El Comercio

El sí triunfó en la Consulta Popular realizada en Cuenca, de acuerdo con los datos preliminares del CNE.  La prohibición a las actividades mineras a gran escala obtuvo el 80%.

La primera pregunta fue: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica, a mediana y gran escala, en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal Etapa EP? Sí o No.

Las cuatro preguntas restantes tuvieron el mismo texto y solo cambió las zonas recargas por los ríos Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay. Esta consulta popular fue impulsada por el Concejo Cantonal de Cuenca y aprobada por la Corte Constitucional, en septiembre de 2020. Según el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, aún hay datos extraoficiales porque la papeleta de la consulta es la última en contabilizarse.

Palacios dijo que una vez que sean oficializados los datos, el Ministerio del Ambiente debe validar la georeferenciación de estas cinco zonas de recarga hídrica, que delimitó la Empresa Municipal Etapa. Posteriormente, el Concejo Cantonal debe incorparlas al Plan de Ordenamiento Territorial. Es decir, ratificar las zonas donde no se podría realizar las actividades mineras.

Él tiene previsto que el primer debate de ese plan se realice en abril o mayo y el segundo sería en junio o julio. Por su parte, el presidente de la Cámara de Minería de Azuay, Patricio Vargas, admitió la derrota. Dijo que ahora espera que se cumpla con lo estipulado con la Corte Constitucional.

Entre otras condiciones, aseguró, son que la consulta no tiene efecto retroactivo por lo que no afectaría a proyectos como Loma Larga. Además, agregó Vargas, que la autoridad del Agua certifique la delimitación de las zonas de recarga hídrica y que el Municipio actúe en el estricto ámbito de sus competencias.

“No puede arrogarse funciones que no las tiene. No puede decidir la paralización de actividades mineras, que ya estaban operativas”. El alcalde Palacios dijo que sus asesores jurídicos han ratificado que no se trata de una reversión de concesiones y “de hecho hay partes o sitios de concesiones que estarían fuera de las zonas de recarga hídrica, por lo tanto si allí hay yacimientos podrían explotarlos”.

Pero Palacios insistió que la consulta es clara porque se establece la prohibición de la explotación y, en la actualidad, ningún proyecto está en esa fase, sino en exploración. Según él, Loma Larga, por ejemplo, al no estar en explotación no podría pasar a esa fase en las zonas delimitadas por la consulta. El Alcalde cuencano dijo que en el caso de existir dudas se harán consultas a la Corte Constitucional.

Dos grandes proyectos en Azuay

Plan V

En la provincia del Azuay, la presencia de yacimientos con potencial de ser explotados para extraer metales como cobre, oro y otros, ha motivado una activa presencia de intereses mineros, y, al mismo tiempo, de procesos de resistencia de la población, no solamente en Cuenca, sino en otros cantones vecinos.

En el caso del proyecto Quinsacocha, también llamado Loma Larga, la minera canadiense INV Metals, estima que durante por lo menos 12 años, debería invertir 432 millones de dólares, de los cuales hasta 2019 reportaron haber gastado ya USD 63.9 millones. Los ingresos, en cambio, podrían alcanzar a USD 2,054.6 millones de los que Estado percibiría, siempre según estimaciones de la minera, no menos de USD 669.7 (un promedio anual de US$ 55.8 millones durante 12 años) en impuestos y regalías. Así, la minera aspira a ganar USD 1,384.9 millones.

Las cifras del movimiento de tierra necesario para que funcione este proyecto son gigantescas: se estima que diariamente se deben procesar de 3.000 a 3.500 toneladas de tierra, lo que generará 5.5 millones de toneladas de lodos contaminados en un dique, una gran piscina ubicada en el páramo que, como ha ocurrido en países como Brasil, podría romperse y provocar un alud de proporciones.

Todo esto requiere de agua: no menos de 17 litros por segundo. Además, se estima que solo generará 200 empleos directos, mientras que la afectación a los habitantes de los valles más bajos podría alcanzar a no menos de 20 mil personas. Y los páramos en los que se encuentra abastecen a los ríos que bajan al valle de Cuenca, en especial el río Irquis, así como el Tarqui, el Yanuncay y el Tomebamba. 

Un proyecto que sí se encuentra en la jurisdicción del cantón Cuenca es el de Río Blanco, ubicado en Molleturo y explotado por la minera china Ecuagoldmining South América S.A. Al igual que el proyecto anterior, se estima que la explotación podría durar no más de 11 años. Se buscan yacimientos de oro, plata y cobre, y la tierra que se debe sacar alcanzaría a las 800 toneladas al día. 

Aquí la inversión es menor, de USD 88.8 millones, lo que ya se han gastado USD 21.5 millones. Hasta 2028, se espera obtener de ese proyecto USD 635.56 millones con ingresos para el Estado de USD 193.8 millones (USD 17.6 millones al año). La empresa china ganaría finalmente unos USD 441.76 millones. Se teme que el proyecto pueda afectar a los ríos que salen al mar por la vertiente occidental de la Cordillera y abastecen a Azuay y Guayas. 

En un reciente estudio sobre la minería y la consulta popular en Cuenca, Alberto Acosta y John Cajas concluyen que "Este reto no es solo de Cuenca. El Ecuador entero tiene que movilizarse para que se de paso a esta consulta popular y, además, para conseguir la prohibición definitiva de cualquier actividad extractivista en las fuentes de agua de todo el país.

La Consulta Popular que se llevará a cabo en el Cantón Cuenca abre la puerta a la esperanza. Vendrán más consultas cantonales", advierten ambos expertos, quienes señalan que los costos de la remediación que deberá realizar el Estado por los daños ocasionados por la minería a gran escala podrían alcanzar por lo menos 14 mil millones de dólares.

"De las exportaciones previstas por unos 132 mil millones de dólares en 50 años, le quedaría al Estado unos 27 mil millones, es decir apenas un 20%. La diferencia se compone de costos de operación y beneficios para las empresas, que gozan, además, de un sinfín de exenciones y beneficios tributarios adicionales otorgados por el Estado, como la eliminación del impuesto a las ganancias extraordinarias mientras no se recupere la inversión. Además, reiteremos que es práctica común que las mineras incrementen sus costos para ocultar sus ganancias, provocando la reducción de la participación del Estado al minimizar el pago de tributos. También es frecuente que se declaren en quiebra antes de cumplir con sus obligaciones cuando las minas cierran. En ciertos casos, recurren a subsidiaras afincadas en paraísos fiscales y bancarios, por lo que no hay manera de conseguir que asuman su responsabilidad, pues, como se ha demostrado en todas partes, estas compañías son expertas en fraudes de todo tipo, más aún cuando no hay los mínimos controles estatales" advierten.