Los trabajos e inversiones mineras del último período fiscal y los que se realizarán en los subsiguientes pueden declararse hasta fin de año mediante los nuevos tramites digitales (TAD) implementados por resolución del secretario de Minería, Alberto Hensel.

El programa de optimización del Registro de Inversiones de la Ley Nº 24.196 busca la digitalización completa de todos los trámites que llevan a cabo los beneficiarios de la Ley para monitorear el cumplimiento efectivo de los programas y planes de inversión por parte de los beneficiarios de beneficios fiscales.

"Hoy cualquier minero, chico, mediano o grande, en cualquier territorio del país que tenga acceso a internet, no necesita de ningún intermediario y puede desde su casa llevar adelante este trámite", resaltó la subsecretaria de Desarrollo Minero Laura Ropolo.

La idea de la iniciativa era "brindar esta instancia y todas las que necesiten, en especial las pequeñas y medianas empresas que a veces no poseen tanta ayuda técnica, para facilitarles la tarea", al exponer en un taller del que participaron autoridades de CAEM, cámaras de proveedores, empresas y autoridades mineras provinciales, explicó.

Según Ropolo, "está el mandato del secretario Hensel de eliminar trabas burocraticas para facilitar que todos los empresarios mineros de cualquier tamaño inviertan en la Argentina y cuenten con un Estado que los acompañe".

Los beneficiarios pueden presentar las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2019/2020 hasta el 31 de diciembre.

El programa de optimización del Registro de Inversiones busca la digitalización completa de todos los trámites que llevan a cabo los beneficiarios de la ley.

"Contar con información fehaciente, actualizada, detallada y trazable garantiza la posibilidad de monitorear la correspondencia entre el sacrificio fiscal que realiza la sociedad en su conjunto para promocionar una actividad económica de alto riesgo para el inversor -que el Estado acompaña- y el cumplimiento efectivo de los programas y planes de inversión por parte de los beneficiarios", se explicó.

El avance en las iniciativas de transparencia, rendición de cuentas e integridad de los datos tienen como presupuesto necesario contar con información fidedigna, actualizada y trazable que permita al Estado implementar políticas públicas de desarrollo productivo sectorial basadas en evidencia, así como también ejercer sus controles de forma eficiente y objetiva.

Por su parte, representa una garantía de buenas prácticas gubernamentales de cara a la sociedad civil en su conjunto; y tiene un claro sentido federal dado que posibilita a todos los beneficiarios de la Ley de cualquier punto del país el acceso directo sin intermediarios ni necesidad de trasladarse de sus provincias.

Por último, garantiza la trazabilidad para el interesado, la objetividad en los controles por la Autoridad, simplificará los procesos ya que los datos una vez cargados, luego sólo deberán ser actualizados ante el vencimiento de las declaraciones juradas los años posteriores, sin necesidad de recurrir al papel, que no asegura ninguno de estos atributos.