Con el derrocamiento de Martín Vizcarra, Perú ha extendido una racha de inestabilidad gubernamental que pocos países pueden igualar, con todos los presidentes desde 1985 excepto uno acusado, encarcelado o buscado en investigaciones criminales. En medio de la indignación pública y la angustia de los inversores, la pregunta es qué ha impulsado este récord. ¿La corrupción es peor aquí que en otras partes de América Latina o la rivalidad entre partidos es más cruel? ¿O hay una falla en los arreglos constitucionales de Perú.
Vizcarra llegó al poder en 2018 cuando su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, renunció en medio de acusaciones de que compró votos para evitar un juicio político. Vizcarra pronto se enfrentó con los propios legisladores por sus propuestas para acabar con la corrupción en el poder judicial y la política. Con sus altos índices de aprobación pública, disolvió el Congreso hace 13 meses. Pero la guerra continuó con la legislatura de reemplazo. El presidente no tenía partido para defenderlo cuando los fiscales comenzaron a investigar las acusaciones de los ejecutivos de la construcción de que había recibido alrededor de $ 638,000 en sobornos cuando era gobernador regional. Renunció después de que los legisladores votaran 105-19 el 9 de noviembre para acusarlo.
La constitución de Perú permite el juicio político del presidente por motivos de "incapacidad moral permanente". Los legisladores citaron ese artículo para justificar el inicio de un proceso contra Vizcarra por supuestamente mentir cuando negó las acusaciones. El Tribunal Constitucional puede reinterpretar ese artículo cuando se pronuncie sobre una demanda presentada por la administración de Vizcarra durante un primer esfuerzo de juicio político en septiembre. La Organización de Estados Americanos dijo que espera que la corte se pronuncie sobre la "legalidad y legitimidad" del juicio político de Vizcarra.
Es tenso. Vizcarra sigue siendo popular y su derrocamiento provocó protestas callejeras cada vez más grandes, principalmente de jóvenes peruanos que ven el juicio político como una toma de poder ilegítima por parte de políticos egoístas. En una encuesta de Ipsos, el 78% se opuso a su derrocamiento y el 54% aprobó su gobierno. Solo el 22% aprobó el titular del Congreso, Manuel Merino, quien asumió la presidencia cuando Vizcarra se fue pero renunció seis días después, pendiente de la formación de un nuevo gobierno interino. Quien sea elegido deberá navegar entre los manifestantes y las demandas de una legislatura con los ojos puestos en unas elecciones generales previstas para el 11 de abril.
El injerto es omnipresente en muchos niveles. En los últimos años, los escándalos han revelado una corrupción desenfrenada entre las élites del país. En 2018, la policía antinarcóticos puso en crisis el sistema de justicia cuando descubrió una red de corrupción judicial con contactos en el Congreso. El caso se produjo inmediatamente después del escándalo de sobornos de Carwash, en el que se reveló que la constructora brasileña Odebrecht había estado pagando a líderes de toda América Latina. El escándalo llegó a implicar a cuatro de los presidentes de Perú. La corrupción ha desplazado al crimen como la mayor preocupación de los peruanos en los últimos años.
Si. Los líderes han sido derrocados, en su mayoría por la fuerza, durante los casi 200 años de la república peruana. El establecimiento político actual está fracturado y los presidentes rara vez obtienen un mandato fuerte de los votantes. El Congreso unicameral de 130 escaños del país tiene nueve partidos, algunos de los cuales también están divididos. En las elecciones generales de 2016, el predecesor de Vizcarra, Kuczynski, ganó solo 18 escaños, lo que lo dejó vulnerable a los ataques de la oposición.
Este Congreso viene proponiendo una legislación populista, como poner topes a las tasas de interés de los préstamos bancarios, desde que asumió el cargo en marzo en medio de la pandemia. El gobierno se ha opuesto a muchos de los proyectos de ley. Vizcarra aprobó una reforma constitucional en 2018 que prohíbe la reelección de legisladores, luego de un referéndum. En la mente de algunos observadores, eso les dio una razón menos para adoptar un enfoque responsable y a largo plazo de la elaboración de leyes.
El sol y los bonos del gobierno en moneda local cayeron luego de que la destitución de Vizcarra provocó disturbios civiles. Sin embargo, el impacto a largo plazo de las turbulencias políticas sobre los activos peruanos a menudo se silencia. Perú tiene algunos de los fundamentos económicos más sólidos de América Latina, lo que tranquiliza a los inversores extranjeros. Pero su inestabilidad es perjudicial para la confianza empresarial local, que pesa sobre el crecimiento.
Casi tan malo como parece. El número de muertos per cápita de Perú se encuentra entre los más altos del mundo, a pesar del severo bloqueo al comienzo de la pandemia que aplastó la economía. El gobierno estima que alrededor de un tercio de la población ha tenido el coronavirus. Las infecciones y muertes diarias han disminuido drásticamente desde agosto.
