Bolivia proyectó una inversión de 269 millones de dólares para actividades exploración en la gestión 2021
JOSÚE HINOJOSA
La crisis del sector hidrocarburos de Bolivia no solamente se plasma en la reducción de ingresos por exportaciones de gas, sino también la disminución de inversiones. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las operadoras prevén una inversión de US$ 269 millones en exploración, monto menor en 40 por ciento al presupuesto de 2020.
La situación es cada vez más compleja. A diferencia de años anteriores, el incremento del precio internacional del petróleo ya no es motivo de alegría para Bolivia.
Pese a este escenario, el Gobierno nacional no ha dado señales de políticas orientadas a la reposición de reservas de gas y petróleo que, según el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos, es el asunto más preocupante.
Según él, la inversión proyectada de 269 millones de dólares para actividades exploración en la gestión 2021 es una muestra de que YPFB Corporación no tiene los recursos para invertir y que las empresas operadoras privadas no tienen el interés en hacerlo debido a las condiciones jurídicas poco atractivas de Bolivia.
En analista afirma que las operadoras mueven su capital donde encuentran mayores ventajas. Eso se refleja en la creciente inversión en presal de Brasil, Vaca Muerta de Argentina y en yacimientos de Guyana. En Bolivia ocurre lo contrario.
Ríos afirma que los 269 millones de dólares destinados a exploración son insignificantes, pues solamente alcanzaría para perforar dos pozos exploratorios. “Entonces es insignificante en relación a lo que el país necesita para recuperar reservas y reponer reservas que estamos agotando día a día”, dijo.
En enero pasado, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que se logró comprometer una inversión de 756 millones de dólares en toda la cadena de hidrocarburos. De ese monto, 269 serán destinados para exploración y 144 millones para explotación.
Sin embargo, el analista en hidrocarburos José Padilla considera que los recursos destinados a la búsqueda de nuevas reservas de gas y petróleo son reducidos porque no hay seguridad jurídica ni incentivos que atraigan capitales privados.
En consecuencia, cree que las políticas de reactivación del sector hidrocarburos no tienen avance alguno a casi cuatro meses de la llegada de Luis Arce Catacora al poder.
Padilla considera fundamental la modificación de la Ley de Hidrocarburos 3058, porque no se adecua al contexto actual caracterizado por la necesidad de reposición de reservas. Explica que esa ley estuvo pensada en la explotación.
El analista advierte serios problemas para la economía boliviana a consecuencia de la caída de la producción de gas y la limitada exploración. Y es que en caso de firmar un acuerdo con una empresa petrolera para la búsqueda de reservas, ésta demorará por lo menos siete años para tener resultados. En ese tiempo, las actuales reservas bajarían a niveles críticos y se generaría una seria afectación a las gobernaciones, municipios y universidades que perciben ingresos provenientes de la renta petrolera.
A diferencia de años anteriores, el incremento del precio del barril de petróleo no es una buena noticia para los ingresos del país. Desde enero y sobre todo en febrero, la cotización del West Texas Intermediate (WTI) tiene un notable incremento relacionado a los avances del proceso de vacunación en contra de la Covid-19. En los últimos días de febrero, el precio superó los 63 dólares por barril.
Pero el incremento dejó de ser favorable para Bolivia, que actualmente registra limitados volúmenes de exportaciones de gas y, por lo tanto, reducidos ingresos. No obstante, tiene la necesidad de importar combustibles por el orden de los 1.600 millones de dólares por año.
Por influencia del petróleo, el precio del diésel y la gasolina también se incrementa, de modo que Bolivia debe importarlos erogando una mayor cantidad de dólares. Sobre ello, todavía comercializar los combustibles en el mercado interno a precio de subsidio: 3,72 bolivianos por litro de diésel y 3,74 por litro de gasolina.
“Tiene un efecto semiperverso para el país, no como antes cuando subía el petróleo nos alegrábamos porque las exportaciones de gas llegaban casi a 50 millones de metros cúbicos día (MMm3d), pero hoy con suerte vamos a llegar a 34 MMm3d en el pico y 20 MMm3d en el periodo de baja demanda. Cualquier incremento en el precio del petróleo tiene una posición semiperversa porque estamos importando el 70 por ciento del diesel y casi 50 por ciento de la gasolina”, explicó Ríos.
YPFB adjudicó un contrato para cuantificar y certificar reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2020. La empresa ganadora es GLJ, firma con sede en Calgary, que hizo una oferta de 420 mil dólares y realizará el trabajo en 165 días, informó bnaméricas.com.
Los demás participantes fueron Beicip Franlab, Sproule International y Ryder Scott.
La última información vertida por YPFB es que las reservas probadas al 31 de diciembre de 2018 llegan a 8,95 TCF.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ejecuta a través de su Dirección de Redes de Gas varios proyectos de instalación de gas domiciliario. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, informó en enero pasado que se tiene previsto invertir 132 millones de dólares en nuevas conexiones a lo largo de 2020.
Sin embargo, el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos observa que se destinen recursos a la ampliación de las redes domiciliarias cuando los campos de producción de gas se encuentran en declinación y no se ejecuta una política de reposición de reservas.
Según un boletín oficial del Ministerio de Hidrocarburos, Molina afirmó que la instalación de nuevas conexiones permitirá la generación constante de empleo, además de beneficio para las poblaciones periurbanas y rurales que demandan el servicio.
“Están disponiendo nuevos recursos para hacer redes de gas, estamos preocupados en hacer el jugo, pero no hay las naranjas. Esa es una situación que vemos hasta ahora en los primeros casi 120 días de la gestión del presidente Luis Arce”, dijo Ríos.
Similar criterio tiene respecto al anuncio de retomar la planta de urea y amoniaco. Según Ríos, preocupa que no se realice un análisis a largo plazo, dado que Bolivia tendrá la necesidad de importar gas natural dentro de nueve años si hoy no se toman medidas para reponer reservas.
