Las mineras con presencia en México están librando una serie de batallas con el gobierno, en disputas fiscales y por reformas y representaciones sindicales.
La postura combativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los impuestos ha sido un factor que ha alentado a recurrir a nuevos arbitrajes contra el gobierno este mes.
Asimismo, una polémica reforma ha provocado un enfrentamiento judicial con una importante minera mexicana, mientras que una amenaza apenas velada de revocar concesiones ha intensificado las tensiones por la paralización de una mina por 14 meses.
Problema: impuestos
Una disputa fiscal de una década motivó a la compañía a solicitar un arbitraje contra México.
La compañía con sede en Vancouver presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial el 2 de marzo en que denuncia al Gobierno mexicano de negarse a entablar conversaciones para resolver el problema.
El conflicto se relaciona con los impuestos pagados por la filial Primero Empresa Minera (PEM) entre 2010 y 2012.
El Gobierno mexicano requiere el pago de alrededor de US$260 millones, los que —según la compañía— comprenden solo US$75mn en impuestos adicionales, y el resto está compuesto por multas, intereses y otros conceptos.
En virtud de un acuerdo de compraventa de producción futura, PEM vendió la mayor parte de la plata producida en la mina San Dimas a Wheaton Precious Metals por alrededor de US$4/oz, muy por debajo de los precios spot.
Un acuerdo de fijación anticipada de precios, APA, firmado por la autoridad fiscal mexicana, SAT, en 2012 y que cubre los años 2010-2014 permitió a PEM pagar impuestos sobre estos precios efectivos de la plata más bajos.
Un tribunal local anuló el APA el año pasado, fallo que First Majestic apeló.
Los casos de arbitraje relacionados con la minería contra México son raros y el gobierno suelen llegar a un acuerdo con las empresas, dijo a BNamericas la analista de Control Risks Inés Echeagaray este mes.
Esto muestra que el gobierno está adoptando una línea dura sobre los impuestos, pero puede que esta postura no rinda frutos, advirtió Echeagaray.
“Esperamos que la empresa minera se imponga, ya que AMLO está tratando de (…) obtener más impuestos de forma retroactiva. Se supone que las leyes no funcionan de esa manera”, agregó.
Problema: reformas a la industria eléctrica
La minera mexicana Fresnillo planea recurrir a tribunales contra el el gobierno por las controvertidas reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
México aprobó una norma que da prioridad a la eléctrica estatal CFE sobre las generadoras privadas, incluidas las instalaciones eólicas y solares privadas.
La medida amenaza con socavar los objetivos de Fresnillo de obtener el 75% de su electricidad de fuentes renovables.
Además de reducir las emisiones de carbono, el autoabastecimiento de energía, incluidas las renovables, es más barato que comprar electricidad de la red.
“Obviamente vamos a entrar al ámbito jurídico”, señaló el presidente ejecutivo Octavio Alvídrez este mes. "No hay mucho más que decir, pero defenderemos de alguna manera nuestros derechos de abastecer nuestras operaciones con energía más limpia y menos costosa".
Panorama
Fresnillo no está sola en su decisión de impugnar las contrarreformas en tribunales.
Diversos recursos se han interpuesto y los tribunales han ordenado la suspensión definitiva de la nueva ley, medida que permanecerá vigente mientras no concluyan los recursos.
Si bien la suspensión no es una victoria clara para los apelantes, dado que es probable que la disputa por la ley sea resuelta en última instancia por la Corte Suprema, al menos les da tiempo para interponer un recurso judicial efectivo.
Problema: representación sindical y presunta extorsión
AMLO tomó partido en un conflicto en las operaciones Cosalá de Americas Gold y Silver, que han estado paralizadas durante 14 meses.
En reiteradas ocasiones el mandatario ha pedido a la empresa que reanude las faenas a pesar de que preocupan presuntas irregularidades, amenazas y violencia en una votación celebrada el año pasado sobre la representación sindical.
La empresa denuncia que un dirigente sindical realizó exigencias que no pueden cumplirse legalmente y que las condiciones actuales no le permiten invertir en una reactivación.
Recientemente AMLO dio un gran paso más allá advirtiendo que se quitarán las concesiones a aquellas empresas que no cumplan la ley.
Americas respondió a los comentarios de AMLO sobre la cancelación de concesiones con su propia amenaza velada, indicando que planea trabajar con autoridades de los gobiernos canadiense y mexicano para evitar procesos de arbitraje.
También afirmó que la eliminación de concesiones "no tiene fundamentos en hechos ni en la ley".
Panorama
A pesar del fuerte tono de ambas partes, Américas ha señalado que el asunto podría tener una solución, pues ya se acordó con el Gobierno Federal un marco para la reactivación de la producción.
"La compañía ahora está esperando acciones de las autoridades pertinentes en apoyo a este plan", señaló la empresa en un comunicado divulgado el lunes.
Además de estos tres ejemplos, otras propuestas gubernamentales amenazan con convertirse en series disputas, como los planes para nacionalizar la emergente industria minera de litio, lo que podría afectar a Bacanora Lithium y a la socia de riesgo compartido Ganfeng Lithium.
Su proyecto de litio de US$420mn Sonora se convertiría en el primer productor de litio de México en 2023.
Otra potencial manzana de la discordia podría relacionarse con una propuesta para establecer una reserva natural en un área minera clave del estado de Zacatecas, lo que podría afectar a la mina Peñasquito de Newmont; el activo de cobre y zinc Tayahua, de Minera Frisco; y el proyecto de US$134mn Camino Rojo, de Orla Mining.
Además, una serie de rechazos a solicitudes de permisos ambientales también podría redundar en batallas judiciales y posibles arbitrajes.
La Secretaría de Medio Ambiente ha trabado al menos cuatro proyectos mineros desde que AMLO llegó al poder, el más reciente es el aurífero Ixtaca, de Almaden Minerals.
La empresa planea revisar la solicitud y volver a enviarla.
