Si bien la mayoría de los países no han progresado en la lucha contra la corrupción en casi una década, más de dos tercios de los países obtienen puntuaciones por debajo de 50
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2020 presenta un panorama sombrío del estado de la corrupción en todo el mundo. La investigación muestra que no sólo socava la respuesta de salud global al COVID-19, sino que también contribuye a una crisis continua de la democracia.
El índice, que clasifica 180 países y territorios por sus niveles percibidos de corrupción del sector público según expertos y empresarios, utiliza una escala de cero a 100, donde cero es muy corrupto y 100 muy limpio.
Al igual que en años anteriores, más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50 en el IPC de este año, con una puntuación media de solo 43. Los datos muestran que, a pesar de algunos avances, la mayoría de los países aún no abordan la corrupción de manera eficaz.
Los primeros países del IPC son Dinamarca y Nueva Zelanda, con puntuaciones de 88, seguidos de Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con puntuaciones de 85 cada uno.
Los últimos países son Sudán del Sur y Somalia, con puntuaciones de 12 cada uno, seguidos de Siria (14), Yemen (15) y Venezuela (15).
Desde 2012, 26 países mejoraron sus puntajes de IPC, incluidos Grecia, Myanmar y Ecuador. En el mismo período, 22 países bajaron sus puntajes, incluidos Líbano, Malawi y Bosnia y Herzegovina.
La corrupción socava una respuesta equitativa al COVID-19 y otras crisis, destacando la importancia de la transparencia y las medidas anticorrupción en situaciones de emergencia.
Los informes muestran que la corrupción prevalece en la respuesta al COVID-19,desde el soborno para las pruebas, el tratamiento y otros servicios de salud del COVID-19, hasta la adquisición pública de suministros médicos y la preparación general para emergencias.
Este análisis revela que los países que obtienen buenos resultados en el índice invierten más en atención de salud, están en mejores condiciones de brindar cobertura universal y tienen menos probabilidades de violar las normas democráticas o el estado de derecho al responder a una crisis. Lee mas.
Los países que obtienen buenos resultados en el IPC invierten más en atención médica.
Los países que obtienen buenos resultados en el IPC tienen menos probabilidades de violar las normas e instituciones democráticas. Cada punto representa el puntaje del IPC 2020 de un país y los círculos representan el puntaje promedio del IPC para esa categoría de violación democrática
Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, América escaparate de la corrupción y la mala gestión de los fondos en una de las regiones más afectadas por la crisis COVID-19.
Canadá y Uruguay tienen constantemente los mejores resultados, con puntajes de 77 y 71 respectivamente, mientras que Nicaragua, Haití y Venezuela son los peores resultados, con puntajes de 22, 18 y 15 respectivamente.
En una región que ya se caracteriza por instituciones gubernamentales débiles, COVID-19 ha puesto de relieve profundas desigualdades sociales y económicas, con sus efectos desproporcionados en poblaciones vulnerables, incluidas mujeres, niñas, grupos indígenas, ancianos, migrantes y afroamericanos.
Al igual que en otras regiones del mundo, los gobiernos de las Américas tomaron medidas extraordinarias para combatir el COVID-19 en forma de varios estados de emergencia que restringieron los derechos civiles. Estas restricciones restringieron las libertades de expresión y reunión, debilitaron los controles y equilibrios institucionales y redujeron el espacio para la sociedad civil .
Una concentración alarmante de poder en los poderes ejecutivos en países como Colombia (39) y El Salvador (36) ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de corrupción asociados con las adquisiciones relacionadas con COVID-19. En toda la región, los ciudadanos luchan por acceder a información confiable y actualizada sobre estadísticas de salud y adquisiciones de emergencia.
Un desafío importante que enfrenta la región es garantizar que los fondos y programas para el alivio de COVID-19 no se pierdan debido a la corrupción y lleguen a los destinatarios previstos. No entregar esta ayuda corre el riesgo de aumentar el descontento social, aviva el populismo dañino y crea una pobreza y una desigualdad aún mayores .
Los gobiernos también deben garantizar que el desarrollo, la compra y la distribución de los tratamientos y vacunas COVID-19 sean transparentes y equitativos. Es fundamental que los gobiernos permitan que las organizaciones de la sociedad civil y la prensa funcionen como perros guardianes, haciendo que los políticos y las empresas rindan cuentas. Con demasiada frecuencia, los gobiernos buscan utilizar estas crisis para obtener ventajas políticas a expensas de la sociedad civil.
Con un puntaje de 36, El Salvador, se ha estancado en el IPC durante los últimos 8 años, pero recientemente, el país sufrió un serio revés cuando se suspendió una importante ley para brindar acceso a la información debido a la pandemia.
Solo mediante el uso de esta misma ley, los grupos de la sociedad civil podrían monitorear los fondos del gobierno para las compras relacionadas con COVID-19 para garantizar que el dinero se gaste bien. Desafortunadamente, el estado de emergencia nacional permitió procesos de contratación menos transparentes y riesgosos, lo que resultó en algunas irregularidades alarmantes .
Uno de los casos de corrupción más graves en El Salvador fue un contrato entre el gobierno y una empresa española de autopartes por valor de 12 millones de dólares para adquirir suministros médicos a un precio excesivo. Al igual que en los países vecinos, El Salvador tiene criterios poco claros para elegir a los beneficiarios utilizados en la entrega de cupones de transferencias de efectivo de emergencia .
Muchos pequeños países insulares del Caribe que dependen de los productos básicos y del turismo se vieron gravemente afectados por las repercusiones económicas del COVID-19. Además, estos países se enfrentan a una financiación deficiente para las emergencias médicas ya que sus gobiernos luchan con recursos ya limitados .
Jamaica (44), Trinidad y Tobago (40) y República Dominicana (28) mostraron poca mejora en el IPC. En 2020, Jamaica y Trinidad y Tobago devolvieron al poder a dos partidos gobernantes, pero la elección de un nuevo gobierno en República Dominicana generó esperanzas para la lucha contra la corrupción .
Con un puntaje de 25, Guatemala tiene un declive significativo en el IPC, cayendo 8 puntos desde 2012. El Congreso amenazó el derecho a la información con reformas que representan un serio revés para la supervisión ciudadana y crean un riesgo de politización. En respuesta, los ciudadanos se manifestaron contra los recortes presupuestarios a la educación y la salud, y la forma secreta en que estos recortes se negociaron y aprobaron.
Dos décadas de corrupción generalizada son uno de los principales impulsores de la actual crisis humanitaria en Venezuela (15), una caída significativa en el IPC, cayendo cinco puntos desde 2013.
La pandemia de COVID-19 agravó la escasez de medicamentos, suministros médicos y equipos esenciales y deterioró la infraestructura hospitalaria. Durante las últimas dos décadas, el país perdió al menos US$ 5 mil millones debido a la corrupción en el sector de la salud, amenazando la salud y la vida de millones de venezolanos.
Con una puntuación de 39, Ecuador es un mejorador significativo en el IPC, con un salto de 7 puntos desde 2012. Las decisiones judiciales clave incluyen la sentencia del ex presidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y otras 18 personas por aceptar casi US$ 15 millones en sobornos a cambio de contratos públicos para financiar campañas electorales entre 2012 y 2016.
A pesar de estos hitos, la corrupción ocupó un lugar central durante la crisis de COVID-19 , con 141 investigaciones en curso de contratos corruptos, malversación de fondos y precios inflados de suministros médicos como mascarillas y bolsas para cadáveres. En el futuro, la aplicación adecuada de la ley anticorrupción aprobada recientemente por la Asamblea Nacional permitiría mejorar los procedimientos de contratación pública y limitar los abusos.
Con un puntaje de 38, Perú mejora dos puntos, pero permanece relativamente estancado en el índice desde 2012. Las investigaciones de casos de corrupción y la reciente aprobación de leyes cruciales anticorrupción ofrecen algunas mejoras.
Específicamente, dos leyes brindan esperanza. Uno evita que las personas declaradas culpables de corrupción se postulen a cargos públicos o sean designadas para puestos de confianza . El segundo mejora la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el financiamiento político.
Las elecciones presidenciales programadas para abril de 2021 presentan una oportunidad para poner fin a la impunidad y hacer rendir cuentas al poder en Perú, donde el descontento social con la corrupción, el COVID-19 y la crisis económica resultante sigue siendo alto. Las investigaciones de líderes políticos de alto nivel y empresarios prominentes deben llevarse a juicio y las sentencias deben confirmarse, según corresponda, para mantener la confianza pública.
Con una puntuación de 24, Honduras baja dos puntos para alcanzar un nuevo mínimo en el IPC. En el último año, Honduras fue devastada tanto por COVID-19 como por la temporada de huracanes de 2020, y continúa sufriendo altos niveles de pobreza y desigualdad.
Las instituciones débiles contribuyen a la falta de preparación para desastres y una economía uniforme crea una dependencia excesiva de la agricultura y los recursos naturales para obtener ingresos .
El estado de los esfuerzos anticorrupción es igualmente sombrío. El país perdió millones a causa de la corrupción en la última década y experimentó importantes retrocesos en la lucha contra la impunidad con la finalización de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de Estados Americanos. El Congreso también aprobó una serie de leyes que promueven la corrupción y obstaculizan las investigaciones .
Los informes revelan una alarmante falta de planificación en las compras relacionadas con el COVID-19 del país , el sobreprecio de los equipos médicos y los acuerdos contractuales opacos en el proceso de adquisición de los hospitales de campaña.
Con un puntaje de 67, EE.UU. alcanza su puntaje más bajo en el IPC desde 2012. El ataque de la Administración a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la ley antisoborno de EE.UU. que sirve como estándar de oro global, ataques a denunciantes , el desafío de la supervisión de los fondos de ayuda para la pandemia y los esfuerzos para promover afirmaciones falsas de fraude electoral generalizado para socavar una elección presidencial libre y justa son tendencias preocupantes.
Específicamente, el despido de los inspectores generales por identificar la corrupción y el fraude en las operaciones gubernamentales y la intervención personal del presidente para presionar a los funcionarios electorales e incitar a la violencia con el fin de cambiar los recuentos de votos certificados a su favor se encuentran entre las desviaciones más graves de la práctica democrática ética.
La adopción de fin de año por parte del Congreso de una ley histórica contra el lavado de dinero y las primeras señales positivas de una nueva Administración son desarrollos prometedores, pero las actuales divisiones partidistas altamente cargadas en los EE.UU. lo convierten en un país para observar.
