Hubo un antes y un después en la minería argentina. La década de los 90 trajo el cambio de reglas de juego, nuevas políticas, cuya consecuencia inmediata fue una apertura a las exploraciones de yacimientos metalíferos.
Y también, durante el gobierno de Carlos Menem, la apertura de tres grandes minas: Cerro Vanguardia, Alumbrera y Salar del Hombre Muerto.
Diversos exponentes de la industria lo recordaron en las redes sociales en estos días de duelo nacional.
Dos documentos anexos a esta crónica sirven para ilustrar este fenómeno.
+ La Ley 24.196, tan invocada siempre.
+ Y un documento de archivo, el informe que publicó María Gabriela Strazzolini, la conocida experta en Minería, en septiempre de 2001. En aquella bisagra de los dos siglos, en tiempos difíciles de la Argentina, en los que reseñó los cambios que produjo aquella apertura y transformación jurídica impulsada por el menemismo.
Desde entonces, en estas dos décadas, siguieron las realizaciones y vaivenes en el sector, al compás de los altibajos económicos, sociales y fiscales del país.
Y con ello, el reclamo persistente de la industria minera, como otros del arco productivo del país, por estabilidad de marcos que promuevan la inversión externa. En un volumen como el que prometía la auspiciosa época noventista y de acuerdo con los importantes recursos minerales que tiene el subsuelo argentino.
LA OPINIÓN AUSTRAL
En el menemismo, el desarrollo minero encontró su consolidación
La Ley 24.196 de “Inversiones Mineras” es un legado del expresidente Carlos Menem que se mantiene vigente a 28 años de su sanción y aún marca el escenario productivo metalífero. Argentina recibió no menos de 60 inversiones apenas se reglamentó.
Entre tanto debate político que dejó la partida del expresidente Carlos Saúl Menem, asoma -prácticamente en silencio- la sanción de la Ley 24.196.
Se trata de la normativa fundamental que generó las condiciones óptimas para el desarrollo de la minería metalífera en el territorio nacional.
La expansión del modelo extractivo-exportador que experimentó Argentina a inicios de la década de 1990 fue de la mano de la política de privatizaciones de las empresas estatalesque estuvo orientada no sólo hacia los servicios públicos, sino también hacia los hidrocarburos y a la totalidad de los recursos naturales.
En consonancia, durante aquella década la mayor parte de los países latinoamericanos al igual que Argentina- llevaron a cabo una profunda reforma del marco regulatorio, que permitió a empresas transnacionales desembarcar en la región.
Bajo este escenario, la Ley 24.196 fue sancionada por el Congreso de la Nación el 28 de abril de 1993 y promulgada el 19 de mayo de ese mismo año.
Este estructuramiento jurídico dejó atrás los conceptos coloniales que predominaban las reglas nacionales que regían la actividad a inicios de 1990, marcando así uno de los legados que dejó el
En el texto fueron tratados aspectos como las “inversiones mineras”; “ámbito de aplicación”; “tratamiento fiscal de las inversiones”; “estabilidad fiscal”; “impuesto a las Ganancias”; “evalúo de reservas”; “disposiciones fiscales complementarias”; “importaciones”; “regalías”; “conservación del medio ambiente”; “autoridad de aplicación”.
A 23 años de la puesta en vigencia, claramente se vislumbra que aquella norma y la Reforma de la Constitución de 1994, puso a Santa Cruz -entre otros distritos- en las puertas de un desarrollo productivo impensado hasta ese momento.
La ley facilitó la entrada en producción de Cerro Vanguardia en 1998 -en cercanías a San Julián- emprendimiento de oro y plata.
Los debates que debe darse la minería argentina hacia adelante para alcanzar un nuevo salto cualitativo son muchos.
Sin embargo, objetivamente la actividad reconoce que bajo la primera presidencia de Menem, la industria de oro y plata inició un camino de desarrollo que aún debe construirse bajo un marco legal que garantice la aplicación de las mejores prácticas disponibles junto a los protagonistas, que son las provincias.
El secretario general de AOMA Santa Cruz, Javier Castro, analizó en declaraciones a La Opinión Austral que para la provincia patagónica -hoy convertida en la mayor productora y exportadora de metales- fue “un hecho importante que abrió las puertas del desarrollo en la etapa de Néstor Kirchner como gobernador” permitiendo un nuevo proceso de “inversiones en el Macizo del Deseado”.
En esa misma sintonía se mostró el secretario general de AOMA Nacional, Héctor Laplace: “Las leyes sancionadas por unanimidad permitieron, bajo su gobierno, el arribo de la nueva minería a la Argentina; fueron a la vez una demostración de diálogo y consensos para que exista en nuestro país una política de Estado, que tras veintisiete años, siguen en vigencia y son, en la actualidad, vitales para el desarrollo económico de la República”.
Facundo Huidobro, vicepresidente de la Cámara de Minería de Salta, dijo a La Opinión Austral que la minería argentina tiene que “valorar el aporte que hizo el expresidente”.
Ni bien reglamentada la 24.196, el país recibió “una gran ola de inversiones entre 1994-1995, el inversor esperaba un marco de previsibilidad y estabilidad que era muy difícil en la Argentina de aquel momento”.
Huidobro resaltó en su diálogo con La Opinión Austral que las “inversiones no tardaron en llegar. En lo inmediato el país registró la llegada al menos- de 60 empresas juniors, algunas se mantienen vigente en la actualidad y otras quedaron en el camino”.
Cerro Vanguardia y Alumbrera fueron el resultado de aquella ley. En esta sintonía, especialistas mineros recalcaron a lo largo de los años que la ley madre es mirada por los países mineros como una “ejemplar” para el fomento de inversiones.
“Para esa época fue una ley de avanzada que permitió insertar a la Argentina en el plano de las inversiones y se reactivaron proyectos que durante años habían permanecido estancados”, observó Huidobro.
