El presidente logró el apoyo de referentes de la oposición, mandatarios de otros países y gran parte del pueblo
El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que, en plena pandemia, el Ministerio de Cultura había contratado como conferencista y animador al cantante Richard Cisneros, un artista local poco conocido que alardeaba en medios de haber sido asesor del gobierno.
El Parlamento abrió una investigación sobre los presuntos contratos irregulares por los que Cisneros recibió 10,000 dólares.
“Estamos ante un complot contra la democracia”, aseguró Vizcarra, quien ha conseguido un alto apoyo popular por su cruzada contra la corrupción.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña sostuvo que, de acuerdo con la jurisprudencia, una vacancia por incapacidad moral debe sustentarse en un comportamiento continuo.
En tanto, la Procuraduría Anticorrupción envió un oficio al Ministerio Público para reiterar su pedido de que se tome la declaración del mandatario, en calidad de testigo. Esta medida forma parte de la investigación preliminar abierta el 20 de mayo por las presuntas irregularidades en los contratos de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.
El pedido del Congreso opositor para destituir al mandatario peruano, Martín Vizcarra, se debilitó hoy, después de que líderes políticos y posibles candidatos presidenciales salieran a rechazar la iniciativa, que agravaría la crisis del país latinoamericano.
El primero en comparecer públicamente para rechazar una posible destitución fue César Acuña, jefe del partido que posee la segunda fuerza en el Congreso y un potencial candidato presidencial, en momentos en que varias autoridades locales salieron también a exhortar la continuidad de Vizcarra cuando faltan apenas siete meses para las elecciones generales.
"Sería absolutamente innecesario e impertinente forzar una vacancia (destitución) presidencial por parte del Congreso, que solo podría agravar la crisis política en curso y la crisis sanitaria", dijo Acuña, un empresario dueño de un imperio de varias universidades privadas, a través de Twitter.
Vizcarra, que no tiene una representación en el Congreso, no puede postularse porque según la Constitución peruana está prohibida la reelección consecutiva.
El Congreso votó el viernes último iniciar un juicio político contra Vizcarra acusándolo de "incapacidad moral", en medio de investigaciones de presuntas contrataciones mal realizadas por el gobierno, y con el telón de fondo de una recesión económica y un colapso sanitario, con más de 722.000 casos de coronavirus -la quinta cifra más alta en el mundo- y más de 30.500 muertos.
El proceso acusa al presidente peruano de haber instado supuestamente a mentir a dos asesoras investigadas en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante, según audios difundidos la semana pasada.
Vizcarra, que acusa al Congreso de un complot, fue citado al edificio del Parlamento para que brinde personalmente sus descargos el viernes próximo. El juicio político al presidente peruano fue aprobado por 65 votos. Para su destitución se requieren 87 votos de los 130 legisladores.
El partido de Acuña, el grupo de derecha populista Alianza para el Progreso, aportó 21 votos para aprobar el pedido de destitución del centrista Vizcarra, que asumió la presidencia en marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que dejó su cargo entre denuncias de corrupción por parte del Congreso.
Otros posibles candidatos presidenciales, como Keiko Fujimori, líder de la tercera fuerza en el Congreso; Julio Guzmán, del centrista Partido Morado, y el alcalde de un populoso distrito, George Forsyth, que lidera actualmente las intenciones de voto, han salido a marcar distancia en torno de la destitución y piden que Vizcarra sea investigado cuando termine su mandato.
"Hasta hoy no existen los elementos suficientes ni los procedimientos necesarios para destituir al presidente", dijo Fujimori por Twitter. "Si en el camino aparecen otros elementos adicionales que nos demuestren que esta medida es indispensable, no dudaremos en apoyarla. Hasta que ello suceda, debemos agotar otras posibilidades", resaltó la política.
Keiko Fujimori, dos veces candidata presidencial y que pasó más de un año en prisión preventiva en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, manifestó que Perú enfrenta momentos difíciles con la pandemia y la recesión económica, por lo que el Congreso debe actuar con "prudencia".
Por otra parte los presidentes de Bolivia, Colombia y Ecuador, que integran la Comunidad Andina de Naciones junto con Perú, hicieron un fuerte llamado al Congreso peruano exhortándolo a evitar la destitución del presidente Martin Vizcarra en el contexto de una grave crisis política y de emergencia sanitaria por la pandemia.
“Invocamos a sus autoridades a evitar acciones que podrían poner en riesgo el legítimo ejercicio del poder y el proceso político institucional democrático” en Perú, expresa un comunicado firmado por la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y sus pares de Colombia, Iván Duque, y de Ecuador, Lenín Moreno.
“Los sucesos que vienen ocurriendo en el Perú atentan contra su estabilidad y gobernabilidad”, agrega la declaración. El Congreso inició el viernes un proceso de destitución a Vizcarra que debe votar el 18 de septiembre por haber supuestamente instado a mentir a dos de sus asesoras investigadas en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante durante su gestión. Los presidentes andinos advierten que la crisis política en curso se desarrolla en medio de la pandemia del nuevo coronavirus y a siete meses de las elecciones generales peruanas de abril 2021. “Alentamos a una pronta solución sobre la base del diálogo, en el marco del orden constitucional vigente y en estricto apego al equilibrio de poderes”, resaltaron los mandatarios sudamericanos.
La difusión de los audios llevó a seis de los nueve partidos representados en el Congreso a exigir la remoción de Vizcarra. El mandatario, que carece de partido y bancada, comparecerá el viernes ante el plenario para ofrecer sus descargos, tras lo cual los 130 legisladores debatirán y procederán a votar si lo destituyen o no por "incapacidad moral".
El Gobierno anunció en la víspera que usará todas las armas legales para defender a Vizcarra y que presentará hoy una demanda de competencia sobre el caso ante el Tribunal Constitucional para frenar el proceso de destitución. Instituciones como la Defensoría del Pueblo afirmaron que existe un grave problema de calificación legal del Congreso al usar indebidamente la figura de "vacancia presidencial".
El primer ministro, Walter Martos, por su parte, acusó al jefe del Congreso, Manuel Merino, de intentar involucrar a las Fuerzas Armadas en el pedido de destitución del mandatario Vizcarra, al realizar un pronunciamiento rodeado de altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de Perú en el Palacio de Gobierno. Merino reemplazaría a Vizcarra en caso de que progresara el proceso de destitución.
"Repudio los actos inaceptables de la vieja clase política. Las mañas golpistas no pueden volver. Las Fuerzas Armadas defienden el orden constitucional, no el interés personal ni partidario", dijo el casi seguro candidato Forsyth, un exarquero de fútbol.
El sábado, los presidentes de Colombia, Ecuador y Bolivia, miembros de la comunidad andina, dijeron que los sucesos que ocurren en Perú atentan contra la estabilidad y gobernabilidad del segundo mayor productor mundial de cobre.
La sorpresiva crisis política, desatada en medio de la pandemia del coronavirus, ha tenido efectos nocivos en la economía peruana, que está en recesión. El dólar subió y cayeron la bolsa y los bonos peruanos en el exterior.
Los cacerolazos se repitieron este sábado por segundo día consecutivo en algunos barrios de Lima para protestar contra el juicio político que la oposición peruana ha abierto en el Congreso para destituir al presidente Martín Vizcarra en plena pandemia del COVID-19.
Convocados espontáneamente a través de redes sociales, los peruanos volvieron a manifestarse golpeando sus cacerolas desde las ventanas y balcones de sus viviendas a las 20 horas, igual que hicieron el viernes cuando el Congreso abrió el juicio político a Vizcarra.
Esta sonora protesta se ha vuelto para los peruanos la forma idónea de expresar su descontento ante la crisis política que sacude al país sin violar las normas de distanciamiento social establecidas para prevenir más contagios de coronavirus, que ha causado en el país más de 700.000 contagios y más de 30.000 muertos.
En casi tres años de mandato, Vizcarra ha gozado del respaldo popular, especialmente cuando se ha enfrentado al Congreso, reacio siempre a sacar adelante las reformas anticorrupción del mandatario. El momento álgido lo tuvo el año pasado cuando disolvió constitucionalmente el Congreso para que el pueblo eligiese a uno nuevo, pero esto dio como resultado un hemiciclo que ahora lo quiere destituir.
De prosperar la moción para destituir a Vizcarra, Perú se quedaría sin presidente electo por voto popular a siete meses de las elecciones generales, pues el poder ejecutivo recaería de manera interina en el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, informaron EFE y Reuters.
“Las crisis políticas no son nuevas, desde hace cuatro años se ven estas tensiones”, indicó Adrían Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), en referencia a la situación de tensión que vive el Perú actualmente por tres audios relacionados al presidente de la República, Martín Vizcarra, y el caso Richard Swing; los cuales llevaron a que se de cuenta de una moción de vacancia en el Congreso de la República que será debatida este viernes 11 de setiembre. Durante la presentación del Programa Monetario de la entidad, explicó la afectación que las tensiones podrían tener en la economía peruana, como ha ocurrido con anterioridad.
“El impacto que han tenido [las crisis políticas], con referencia a anteriores [periodos], ha sido un deterioro temporal de expectativas en la economía. En agosto del 2019 la tensión política que hubo en aquel momento redujo las expectativas a tres meses. También cuando ocurrió lo mismo en el 2018”, precisó Armas. En aquel momento (2019), se avivaron las tensiones entre el Ejecutivo y el anterior Congreso que luego fue disuelto.
Se ve una caída en las expectativas a tres meses sobre la economía en agosto del 2019. La caída de estas expectativas ha sido más fuerte con la paralización de la economía por el COVID-19. (Fuente: BCR)
Según Armas, en la medida en que se logren superar las tensiones políticas “el impacto [en la economía] va a ser menor”. Explicó que ese impacto genera también nerviosismo en los mercados, que es lo que se está viendo actualmente: un alza en el dólar y una caída en los valores de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
“Esto [el impacto] va a depender de la profundidad de la crisis política, si se logra una solución rápida a esta situación el impacto va a ser de muy corto plazo como ha sido en el pasado”, señaló.
Frente a ello, por el lado de la actividad económica, Armas aseveró que lo importante es que la economía continúe en marcha y no se detenga producto de las tensiones. “En este proceso de recuperación de la actividad económica es necesario que la inversión pública se acelere lo antes posible”, remarcó.
“La inversión pública es crucial para la recuperación de la actividad económica, el multiplicador es de 1,42. Cada sol que se invierte genera en la economía una expansión de 1,42. Esto es porque además de hacer obras e infraestructura, crear más capacidad de la economía y elevar PBI potencial, se generan ingresos y eso genera capacidad de compra de los agentes económicos”, añadió.
El funcionario del BCR agregó que la inversión pública se relaciona con todas las instancias de gobierno: los más de 1.800 municipios, gobiernos regionales, entre otras instancias; y, por ello, precisó que es clave recordarle todos los ciudadanos y funcionarios públicos la importancia continuar ejecutando las obras públicas.
“Lo que puede tener impacto negativo es si todos comienzan a demorar obras. Lo importante es que el país continúe y este proceso de recuperación [económica] que es importante continuar”, dijo.
Con respecto al movimiento en los mercados financieros, Armas resaltó que el BCR tiene fortalezas macroeconómicas importantes que mantienen a la entidad preparada para intervenir y amortiguar o atenuar cualquier fricción o tensión que se pueda presentar en los mismos, informó EL Comercio.
