12 de los 32 departamentos presentan evidencias de explotación de oro de aluvión en tierra y 52% se encuentra en zonas excluibles de minería
Aunque el oro es el metal que ha sacando la cara en la producción minera del país en el último año, al Estado aún le queda mucha tela por cortar en cuanto a la legalización de su extracción.
Así lo deja entrever el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito el cual concluye que más del 60% de la minería de oro en el país es de operación no legal.
Según el citado informe de 236 páginas, y al cual tuvo acceso Portafolio, “el 66 % de las evidencias de explotación de oro de aluvión (Evoa) no cuenta con permisos técnicos y/o ambientales ni se encuentra en tránsito hacia la legalidad, lo que constituye una actividad ilegal”.
Así mismo, el reporte del cual tiene conocimiento el Ministerio de Minas y Energía (MME), y que cuenta con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, afirma que en el 2019 se presentó un incremento de 6% con respecto al 2018 en hectáreas con evidencias de Evoa en Colombia.
“Los resultados del estudio muestran que 12 de los 32 departamentos presentan evidencias de explotación de oro de aluvión en tierra, con un total de 98.028 hectáreas (ha); y cerca de la mitad (52%) se encuentra en zonas excluibles de minería, territorios en los que por su función de protección y conservación del patrimonio ambiental no está permitida la explotación”, subraya el reporte de la ONU.
De acuerdo al informe, la Evoa en tierra se concentra en tres departamentos: Antioquia, Chocó y Bolívar, con el 88% del total nacional.
De igual manera, también prevalece la concentración en el ámbito municipal: 96 cabeceras reportan detección (de 1.122 que hay en el país), de los cuales 10 ocupan el 54% del total (Zaragoza, Nechí, Cáceres, Nóvita, El Bagre, El Cantón de San Pablo, Ayapel, Istmina, Río Quito y Montecristo), ubicados en Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar.
Además, los departamentos con presencia de Evoa en agua son Amazonas, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés, Guaviare y Cauca, y los afluentes son los ríos Apaporis, Caquetá, Cotuhé, Inírida, Negro y Atabapo.
“Esta serie histórica de observación y análisis del fenómeno es resultado de una cooperación técnica y estratégica. Este ejercicio recoge la visión del MME que propone gestionar información a través de un sistema de monitoreo que facilita el diseño de herramientas para enfrentar más eficazmente la explotación de oro de aluvión”, recalcó Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las ONU contra la Droga y el Delito en Colombia.
El informe indica también que, la explotación de oro de aluvión sucede en territorios ambiental y socialmente vulnerables, donde la ilegalidad se expresa de diferentes maneras; así en el 43% de los territorios con Evoa se identificó la presencia de cultivos de coca.
En otros de los apartes, el estudio de la ONU revela además que “el 64% de Evoa en zonas libres corresponde a explotación ilícita y el 36 % coincide con territorios que cuentan con permisos; no obstante, es necesario monitorear y hacer seguimiento para saber si están cumpliendo con los compromisos técnicos y ambientales establecidos en los títulos o Contratos de Concesión. Antioquia concentra la mayor cantidad de esta actividad en zonas libres (64 %), seguido de Chocó (18 %) y Córdoba (9 %)”.
Al indagar sobre el tema con analistas del sector minero, estos dejaron en claro que el Evoa está lejos de ser una “actividad criminal”.
“De tiempo atrás se ha venido estigmatizando uno de los oficios ancestrales de la historia del país como es la minería de subsistencia, a la que muchos sectores del Estado han buscado criminalizar bajo el pretexto de que toda actividad que implique la extracción de recursos naturales sin gozar de título que lo autorice es ilegal”, señaló el abogado Guillermo Reyes, experto en Derecho Minero.
El jurista precisó el calificativo se otorga sin importar si se trata de la minería tradicional que desarrollan los barequeros, o la irregular que promueven los grupos al margen de la ley.
“La situación de persecución que viven las comunidades que realizan esta actividad obedece a una cuestionada política presuntamente dirigida a la prevención de actividades delictivas o de prácticas prohibidas que han asociado sin fundamento real y probatorio, con esa práctica ancestral de la minería de subsistencia”, subrayó Reyes.
La estrategia del MME está enfocada en reducir la explotación ilícita de minerales en las etapas de producción, beneficio, transporte y comercialización con cuatro estrategias: 1) afectar la cadena de valor de la explotación ilícita de minerales; 2) desarticular las estructuras criminales; 3) fortalecer la coordinación interinstitucional, y 4) fortalecer la cooperación internacional.
