SOFÍA DIAMANTE

Si el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario consigue la sanción en el Senado y no se judicializa, YPF podría recibir financiamiento por alrededor de $75.000 millones, según estimaciones oficiales, que representa el 25% del total proyectado de recaudación. No se trata de un número menor, y beneficiará a todos los accionistas de la petrolera, incluido el 49% que está en manos de inversores privados.

Lo paradójico del impuesto a las grandes fortunas es que genera que las familias Bulgheroni, accionista de Pan American Energy (PAE), Rocca, dueña de Techint, y Eurnekian, titular de CGC, entre otras, aportarían parte de su patrimonio para financiar proyectos de la competencia.

En la oposición, además, criticaron que se destine parte del dinero recaudado por un impuesto surgido a raíz de la crisis de la pandemia a financiar proyectos de hidrocarburos de largo plazo, que no tienen que ver con la emergencia sanitaria.

Según figura en el proyecto de ley, el 25% de lo recaudado estará destinado a actividades de exploración y explotación de gas, pero no se le transferiría de forma directa a YPF, sino que el dinero iría a Integración Energética Argentina (Ieasa, ex-Enarsa), la empresa energética que fundó el expresidente Néstor Kirchner y que preside Andrés Cirnigliaro, de muy buena relación con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

La transferencia a Ieasa se explica porque YPF es una sociedad anónima y la única forma de recibir dinero de manera directa sería haciendo una capitalización, pero eso no garantiza que el dinero se pueda focalizar en proyectas de gas, como quiere el gobierno. De hecho, calculan en el oficialismo que, con la inversión de US$1000 millones, se podrá producir ocho veces más volumen de gas de lo que se podría importar con ese dinero.

Además, según explicaron en la petrolera, "como YPF esta compuesta en un 49% por accionistas privados, podría ser legalmente objetable que el Estado obtenga fondos de privados para beneficiar en forma directa a otros privados".

Ieasa, al ser una compañía estatal, deberá hacer un llamado de licitación antes de alocar los recursos y justificar el acuerdo con YPF. No se espera que sea un trámite sencillo desde el punto de vista legal.

En el oficialismo vislumbran una asociación estratégica entre ambas empresas para el desarrollo de algún área hidrocarburífera, como en su momento fueron los acuerdos de YPF con Chevron, Dow y Petronas. Esto le serviría para cubrir la oferta que seguramente entrará en la subasta del reciente oficializado Plan Gas, el programa que subsidia la producción. Las empresas del sector energético critican que esta medida puede generar una "competencia desleal".

Además señalaron que resulta "discriminatorio e ilegítimo que la asignación específica se destine a beneficiar exclusivamente a ciertas empresas excluyendo a otras" y argumentaron que "se le otorga una ventaja competitiva a YPF, que distorsiona el mercado y restringe el régimen de competencia".

Por último, un informe del exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías señala que esta ley puede tener implicancias en el juicio por la expropiación de la petrolera, ya que "será difícil sostener en adelante que el Estado Nacional e YPF no son lo mismo. Desde luego que los demandantes en los juicios en Nueva York, que plantearon la tesis de YPF como alter ego del Estado, están agradecidos con la confirmación".