El caso YPF-Burford en Nueva York tendrá un nuevo, y clave, capítulo en los tribunales de Loretta Preska. La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan intentará que las partes se pongan de acuerdo en la manera en que se aplica el proceso de “Discovery” por el cual el fondo litigante, la defensa de la petrolera y el Gobierno argentino deberían poner sobre la mesa los argumentos y pruebas financieras, económicas y contables, con los que se definirá el caso en el segundo semestre del año.

Y, para sorpresa, las perspectivas con las que YPF y el Ejecutivo encararán esta nueva etapa 2021 del juicio; presenta mejores expectativas que las perspectivas que se esperaban hasta 2019.

Preska dispuso a fin del año anterior un tenue pero claro giro a favor de la posición argentina; mostrando un concreto malhumor hacia el principal demandante en el juicio por la manera en que el país reestatizó la petrolera en 2012.

La jueza decidió posponer los tiempos de la resolución; permitiéndole al país la posibilidad de aportar todos los datos que necesite para fundamentar su posición sobre la necesidad de tratar el caso en los Estados Unidos, pero con las leyes locales.

Además se mostró abiertamente crítica ante los movimientos del último trimestre del año pasado de Burford y sus cambios de abogados, para comenzar a cotizar en Wall Street con el único objetivo de estar mejor posicionado en el caso.

Ante estos movimientos sospechosos del fondo de origen inglés, que decidió radicarse en Nueva York para que se le apliquen las leyes norteamericanas y no estar en igual de condiciones que la empresa como extranjera, Preska dictaminó postergar la definición a partir de junio del 2021, pero con resolución del caso recién desde octubre de este año. 

Preska se molestó por la estrategia de Burford Capital, por haber cambiado de abogados y por haber elegido radicarse en el mercado neoyorquino para tener una posición privilegiada para el cobro de eventuales ganancias por este caso.

Según Preska, esta actitud determina una posición de ventaja del fondo, para lograr una representación de “local” en el tribunal, cuando desde que comenzó el caso hacia delante siempre dejó en claro que se trataba de un fondo de inversión europeo que se sintió perjudicado por la manera en que la Argentina habría violentado leyes de los Estados Unidos.

Lo que siempre Preska tomó en cuenta y consideró como válido, es que se trataba de dos litigantes extranjeros que debían definir sus diferencias en Nueva York.

Y ahora considera un intento de obtener una ventaja injustificable el intentar convertirse en local, solo para tener una posición privilegiada y no para radicarse como fondo de inversión estable en Wall Street.

Esta posición de Preska les dio tiempo a los abogados que representan al país para que puedan armar mejores argumentos para justificar la posición diseñada por la Procuración del Tesoro local de llevar las leyes locales hacia la jurisdicción norteamericana; y que sean estos criterios los que Preska tengan en cuenta para tomar una decisión final.

Originalmente el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el del YPF, había comprado el 70% de la causa; y actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa.

El 40% que ya vendió lo fue ubicando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias.

El fondo abrió sus números a Wall Street, al haber presentado su balance anual, incluyendo sus movimientos de activos, pasivos y rentabilidades contables y financieras; proceso obligatorio para cualquier empresa que cotice en Wall Street. 

Según mencionó el especialista de FinGuru Sebastián Maril, los números de Burford muestran que por primera vez en el proceso, el fondo no se desprendió de sus posiciones de YPF, a la espera de una resolución del caso. 

Se podría especular con que ante el cambio de actitud de Preska, tampoco podría colocar esas acciones a un porcentaje de ganancias similar al que Burford había logrado en los primeros años del caso; cuando con los fallos favorables había conseguido comprar a US$ 15 millones y vender a u$s230 millones.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, tras la nacionalización de 2012.

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo ingresar como parte de la petrolera.

El Grupo Petersen está absolutamente fuera del reclamo, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos.