FRANCISCO ORREGO*

Las aguas -y hielos- del mundo medioambiental chileno están revueltas. Recientemente el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, puso la lápida definitiva al emblemático proyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, en Atacama. Con ello, este proyecto minero que se encontraba acogido al Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, de 1997, no podrá seguir desarrollándose por el lado chileno (Pascua), quedando a salvo la parte transandina (Lama). Un buen ejemplo de la robustez de nuestra joven institucionalidad ambiental.

Casi en simultáneo, el Ejecutivo, a través de los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, daba a conocer la decisión oficial del Gobierno de Chile de no suscribir el Acuerdo de Escazú, convenio regional ambiental, por considerar que era inconveniente para los intereses del país, lo que generó críticas injustificadas desde algunos sectores políticos y de la sociedad civil, ambientalistas incluidos, los que fijaron rápidamente la vista en el sector minero como uno de los responsables de tal decisión. La mejor respuesta que dichos sectores activistas encontraron fue acelerar y retomar la tramitación legislativa del proyecto de ley sobre glaciares. El olor a revancha no se lo quita nadie.

La minería chilena es mucho más que Pascua Lama. Este proyecto, a diferencia de la gran mayoría los proyectos mineros que se realizan en el país, partió con el pie izquierdo. Desde un comienzo experimentó dificultades técnicas y regulatorias, que nunca pudieron ser resueltas en forma oportuna y transparente. En cambio, la minería chilena es, en general, una actividad que cumple altos estándares medioambientales y recoge las mejores prácticas mundiales. De ahí que extender los efectos del caso de Pascua Lama al resto del sector minero, no solo es injusto sino que inadecuado.

¿Qué hacemos, entonces, para compatibilizar el desarrollo de la minería y la protección del medioambiente en nuestro país? ¿Es el proyecto de glaciares la mejor respuesta para desarrollar una minería sustentable? ¿Cómo evitamos que consideraciones de orden populista prevalezcan sobre consideraciones técnicas y científicas en la tramitación de este proyecto? ¿El populismo -en este caso medioambiental- se apoderará nuevamente de nuestros parlamentarios, quienes optarán por el “me gusta” fácil de las redes sociales?

Aunque Chile tiene las mayores reservas de cobre del mundo (20,5%) y es el principal productor de este mineral (28%), ello nunca ha servido como excusa para que el sector minero, público y privado, eluda su compromiso con el medioambiente y la sustentabilidad, siendo un activo protagonista, junto a académicos, gremios, científicos, sociedad civil, entre otros, en el desarrollo de la institucionalidad medioambiental en Chile. Por otra parte, nuestro país se encuentra entre los 10 principales lugares del mundo, junto a Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, entre otros, con presencia de masa glacial, la que, en nuestro caso, se encuentra mayormente protegida a través de reservas o parques nacionales.

Pocos saben el origen, objetivo e inspiración de este proyecto, pero no se sorprenderán. Se trata de una moción de los senadores de izquierda Girardi, Allende y Órdenes, que busca prohibir toda actividad económica en los glaciares, en el ambiente periglaciar y en el permafrost o suelo helado, ya sea que tenga o no hielo. Establece que los glaciares son bienes nacionales de uso público, inapropiables y excluidos del uso o aprovechamiento industrial. Sanciona la afección dolosa o culpable de glaciares con penas y multas. El proyecto, además, establece una norma transitoria que afecta retroactivamente las actividades que ya están operando cerca de glaciares.

Más allá de los problemas conceptuales, constitucionales y legales que afectan al proyecto, de las graves consecuencias para la economía nacional y del contundente sustento y evidencia técnica y científica existente, de por sí suficientes para rechazar el proyecto en su estado actual, lo más grave es la inspiración conservacionista de sus autores. En lugar de buscar un enfoque de desarrollo sustentable, que permita armonizar todos los intereses involucrados, el proyecto establece una prohibición absoluta y ex ante para desarrollar toda clase de proyectos y actividades de inversión -no solo mineros- en zonas cercanas a glaciares.

Si usted cree que los senadores de izquierda inventaron la rueda con este proyecto, se equivoca; se equivoca profundamente. Lo que hicieron fue un “cortar y pegar” de la ley argentina, que es el único país del mundo (otro nefasto récord a su haber) que tiene una ley de ley de protección de glaciares (2010). Ni siquiera en Canadá, Estados Unidos y Europa, que son los países más desarrollados y ambientalmente conscientes del mundo, existe una ley especial. ¿Y qué modelo tuvimos que mirar? ¡El argentino, por la flauta! Y para rematar, ¿sabe usted en qué gobierno argentino se aprobó esa ley? En el de Cristina Fernández. No más preguntas, señoría.

Los glaciares, por sus características y aportes al ecosistema, requieren de protección. Qué duda cabe. Pero no puede hacerse a costa del desarrollo y progreso de todos los chilenos, prohibiendo actividades legítimas, ni menos copiando el modelo kirchnerista. Ya no solo se trata de un tema científico o técnico, sino que de simple sentido común. Tenemos una oportunidad única de desarrollar un modelo innovador y sustentable de protección de glaciares, que -en el marco de la actual institucionalidad ambiental- sea respetado y admirado en el mundo, donde se compatibilice la protección del medioambiente y el desarrollo de actividades económicas. No debemos desaprovecharla. Solo pido que no sigamos mirando a nuestros vecinos, en ésta ni en otras materias. Lo que faltaba es que el kirchnerismo legisle en Chile.

*Abogado