María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, fue consultada durante una entrevista con EFE, en Quito
Ecuador depende de la apertura del catastro minero para incentivar la llegada de inversiones en este sector, que en 2021 generó unas exportaciones por valor de 1.041 millones de dólares y representaba un 1,64 % del PIB.
Cerrado desde 2018, el catastro representa las oportunidades que el país andino ofrece para la prospección y futura explotación, por lo que su apertura se hace vital para empezar a generar nuevos proyectos.
"En 2020 la industria minera exportó más de 1.000 millones de dólares en productos metálicos, esto es una cifra importante, que da cuenta de una industria que será clave para la reactivación económica del país", dijo a Efe María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador.
Sumido en dificultades económicas por los embates de la pandemia del coronavirus y una creciente deuda que a finales de año superaba los 60.000 millones de dólares, el Gobierno de Lenín Moreno ve en la minería una fuente de ingresos, si bien las políticas en el terreno contrastan a veces con ese objetivo.
Un ejemplo claro es el cierre del catastro desde hace dos años para depurar la información y digitalizarla a un nivel que ayude a las autoridades a generar una mejor oferta que esté actualizada en todos los aspectos.
La reapertura estaba prevista para 2020, pero la pandemia retrasó el proceso y ahora se espera que vuelva a reabrirse antes de que el actual Ejecutivo nacional termine sus funciones en mayo, aunque no se ha confirmado aún.
Desde el Ministerio de Energía explicaron que su reapertura depende de un proceso de modernización y actualización que se realiza con el Banco Mundial y el BID.
"Este proceso minucioso permitirá contar con una herramienta confiable, transparente, segura que promueva una eficiente gestión sectorial", dice una comunicación escrita del Ministerio.
En diciembre de 2019 finalizó la primera fase del proyecto y en diciembre se firmó un contrato de crédito del BID para desembolsos este 2021, que permitirán la implementación de la nueva plataforma de información catastral minera.
Mientras tanto, de los cinco proyectos estratégicos previstos sólo dos han salido adelante, Fruta del Norte, a cargo de la canadiense Lundin Gold, y Mirador, de Ecuacorrientes, una empresa de bandera china.
Entre ambas han generado el año pasado alrededor del 60% de las exportaciones metálicas ecuatorianas, en tanto que el 40 % restante proviene de la pequeña minería, según Silva.
"En 2021 se espera aumentar esa cifra. Se espera que el ambiente electoral no trunque a una industria que lo que quiere es invertir y seguir trabajando en el país", agregó sobre los comicios del 7 de febrero.
Y pidió "responsabilidad" a los políticos con lo que proponen acerca de esta industria, que es "responsable, legal y legítima" porque "cumple con la normativa ecuatoriana, con los estándares internacionales", y "desea ser esa pieza clave para la reactivación económica".
Ecuador, que inició esta actividad con mucho más retraso que países vecinos como Chile o Perú, aprobó la minería metálica en referendo en 2018, tras varios años de actividad prospectiva.
"A través de una consulta popular el pueblo ecuatoriano permitió la minería exceptuando áreas protegidas, zonas intangibles y zonas urbanas", recordó la ejecutiva al traer a colación un reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional dando paso a una consulta popular local sobre un proyecto minero en el sur del país.
Los intentos de grupos indígenas y ambientalistas para frenar esta actividad se replican en todo el país, tanto a nivel popular como jurídico, e incluso en la Asamblea Nacional, donde estos días se han presentado dos proyectos de ley.
En Ecuador, solo el 7,5% del territorio está concesionado para la minería y apenas el 1 % está en fase de desarrollo, según la Cámara.
"Ninguna concesión afecta a las áreas protegidas, que representan el 20 % del territorio", aseguró Silva en ese sentido.
El objetivo del Gobierno es conseguir que, hasta 2025, el sector aporte hasta el 4 % del PIB, un objetivo difícil de alcanzar porque las prospecciones y desarrollo in situ tardan años.
"No solamente depende de la industria minera, depende también de la seguridad jurídica, de la gestión del Estado ecuatoriano para impulsar, viabilizar y dinamizar esta industria", sostuvo Silva.
Y agregó que "conforme los proyectos avancen y lleguen a etapa de producción, mayor será el aporte al PIB y el beneficio que se dé al Ecuador en términos de impuestos, en términos de generación de empleo y de encadenamiento productivo".
Ecuador produce oro, plata, cobre y molibdeno, pero su potencial geológico, aún por explorar, va mucho más allá.
Con tres proyectos estratégicos y seis de segunda generación pendientes de ejecución, el futuro del sector dependerá de que las garantías jurídicas incentivadas desde el actual Gobierno vayan reafirmándose en la práctica, de la agilización institucional de todos los procesos de licencias, y de la reapertura del catastro.
"Habrá nuevas inversiones si se abre el catastro. Para descubrir hay que explorar", destacó la directora de la Cámara, quien recordó que "no todas las exploraciones acaban en mina" y que requiere "apostar a mucho para que salga algo".
Una apuesta que -asegura Silva- es mucho más amable con el medioambiente cuando es realizada por empresas internacionales que se atienen a la legislación nacional y extranjera, a diferencia de la minería ilegal que actúa sin control.
