MARTÍN KANENGUISER

La “inversión” de las empresas en la Argentina -pequeñas, medianas y grandes- en el pago de impuestos resulta la más alta de toda la región.

Esto significa que las empresas que se encuentran en el circuito formal pagan más tributos que lo que producen como renta.

Según explicó a Infobae el especialista en impuestos Iván Sasovsky “las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% por sobre sus ganancias. Es decir, de cada 100 dólares que gana un empresario, 106 se le debe pagar al Estado”.

“Cualquier empresario argentino no sólo no obtiene ganancia, sino que debe pagar impuestos inclusive con su inversión inicial”, señaló el tributarista.

“El peso del estado argentino sobre la economía formal es uno de los principales problemas a la hora del desembarco de inversiones. Es muy importante tomar conciencia de esto, porque a niveles comparativos al momento de decidir una inversión entran a competir estas variables incluso más que otros aspectos importantes como la seguridad jurídica y la garantía de poder llevarse las ganancias de la inversión”, advirtió.

En este sentido, indicó que “en la Argentina el negocio tiene que ser mucho más rentable como para compensar ese peso de un estado gigantesco que recae sobre la inversión privada”.

La comparación mencionada permite comparar cuánto se lleva el estado por cada 100 dólares que “gana” el empresario y mide al Estado como un socio más.

En este ranking, la Argentina aparece primera con el 106,3%, seguida por Bolivia con el 83,7%, Venezuela con el 73,3%, Colombia con el 71,3%, Brasil con el 65,1%, México con el 55,1%, Uruguay con el 41,8%, Panamá con el 37,2% y Perú con el 36,9 por ciento.

En tanto, el promedio mundial de este ranking elaborado en base a estadísticas oficiales y el Banco Mundial y procesado por PWC es del 40,5 por ciento. Por lo tanto, en la Argentina esa obligada asociación entre el Estado y el sector privado formal es casi del 150% más que dicho promedio global.

Al comparar la sencillez y competitividad de los sistemas tributarios de la región, la Argentina también se saca una tarjeta roja, aunque con matices.

En el caso del impuesto a las ganancias de las empresas, la alícuota máxima es del 34% en Brasil, del 30% en la Argentina (aunque la reforma impositiva votada en el gobierno anterior por el Gobierno planteaba que este año bajara al 25 y el Gobierno la dejó en el piso del año pasado); del 25% en el caso de Uruguay y del 10% en el de Brasil.

En Ganancias a las personas, Argentina pelea palmo a palmo con Uruguay, con una alícuota del 35% contra una del 36%, frente al 28% en Brasil y el 10% en Paraguay, donde el impuesto a la renta es relativamente nuevo y la economía tiene todavía un muy alto grado de informalidad.

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), la Argentina ocupa el segundo lugar en el podio con el 21%, luego de haber subido desde el 18% a mediados de los años 90. Primero aparece Uruguay con el 22%, tercero Brasil con el 17% y cuarto Paraguay, nuevamente con el 10 por ciento.

De este modo, con la sumatoria de estos tributos, la Argentina suma una carga del 106% en los términos antes mencionados, seguido por Brasil con el 65%, Uruguay con el 42% y Paraguay con el 35 por ciento.

En los últimos años, la única vez que se bajaron ciertos impuestos fue con la mencionada reforma del 2018, aunque se agregó un impuesto a la renta financiera que generó muy poca recaudación y una carga burocrática altísima.

Sin embargo, en la reforma que estudia el Gobierno actualmente el Ministerio de Economía con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el sentido parece ser el contrario.

Marcó del Pont anticipó que habrá una suba de impuestos

En este sentido, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont afirmó semanas atrás que la reforma buscará gravar a los sectores de mayores ingresos y que los cambios impositivos que promueven bajas generalizadas de tributos no han servido ni para fomentar el empleo ni el crecimiento económico. Esta reflexión parece no tomar en cuenta que un impuesto actúa en un contexto macroeconómico -en una recesión o en una crisis financiera es difícil que un nuevo tributo actúe en forma eficiente- y que debe tener continuidad en el tiempo para evaluar su eficacia.

De hecho, a esta reforma –cuyos ejes puntuales todavía se desconocen– el Gobierno le ha sumado el denominado Aporte Solidario, conocido como nuevo impuesto a la riqueza por “única vez”, para las personas con un patrimonio declarado mayor a los 200 millones de pesos.

Y si bien casi todos los economistas consideran que en términos conceptuales tiene lógica que quienes tienen un mayor patrimonio puedan hacer un aporte mayor en un momento de crisis excepcional como el actual, por el otro lado consideran que en este caso puntual hay una serie de problemas que conspirarán contra la efectividad que busca el propio Gobierno. El primer inconveniente es que busca gravar bienes para atrás, lo cual seguramente generará una alta ola de juicios tanto administrativos como en la esfera ordinaria.

El segundo es que tiene un efecto de doble imposición con Bienes Personales, ya que grava el mismo hecho imponible, cuando la tendencia mundial además es a que este tipo de gravámenes tienden a bajar o desaparecer. Por el contrario, en el caso de Bienes Personales, para este ejercicio fiscal la alícuota y los montos subieron, tal como lo pudieron comprobar en carne propia los contribuyentes que deben pagar por la “riqueza” de tener un auto y algún bien más.

La medida tuvo un amplio y masivo rechazo de las entidades empresariales del país.

“La inversión privada es mucho más sensible a la rentabilidad que a otros factores, por eso se explican inversiones privadas en países de alto conflicto bélico, si la inversión es rentable, llega”, concluyó Sasovsky.

A toda esta discusión los especialistas suelen agregarle dos componentes clave:

- El retorno de estos tributos en términos de servicios públicos de calidad, que resulta entre bajo y nulo para muchos sectores.

- La sumatoria de tasas provinciales y municipales a los impuestos nacionales, que determinan un combo que, como en otros indicadores, la Argentina figura en un triste primer lugar.