En marzo de 2017 Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo Torres, socios y principales accionistas de Pampa Energía, anunciaron la compra de la totalidad de IECSA y sus empresas asociadas, la constructora que pertenecía Angelo Calcaterra, primo hermano del entonces presidente Mauricio Macri. Calcaterra, a su vez había comprado la firma a la familia Macri en 2007. Uno de los principales contratos de IECSA era el soterramiento del tren Sarmiento, una obra que había ganado durante el kirchnerismo junto a la brasileña Odebrecht, protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina.

Iecsa pasó a llamarse Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (SACDE) y a ser dirigida por Damián Mindlin. La compañía lleva adelante actualmente y pese a la crisis un millonario desarrollo inmobiliario en Barrio Parque.

En estos días ha pasado a ser comidilla en el ambiente de los negocios un litigio iniciado por Calcaterra ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Al caso lo difundió el sitio El Cohete a la Luna de Horacio Verbitsky.

Sucede que hay cuotas pendientes que el grupo de Mindlin no efectiviza a raíz del default decretado por el ministro de Macri, Hernán Lacunza el 28 de agosto del año pasado. En aquel momento, Lacunza cuando bajo la palabra “reperfilamiento” provocó un default de los compromisos que había asumido Argentina con el FMI y los tenedores de deuda privada.

De acuerdo a lo publicado, Calcaterra señaló que había una claúsula encubierta que contemplaba que si Cristina Kirchner regresaba a la presidencia en las elecciones de 2019, se reducía el precio de esa transacción. Allegados al grupo Pampa niegan que hubiesen firmado una cláusula de esas característica.

El contrato de compra de las acciones de IECSA preveía un pago al contado, efectuado en 2017, y un saldo de precio pagadero en seis cuotas anuales, comenzando en 2019 y finalizando en 2024.

El contrato preveía que en caso de ocurrencia de “Default Soberano”, definido entre las partes como el incumplimiento en el pago de cualquier suma adeudada bajo financiamientos tomados o garantizados por el Gobierno Nacional, dado el impacto negativo que el default tendría sobre la actividad de la economía y de la empresa, la porción del precio pendiente de pago al momento de la ocurrencia de tal incumplimiento soberano se extinguiría de pleno derecho".

Calcaterra, de acuerdo a los allegados a Pampa Energía, “pretendió cambiar la definición de Default Soberano, y envió un contra documento que fue firmado solamente por él y que no fue firmado ni aceptado por los compradores, según el cual, Default Soberano significaría que Cristina Fernández de Kirchner resultara electa presidenta de la Nación".

Así comentaron que "los compradores consideraron inaceptable esa propuesta, ya que no tenía ninguna razón de negocio, aparte de que los compradores no querían ser parte de ningún acto simulado".

Esta disputa es la que está siendo tratada en el Tribunal Arbitral de la Bolsa.

En cuanto al precio, que no se informó al momento de la compra, en el mercado se habla una primera cuota de US$44 millones más otras seis cuota de US$ 10 millones, es decir unos US$ 104 millones en total.. Lo que está en disputa son las cinco cuotas posteriores al default de agosto de 2018.

Un año después de vender la compañía, Angelo Calcaterra se presentó ante la justicia y asumió “toda la responsabilidad” cuando encarcelaron a su ex mano derecha en la constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero. Ese ejecutivo apareció mencionado en los cuadernos de la coima y Calcaterra aseguró ante el juez Bonadio y el fiscal Stornelli que Sánchez Caballero entregaba dinero a los hombres de Julio de Vido “por orden suya”.

En cuanto a Pampa Energía se trata de un grupo que está en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Lo hace con centrales térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos. Tienen el co-control de Transener, que transporta el 85% de la electricidad de la Argentina. Y son los dueños de Edenor.

Al comprar el negocio de la brasileña Petrobras en la Argentina en marzo de 2017, la Justicia brasileña pidió explicaciones a Mindlin.

Esa adquisición les permitió quedarse con los activos en exploración y producción de gas y petróleo de Petrobras en la Argentina. Y son co-controlantes de Transportadora del Gas del Sur (TGS), que transporta el 60% del gas consumido en el país. Cotizan en Wall Street.