En un marco de incertidumbre por el precio internacional del petróleo, el Gobierno nacional y las provincias productoras comenzaron a definir el futuro del barril criollo a u$s45. La medida, que fue establecida por el Decreto 488, generó un fuerte debate entre las refinadoras y los gobernadores.

Las petroleras no integradas aseguran que quedó sin efecto el 31 de agosto pasado y piden no renovarlo. En todo caso, reclaman otro aumento de combustibles para equipar los costos por la compra del crudo Medanito, más caro que el extranjero. Después de los últimos dos ajustes de 4,5% y 3,5% promedio en agosto y septiembre, respectivamente, se estima que todavía queda entre 5% y 8% pendiente.

Pero las provincias agrupadas en la Ofephi no están dispuestas a resignar regalías y exigen a la Nación la continuidad del barril criollo hasta el 31 de diciembre, como prevé la norma de Alberto Fernández. En ese marco, se abren algunos interrogantes.

El exdirector de Hidrocarburos de Mendoza, Pablo Ropero, aseguró que el decreto establece un piso, no un techo. “Desde el punto de vista estatal es conveniente, porque mantiene el nivel de recaudación en regalías e impuestos. Siempre es bueno que las provincias intervengan en estos temas, pero el Gobierno debe convocarlas y escucharlas para tomar decisiones. Hoy como está la industria y el tema global, el barril criollo es totalmente conveniente”, afirmó el abogado en diálogo con Ámbito.

“Las empresas productoras ni bien el costo no les da paran los yacimientos y eso es delicado. Por ejemplo Mendoza, tiene 11.000 m3 de producción por día, y eso va en declino de entre 7% y 8% por año. Es conveniente que el barril criollo se mantenga. Algunos interpretan que el decreto establece que cuando se supera el precio internacional se desactiva automáticamente, pero nosotros interpretamos que producidos esos diez días está por abajo, se activaría nuevamente”, señaló el asesor en temas energéticos de la Fiscalía de Estado mendocina.

Ropero reveló que cuando analizó en detalle el Decreto 488 le pareció “superador” porque daba la posibilidad de desactivar cuando supera los u$s45 y activarlo cuando baja. “Es una norma legal que tiende a perdurar en el tiempo ante una situación de coyuntura externa, que te puede bajar el crudo a u$s20 el barril. En Mendoza tenemos entre u$s30 y u$s38 de costo, y si el pozo no conviene se cierra”, indicó.

Una de las opciones que se barajó es aplicar un esquema de bandas que permita a las provincias recuperar por Ingresos Brutos sobre la actividad lo que pierden si el barril criollo quedad sin efecto. “Es posible, pero no es lineal”, consideró Ropero. “Cuando hay actividad las operadas están gastando, invierten y se mueve la industria, pero es a largo plazo”, agregó el docente de la Escuela de Administración de Recursos Hidrocarburíferos (EARH).

Lo que más ruido genera es instrumentar un desdoblamiento del mercado de precios, entre u$s45 para regalías y export parity, que el secretario de Energía Darío Martínez ya evalúo. “Prefiero una norma legal que resuelva el tema, bien discutida y fundada, que integre todo. No hay que tomar decisiones discrecionales, porque nunca dieron buenos resultados en esta industria. Los Estados son dueños de recursos que se están agotando y para las provincias son los principales ingresos que tienen. Somos muy celosos de los ingresos que se generan y hay que dialogarlo”, concluyó.