Uan zona convulsa con presencia de actores armados e interés económico que la convierten en una bomba de tiempo con implicaciones sociales
En una remota población del sur de Córdoba, Colombia, se emplaza una mina de cobre cuyas reservas podrían ser de las más grandes de América. Se trata de la vereda el Alacrán, una olvidada población de Puerto Libertador donde la economía gira alrededor de la explotación artesanal de la mina.
De acuerdo con datos históricos la mina ubicada en la vereda El Alacrán, jurisdicción de Puerto Libertador habría sido descubierta en 1975 por exploradores, los rumores de la inmensa riqueza se expandieron y empezaron a formarse asentamientos en sus alrededores.
Pobladores de la zona generación tras generación han vivido de la explotación artesanal del yacimiento, ellos se instalaron, formaron comunidades y empezaron a explotar la riqueza del suelo.
Con el pasar de los años apareció el control violento de los grupos armados ilegales que a través del miedo y la presión de las armas se hicieron con el control de la región, Puerto Libertador fue escenario de dolorosas masacres.
Las comunidades señalan que ellos han estado allí antes que las multinacionales, solo hasta el 2015 llegó Minerales de Córdoba con el firme propósito de iniciar la explotación a gran escala. Con la llegada de la filial canadiense empezaron los conflictos con las comunidades.
Hubo intentos de acuerdo entre Minerales de Córdoba y los habitantes de esta zona para cumplir con acuerdos adquiridos y que pudieran seguir ejerciendo la actividad pero solo de forma artesanal, para no acabar con el sustento y fueron conminados a no usar técnicas avanzadas con motores y entables, porque eso se convertiría en minería ilegal.
Minerales de Córdoba que posee el titulo minero reclama el derecho de explotación, pero al tiempo lo hacen las comunidades que por 40 años han hecho de esa mina su única fuente de sustento.
Ahora, los Defensores de Derechos Humanos del Sur de Córdoba denuncian que el Estado colombiano en una campaña policiva, está mostrando a los pobladores de la mina El Alacrán como personas instrumentalizadas por el Clan del Golfo para derivar rentas ilegales de la explotación minera.
En la zona hay tensión, los defensores de Derechos Humanos advierten que se está ante un desplazamiento de Estado, estigmatizando a la población y violando derechos adquiridos, por eso han pedido que la Defensoría del Pueblo actúe.
En las últimas horas más de 200 integrantes del Esmad y escuadrones jungla de la Policía se tomaron la mina y desmantelaron 16 entables mineros, obligando al desplazamiento de cientos de pobladores de esta zona.
Se teme que las tensiones puedan estallar y ocurran hechos violentos que pongan en peligro la vida de las personas que viven de la extracción en la mina.
