CARLOS MANZONI

El sector de los biocombustibles es uno de los que más crecieron en la Argentina en la última década. Impulsado por una legislación que se consideró adecuada, instaló plantas, captó inversiones e incrementó sus ventas en el mercado interno y externo. Pero ahora se enfrenta a importantes desafíos: al efecto coronavirus, que prácticamente paralizó sus fábricas, se le suma la caída de los precios internacionales, las trabas arancelarias para ingresar a ciertos mercados y la incertidumbre por el vencimiento, el 12 de mayo de 2021, de la ley que lo incentivó.

En la última década, esta industria invirtió US$2500 millones, generó 40.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos) e instaló 33 plantas de biodiésel, con una capacidad de producción de 3,9 millones de toneladas por año, y 22 de bioetanol, con capacidad de 1,4 millones de toneladas anuales. Se trata de una actividad que conserva su potencial, pero que, como se dijo, debe sortear ciertos obstáculos.

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), comenta que el sector está complicado por varios motivos. "En el comercio exterior, sufrimos restricciones en algunos países (como Estados Unidos y Perú), mientras que en los que podemos ingresar sin problemas (Unión Europea), nos golpea la caída de precios y la baja de la demanda. En el mercado interno, la cuarentena hizo que se redujera el consumo y, además, el precio quedó desactualizado", detalla.

En tanto, Francisco Jáuregui, director de Cepreb (Cámara que agrupa a los productores pymes de biodiésel que abastecen al mercado local), cuenta que hay plantas paradas y que existe un incumplimiento de la ley por parte de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía. "No se cumple el corte [cantidad de biocombustible que debe mezclarse con el combustible fósil] y no se publica ni actualiza el precio, que está congelado desde diciembre de 2019. El aceite de soja que representa el 85% del costo de producción aumentó 25%; por eso, reclamamos ese mismo aumento para nuestro producto", afirma.

Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol, opina que hay pocos sectores que pueden mostrar los logros que obtuvo el rubro de biocombustibles en el país, pero advierte que la actual situación es delicada. "Así, la industria no da más: no solo hubo caída de la demanda de 25% con relación al año pasado sino que, además, tenemos un precio que no cubre los costos de producción. Aun así, el potencial es extraordinario", señala.

Esta semana, seis cámaras que agrupan a productores de biocombustibles le advirtieron al ministro de Economía, Martín Guzmán, que sus asociados están "en una situación insostenible" después de "tres años de perjudiciales y sucesivas modificaciones en los procedimientos de determinación de precios (2017 a 2019)", nueve meses de congelamiento y una caída de la demanda de más del 25% en 2020.

En este contexto, además, se aproxima el vencimiento de la ley que impulsó al sector y aún no se tiene certeza respecto de si se prorrogará o si se dictará una nueva. Sancionada en 2007 y con entrada en vigencia en 2010, la ley 26.093 se propuso desarrollar las economías regionales, industrializar la ruralización, generar valor agregado en la cadena sojera y diversificar la matriz energética, además de promover la sustentabilidad.

En este punto hay una discrepancia entre las grandes empresas, principalmente exportadoras, y las pymes, abastecedoras del mercado interno. Mientras que las primeras reclaman una nueva ley, las segundas piden la prórroga de la actual, que, según dicen, ya dio probados resultados y es la que garantiza seguridad jurídica.

Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles, cree que es crucial lograr una rápida sanción en el Congreso de la Nación de una nueva ley de biocombustibles. "En este sentido, el anteproyecto de ley redactado por una comisión ad hoc creada en la Liga Bioenergética de Provincias es el instrumento adecuado a tal fin", explica.

Para Molina, la futura ley de biocombustibles debe prever el establecimiento de mandatos más elevados, con cortes de nafta y bioetanol de un 15% de este último (E15) y de gasoil con biodiésel también del 15% de este último (B15), homologando el uso de vehículos con motores flex fuel en la Argentina, para llegar a cortes de nafta con bioetanol anhidro de hasta un 27,5%.

Por su parte, Jáuregui, que representa a las pymes, opina que en el corto plazo es suficiente con que se haga cumplir la ley vigente y, en el largo, es aconsejable que se prorrogue esa ley. "No hay que hacer una nueva, porque esta fue la que permitió el desarrollo del sector, de las pymes y de economías del interior. Por ejemplo, en Catriló, una localidad de 4000 habitantes, en La Pampa, se generó un círculo virtuoso alrededor de una planta pyme de biocombustibles, en la que se invirtieron US$15millones en el marco de la ley. Ese es solo un caso de las decenas que hay", destaca.

Por el momento, según Jáuregui, no hay consenso en ningún borrador de nueva ley. "Sí existen tres proyectos que solicitan su prórroga", acota. En tanto, Adam aspira a que el Ejecutivo mande un nuevo proyecto al Congreso. "Si no, vamos a ir con nuestra propia propuesta", advierte.

Si en algo están de acuerdo en toda la industria es en que, dadas las condiciones adecuadas, existe el potencial de crear en la próxima década otros 40.000 puestos de trabajo, captar miles de millones de dólares en inversiones y generar exportaciones que aporten divisas al país.