento del plazo de puesta a disposición para la consulta pública, para hacer la devolución formal por escrito dirigida a la CIEAM. Está a disposición de cualquier persona física o jurídica (puede verlo y solicitar copia) que se acredite, llevando el DNI, por Mesa de Entrada del Ministerio de Minería. En la Escribanía de Minas se abre un acta y eso después consta en el expediente del IIA. Las observaciones que haga la comunidad son tenidas en cuenta en el proceso evaluativo del Informe.
+ Con esta consulta pública, se constituye una Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera integrada por organismos del Estado Provincial y organismos nacionales invitados. A través de una Resolución que cada organismo emite, se designa un representante titular y suplente para las presentaciones o reuniones que se convocan. Integran la Comisión: Ministerio de Salud Pública, Departamento de Hidráulica, Instituto Nacional del Agua, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Dirección de Recursos Energéticos, CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero – Industrial), DEAM (Dirección de Evaluación Ambiental Minera), INPRES, UNSJ, UCCuyo, Secretaría de Medio Ambiente (Dirección de Parque de la Biodiversidad, Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Conservación y Áreas Protegidas), INTA y la Secretaría de Agroindustria y Ganadería.
+ La Comisión se convoca y se da inicio formal con la presentación del expediente en formato físico y digital. Hay un decreto que instaura esta Comisión y da todos los lineamientos para hacer la evaluación de los informes. Este procedimiento y proceso evaluativo se hace para todos los proyectos. En etapa de explotación intervienen dos Comisiones: la CIEAM para los grandes emprendimientos y para el resto, los medianos y pequeños, interviene la Comisión Evaluadora Multidisciplinaria Ambiental Minera (CEMAM) con un procedimiento muy parecido.
+ Cada organismo tiene un área de competencia donde evaluar el IIA. Para la evaluación del IIA de Josemaría se van a plantear metodologías o ítems de temas puntuales para cada reunión que se hará semanalmente o a los diez días. En este proceso de evaluación, también están contempladas charlas que pueden dar organismos que requiera la Comisión, como también la misma empresa como una complementación al Informe de Impacto Ambiental o si el evaluador necesita ampliar alguna información que no está muy detallada.
+ Cuando cada organismo emite su dictamen técnico de evaluación, la Comisión y la DEAM se encargan de merituar cada uno de los dictámenes técnicos y los provenientes de la consulta pública. Todo eso es evaluado a través de un trabajo arduo que es el Informe Final Único (IFU) y vendría a ser el corazón de la DIA. Para el IFU tiene que estar el 100% de cada uno de los informes que tienen una carátula de no aprobarlo, aprobarlo con condicionante o simplemente aprobarlo. Cuando es una observación, algún requerimiento extra que se quiera hacer, se lo solicita a través de cédula a la empresa que da un cumplimiento de esas observaciones o requerimientos y es lo que, en definitiva, podría demorar el proceso. En el IFU se elaboran las sugerencias de condicionantes para la DIA.
+ Este proceso no es finito, no termina cuando un proyecto obtiene la DIA. La evaluación continua porque la DIA se renueva cada dos años. La empresa tiene la obligación de presentar un Informe actualizado, es decir, la actualización de los Informes de Impacto Ambiental que se somete al mismo proceso evaluativo.
+ El Estado tiene la potestad y la facultad de contratar especialistas para hacer revisiones especiales de los puntos que considere necesario.
El portal Minería y Desarrollo, que conduce el periodista sanjuanino Miguel Martín, criticó supuestas incoherencias en la declaración del consumo de agua que tendrá Josemaría. La crónica.
Minería & Desarrollo
La decisión de la empresa de informar en octubre pasado un consumo de agua y 5 meses después informar otro, es poco serio. Es difícil encontrar un justificativo para tamaño yerro y mucho más cuando en el mismo Informe de Impacto Ambiental que presentó el proyecto Josemaría da cuenta que “uno de los problemas que mas preocupa a la comunidad es el de la calidad y cantidad de agua que consumirá la mina en etapa de explotación”.
Tan es así que el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de Josemaría incluye solo en su “Resumen ejecutivo” -que consta de 89 páginas-, el uso en 116 oportunidades de la palabra agua.
Es un tema prioritario para la minería. La información entregada a la autoridad contiene capítulos completos para los aspectos hidrológicos e hidrogeológicos, lo mismo que un programa de Participación Ciudadana desarrollado durante los últimos meses el que habrá que revisar para saber qué es lo que se informó a la comunidad.
El informe que puso al descubierto las cifras diferentes de consumo de agua se hizo desde Diario de Cuyo cuando dio cuenta que Josemaría va a usar 47% más de agua de lo que había informado.
Según ese detalle la empresa estimó un consumo de 350 L/s de agua, pero en el informe de impacto ambiental precisaron que calculan el consumo en 515 L/s.
Sin entrar en detalle si hubo una pobre evaluación preliminar y luego las cifras cambiaron, el hecho puso al descubierto problemas que van a agrietar la credibilidad de la empresa y otras de carácter legal que pueden llegar incluso, a impactar en el financiamiento del proyecto.
¿Ahora por qué se llegó a esto? ¿Temor a hacer frente a esa cifra en una época de sequía?
Es posible pensar que se echó mano a las viejas teorías comunicacionales que en minería buscan esconder los temas complicados, esperar el apoyo del gobierno y no buscar la mejor estrategia para contar la verdad: ya que, por ejemplo, el consumo de los 515 litros por segundo referenciado en el estudio equivale al 1.47% de toda la cuenca de referencia.
Ahora bien, la discusión de lo que se debiera haber hecho es prehistoria y estamos con el diario del día lunes. Se dijo una cosa y se escribió otra.
“Cómo seguimos, o miramos para otro lado e insistimos con qué el primer número que se dio a conocer en forma inicial era parte de informes preliminares, “y que había que terminar de completar».
La explicación pone al descubierto además que la aprobación financiera del proyecto se hizo con cifras de consumo de agua que no serían las definitivas. Algo que será un tema de evaluación interna dentro de la empresa.
El documento entregado para el análisis de la Comisión Interdisciplinaria Evaluadora de los Informes de Impacto Ambiental Minera, dio cuenta que los representantes de Lundin mantuvieron más de 200 reuniones con la comunidad, aunque el documento le llama “Instancias de participación”.
¿En esas reuniones, qué consumo de agua del proyecto se informó a la comunidad? ¿350 litros por segundo, o los 510 que aparecen en el documento oficial?
Lundin debería aportar a las autoridades -con su correspondiente respaldo documental- las presentaciones y la información de lo que dijo en esas más de 200 oportunidades a autoridades, uniones vecinales, vecinos, clubes de futbol, etc.
Esta situación creemos es indispensable para que se cumpla con lo que el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, reclaman para financiar mega obras como las de Josemaría y que evalúan si el operador del proyecto entregó información veraz, oportuna con sus eventuales impactos y el manejo de las medidas de manejo y mitigación.
Hay sobrada legislación sobre este tema y solo aquí mencionaremos las más importantes para un proceso de entrega de información honesta a la comunidad y que el mismo informe de Josemaría da como cumplido pero que a la luz del error pone en evidencia que solo se trata del listado de las normas que incumplieron:
+ Legislación Nacional: Ley General del Ambiente (Ley N° 25.675), en sus art. 16, 17, 18 19, 20 y 21.
+ Legislación Provincial: Ley Provincial N° 504-L; Decreto Provincial1033/2006 (amplía aplicación del Decreto Provincial N°1815/2004); Ley Provincial N°6634
+ Políticas y estándares de la Corporación Financiera Internacional (IFC): Norma de Desempeño N°1 sobre Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales
+ Los Principios del Ecuador: Principio 5, el cual refiere a la Participación de los Grupos de Interés y establece las obligaciones para las empresas proponentes de Proyectos
Ahora bien, ¿estamos solo frente a un problema legal y financiero? Lamentablemente creemos que no.
Se ocultó en forma innecesaria información sobre un aspecto ambiental clave y eso torpedea la línea de flotación en la credibilidad de la empresa, lo que pondrá a prueba el temple del equipo de liderazgo del proyecto.
Para finalizar queremos aportar este dato: Según el Departamento de Hidráulica, el consumo de 515 litros por segundo -según el último consumo escrito por Josemaria- representa un 1,4% del agua que se destina para regadío en el Valle de Tulum, que son 37.000 L/s. Esto es casi cinco veces superior al consumo de la otra mina en explotación en la provincia, Veladero, que tiene autorizado un consumo de 110 L/s, aunque el año pasado el uso promedio fue de 51,5 L/s, de acuerdo a información de Barrick.
