A un año del intento de reforma de la Ley 7722
Los Andes
El Gobernador afirmó que las encuestas avalan su desarrollo en la provincia. Y que “sectores muy poderosos” articularon en diciembre de 2019 una campaña de miedo contra la normativa.
Hoy se cumple un año desde que, casi en su primer acto de Gobierno, Rodolfo Suárez enviara a la Legislatura el proyecto para modificar la ley “antiminera” 7722. La iniciativa sería aprobada 10 días después con los votos del oficialismo y del peronismo y, tras violentas protestas en las calles, fue finalmente derogada por el propio Gobernador.
Hoy, tras ese traspié que marcó a fuego el inicio de su gestión y que había sido una de sus promesas de campaña, Suárez asegura que no está arrepentido de haber avanzado con el tema y que ahora, tras la grave crisis que ha dejado la pandemia en la provincia, las encuestas dicen que una mayoría respalda que haya minería en Mendoza.
“En la última encuesta que hicimos, por primera vez el desarrollo de la minería le gana al no desarrollo de la minería. Es impresionante cómo ahora la gente dice que esa oportunidad de desarrollo económico que había presentado el gobernador Suárez mueve la aguja”, dijo el Gobernador en la entrevista que le dio a Los Andes y que se publicó el último domingo.
Para Suárez, “esa ley puede haber sido apresurada”, pero atribuye a “un contexto de campaña de miedo bien articulada por sectores muy poderosos” el haber tenido que dar marcha atrás con la modificación.
Y aseguró que los grandes errores del Gobierno fueron de comunicación: “A nosotros nos faltó decirle a la gente que iban a vivir mejor con esto, que iba a haber mucho empleo. Lo que pasa es que la gente no cree en el Estado, en los controles. Y habíamos hecho una ley que tenía los mejores controles”.
Tras haber cumplido un año de gestión y al momento de hacer los balances de un año muy difícil dominado por la pandemia de Covid-19, Suárez volvió a mencionar a la minería como un aspecto clave para el desarrollo futuro de Mendoza, junto con la energía, el turismo y la economía del conocimiento. Al respecto, el Gobernador afirmó que estudió el modelo de minería que se aplica en Australia y agregó que allí los lugares “quedan mucho mejor” cuando termina el proceso. “Nosotros tenemos minas para explotar a 80 a 90 años. Hasta oro en vetas hay en Mendoza”, ejemplificó.
Y aunque descartó por ahora reimpulsar el debate, insistió con que estas discusiones “se van generando” y que los procesos históricos “no son blanco y negro”. “A lo mejor dentro de 20 años Mendoza explotó, la tecnología avanzó, se puede hacer minería y nosotros fuimos los que dimos el puntapié”, cerró Suárez.
Cabe destacar que la reforma de la Ley 7722 fue una promesa de campaña de Suárez, quien al día siguiente de asumir el Gobierno, el 10 de diciembre de 2019 mandó a la Legislatura el proyecto, que encontró una sanción rápida gracias al acuerdo político que había alcanzado el Gobierno con el peronismo a través de la competidora de Suárez en la elección para gobernador, Anabel Fernández Sagasti.
Tras la aprobación, hubo movilizaciones sociales para rechazarla en varios puntos de la provincia y, tras una violenta protesta que llegó a las puertas de la Casa de Gobierno, un día después de la Navidad, el 26 de diciembre, el Gobierno dio marcha atrás y derogó la reforma de la 7722.
Diario Uno
Representantes de sindicatos, partidos políticos, de los tres poderes y otros, será presentados este jueves bajo la figura de Consejo Económico, Ambiental y Social
A partir de este jueves, los sindicatos, empresarios, representantes de los tres poderes, organizaciones no gubernamentales y otros, comenzarán a sentarse en una misma mesa como órgano consultor de las decisiones del gobierno. El 10 de diciembre, en el auditorio Ángel Bustelo, se constituirá finalmente el Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza.
Este Consejo tendrá la función de asesorar al gobernador y servir como órgano consultor de planes y proyectos para ayudar a crecer a Mendoza.
No obstante, las opiniones que haga este Consejo Económico, Ambiental y Social no serán vinculantes. Es decir, el gobernador Rodolfo Suarez podrá pedir el punto de vista de este Consejo pero eso no significa que lo deba cumplir.
Poder Ejecutivo: Héctor Smud y Emilce Spinoza
Poder Legislativo: Juan Carlos Jaliff y Andrés Lombardi
Poder Judicial: Dalmiro Garay y Mario Adaro
Ex-Gobernadores: José Bordón, Arturo Lafalla, Rodolfo Gabrielli, Julio Cobos, Roberto Iglesias, Francisco Pérez, Celso Jaque y Alfredo Cornejo
Asociaciones Sindicales de Trabajadores: 5 representantes – 4 del sector privado y 1 del sector público –
Organizaciones Empresariales representativas de la Industria, del Comercio, del Sector Agrícola, del Turismo, del Desarrollo Tecnológico, de la Construcción, del Sector Hidrocarburífero y del Sector Minero: 8 representantes, uno por cada sector enunciado: Gustavo Reyes (Comercio), Mario Comellas (Industria), Nicolás Vicchi (Sector Agrícola), Mauricio López Huerta (sector Ganadero), Ángel Cirasino (Sector Hidrocarburífero), Ignacio Gómez Portillo (Sector de Desarrollo Tecnológico), Raúl Javier Rodríguez (Sector Minero) y Arturo González (Turismo)
Departamento General de Irrigación: Sergio Marinelli
Inspecciones de Cauce: Edgardo Roby
Organizaciones de promoción social y asistencia y del sector de la Cultura: Gladys Graciela Baccarelli y Fernando Cacciavillani (Organizaciones de promoción y asistencia social) y por las Organizaciones de la cultura, Carlos Casciani.
De los distintos credos de la Provincia de Mendoza: Marcelo Daniel Colombo, por la Iglesia Católica; Pablo Scherbovsky, por el Judaísmo, y Pablo Prieto, por las Iglesias Evangélicas.
Organizaciones de Defensa de los Consumidores: Romina Soledad Ríos Agüero
Economía social: Cristian Calvo
Asociaciones o Fundaciones dedicadas a la Protección del Medio Ambiente: Cristina Macello, Rafael Kemelmajer y Fernanda Solanas
Universidades Públicas: Daniel Pizzi, por la Universidad Nacional de Cuyo, y Ricardo Antonio Fuentes por la UTN
Universidades Privadas: Mónica Torrecilla y Juan Antonio Zapata
Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza: Elena María Abraham
Cada uno de los Colegios Profesionales reconocidos por ley de la Provincia de Mendoza: Andrea Disparte, por el Colegio Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción; Silvestre Peña y Lillo por el Colegio Profesional Notarial; Pablo Pithod por el Colegio Profesional de Arquitectos; María Amalia Fernández, por el Colegio de Profesionales de la Educación Física; Esteban Atilio González, por el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas; Manuel Antonio Ponce, por el Colegio Profesional de Licenciados de Administración; Mabel Mónica Furiasse, por la Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar; Soledad García, por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social; Leila Soraya Demirllian, por el Colegio Profesional de Traductores Públicos y Paola Lavilla, por el Colegio Profesional de Médicos Veterinarios.
Por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas: Cdora. Evelina Garcia Druetta
Por los municipios: Ulpiano Suarez (Municipalidad de la Ciudad de Mendoza), Gustavo Ponce (Municipalidad de General Alvear), Manuel Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz), Nicolás González Perejamo (Guaymallén), Juan Carlos Reta (Junín), Fernando Ubieta (La Paz), Carlos Nofal (Las Heras), David Fiore (Lavalle), Esteban Allasino (Luján de Cuyo), José Matías Stevanato (Maipú), José Luis López (Malargüe), Liliana Natoli (Rivadavia), Ricardo Funes (San Carlos), Daniel Llaver (San Martín), Gustavo Perret (San Rafael), Flor Destéfanis (Santa Rosa), José Emir Andraos (Tunuyán) y Jorge Gastón Galdame (Tupungato).
Partidos Políticos: Patricia Susana Fadel (Alianza Frente Somos Todos y Elegí Mendoza), María José Sanz (Alianza Cambia Mendoza), Maximiliano Andrés Dalmasso (Partido Intransigente), Héctor Bonarrico (Partido MASFE) y Alberto Sabás (Protectora Fuerza Política).
El Consejo Económico, que formó parte de los anuncios de Suarez en su discurso del 1 de mayo, tendrá una duración de cinco años. Es decir, hasta el 2025.
