El debate de la ley pasará a 2021
SABRINA PONT
Más allá de los esfuerzos encabezados por el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que abrió la discusión sobre cómo hacer minería a distintos sectores de la sociedad en el marco de la “Mesa Nacional Minera”, el año cierra como se inició: con fuertes cuestionamientos para el sector y un debate imposible en una de las 7 provincias que hoy prohíbe la actividad, buscando acercar posturas irreconciliables.
Con la pandemia, se demoró la agenda pendiente y se impuso, como tarea urgente apenas fue declarada actividad esencial, la elaboración de protocolos para cuidar la salud de los trabajadores.
La distancia social dentro de los campamentos mineros y las dificultades vinculadas con los traslados de los trabajadores entre provincias demoraron la reorganización de las empresas, que aún no pudieron volver a trabajar al 100% de su capacidad y afrontaron mayores costos productivos, que en muchos casos se incrementaron a más del doble.
La minería volvió a la escena nacional, de la mano del debate por la zonificación en Chubut, que ya quedó postergado para 2021, a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Arcioni por instalar el tema antes de terminar este año.
Ya son al menos tres las causas judiciales abiertas y se pretende que los legisladores traten el tema con esos asuntos estén resueltos.
Previo al COVID-19 también se había enfocado, de modo impensado, en las movilizaciones antimineras que resurgieron en Mendoza. Así es como se corre, una vez más, el eje central de la necesidad imperiosa de captar inversiones, para dar lugar a otra controversia, que si bien se circunscribe a un distrito, también puede tener afectaciones en todo el país.
El coronavirus se sumó al recurrente destino de tener que dar pelea a los antimineros y terminó por inclinar la balanza hacia la inacción.
El Gobierno de Alberto Fernández tuvo que dejar de lado, una vez más la principal discusión que se planteó apenas asumió -incluso antes de ser electo, con la sola confirmación de las PASO, ya había asegurado ante mineros que era una prioridad- que apuntaba a la revisión de las retenciones de acuerdo a la envergadura de los proyectos.
Al inicio de la gestión, con la Ley 27.541 de Solidaridad se estableció que los derechos de exportación se iban a fijar en un 8% en vez del 12%, pero en los hechos, después la reglamentación se demoró y retrasó unos 10 meses la aplicación definitiva de ese nuevo porcentaje. Hasta octubre las mineras siguieron pagando el 12%.
Proyectos que podrían haberse iniciado no arrancaron todavía y aseguran sería porque este nivel de las retenciones no les conviene. Por otro lado, está claro que a los que más afecta es a los proyectos que están en plena producción. Los mismos no factibilizaron con el 12%, ni con el 8%.
A mitad de año, una modificación en el Gabinete nacional ya anticipaba la nueva jerarquía de las decisiones del Gobierno: al mudar la Secretaría de Energía, que pasó de estar bajo el paraguas del titular de la cartera de Desarrollo Sostenible, Matías Kulfas, a depender del Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán.
Una parte del sector lo leyó como evidencia de que la minería si bien tiene potencial, hoy no mueve el amperímetro de las cuentas fiscales.
En ese contexto, el secretario de Minería, Alberto Hensel sigue dando la discusión en todos los frentes que puede. Busca implementar un esquema progresivo para la aplicación de retenciones. Lo llama Programa de Reactivación de la Inversión Económica Minera o programa “Proyecto por proyecto”.
El funcionario sostiene que no es lo mismo producir oro, cobre, plata, litio.
Esto es porque no incide de la misma manera las retenciones en un proyecto que en otro, “no es lo mismo el período de repago en un proyecto que en otro, no es lo mismo la ley de corte de minerales en un proyecto que en otro, entonces lo que se plantea es la necesidad de generar modelos económicos financieros para cada caso.
El proyecto está escrito, lo que busca es gravar lo menos posible la inversión y volcarlo a la etapa de producción, es decir que apunta a que esa sea posible el repago de las inversiones los primeros años.”
La minería fue nominada en varias ocasiones a lo largo del 2020 para ocupar un “rol crucial” ante la merma de reservas en el Banco Central. Pero para los empresarios, hoy no están dadas las condiciones, mínimamente razonables, que permitan mantener el flujo de negocios.
Estiman que, a partir de las restricciones cambiarias que aún persisten en el mercado, la minería pierde el 40% de las ventas en todo el ida y vuelta del mercado financiero.
El ojo de la tormenta se posa en Chubut; la expectativa es muy grande, pero la discusión no se agota en un debate parlamentario.
Aún aprobando la zonificación en Chubut y dando la oportunidad de desarrollo al proyecto de producción de plata Navidad, el foco de la agenda de todo el sector en ese conflicto puntual puede ser contraproducente: pone bajo la lupa cuestiones que no tienen que ver con el eje de discusión con el que se buscó trabajar desde la Secretaría de Minería de Nación, en el marco de las llamadas “Mesas facilitadoras” y ahora en la “Mesa Nacional”, que tienen como objetivo la creación de un Plan Estratégico que se proyecta concretar en marzo de 2021.
En Chubut, después de 17 años finalmente se está cumpliendo con la ley. La misma, en su artículo 2 prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero también establece pautas y condiciones para hacer una zonificación en el territorio de la provincia.
Es un debate que había quedado postergado. Sin embargo, lo que llega a la costa es la discusión que se creía saldada: minería sí o minería no.
