La Secretaría de Energía demora en definir los incentivos a la inversión y se quiere destinar parte de lo recaudado del impuesto a la riqueza
“Que todos se queden conformes al menor costo posible”. Así resumen en el gobierno nacional el estado de situación del Plan Gas 4, la iniciativa que busca garantizar un precio para la producción que puede ser una de las claves de la reactivación en los próximos meses en Vaca Muerta.
Luego de dos meses de negociaciones entre productoras y la anterior integración de la cartera energética bajo la estructura del ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas, el área quedó bajo el ala del ministro de Economía, Martín Guzmán.
De este modo el gobierno nacional dio una nueva señal acerca de la trascendencia que le da al sector en el balance macroeconómico del país.
Las fuentes consultadas para esta nota explicaron que Guzmán estudia más en profundidad por estas horas el costo fiscal del plan. El esquema acordado establece un precio de entre 3,40 y 4 dólares por millón de BTU para un bloque de 70 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMm3/d) con un aporte del Estado por cuatro años.
El objetivo es garantizar la demanda interna en un momento en que los pozos de todas las cuencas productoras declinan por la falta de inversiones: esto requiere de nuevas perforaciones, lo que implica inyectar capital en las áreas. Para que las empresas lo hagan, se les ofrece un precio que salde sus costos de producción y una garantía de ganancias.
En buena medida, el país está en una suerte de cuenta regresiva: o utiliza aportes del Estado para garantizar la oferta del 2021 con producción propia o utiliza dólares en importaciones, con el consiguiente impacto en el resto de la economía y el nivel de reservas del BCRA.
“Hay que armonizar los intereses de todos: consumidores, Estado e industria, tienen que quedarse conformes al menor costo posible”, informó una fuente del gobierno nacional. "Tenemos que generar confianza, los cuatro años que nos precedieron fueron muy contradictorios. No podemos ir a un esquema que luego volteemos”, planteó otra fuente con llegada al ministerio de Economía. “Hay cuestiones en la que Kulfas nos podía avanzar y en las que la última palabra la tiene Guzmán”, resumió.
El seis de agosto pasado, hace más de un mes, Kulfas oficializó el plan luego de un encuentro con las productoras, en las que la cartera productiva emitió una comunicación oficial.
El plan ofrecería mejores condiciones de precio para 70 millones de metros cúbicos diarios de producción (MMm3/d) durante cuatro años. El mecanismo de subastas que se pondrá en marcha fijará un cupo de 47,2 MMm3/d para Neuquén, otros 20 MMm3/d se inyectarán desde la Cuenca Austral y el NOA aportará otros 2,7.
El precio del gas PIST (Precio de Ingreso al Sistema de Transporte o en boca de pozo) "surgirá del mercado, en un marco de libre competencia, pero con condiciones que fija el Estado para asegurar los objetivos del programa", informó la cartera productiva en ese entonces.
Luego hubo una nueva convocatoria: el 14 de agosto pasado todo indicaba que el plan sería rubricado, pero ese día hubo una suspensión del encuentro, que se postergó una semana. Sin que mediara una comunicación oficial, trascendió que las petroleras habían pedido más tiempo para seguir evaluando la oferta.
Después llegó el cambio de estructura: Energía pasó a Economía y el ex secretario Sergio Lanziani, de participación nula en este plan, renunció. El neuquino Darío Martíntez se quedó con el cargo tras la oferta que le hizo el presidente Alberto Fernández.
Hoy todo indica que Guzmán ajusta los detalles económicos del plan. En el mismo lapso, Martínez comenzó a mantener reuniones con los CEO de las principales productoras del país, con una agenda amplia en la que también se encuentra un plan estímulo que encierra claves para la recaudación de las provincias, en un contexto de caída económica producto de la pandemia.
Clarín
MARTÍN BIDEGARAY
Para evitar mayores importaciones de gas el próximo invierno, las empresas estiman que deberían reactivar la producción durante este mes. Mientras la Secretaría de Energía no define el esquema para incentivar la inversión, un artículo del proyecto de ley que grava por única vez a la riqueza (patrimonio de más de $ 200 millones) propone destinar parte de lo recaudado a la producción de gas.
Pero el esquema propuesto es particular. Lo recaudado iría a Ieasa (la ex Enarsa ), que se encarga de las importaciones de gas. Y la ex Enarsa trabajaría proyectos de gas con YPF .
El artículo 7 del quinto inciso de la ley que grava a las "grandes fortunas" establece que el Tesoro le dé dinero a Ieasa, la ex Enarsa. Esa firma se encarga de las importaciones de gas. En la época del ex ministro de Planificación Julio De Vido , Ieasa estuvo sospechada de irregularidades en la compra de cargas de GNL importados.
En el esquema propuesto, que ni los consultores en energía terminan de entender del todo, Ieasa desarrollaría bloques de producción de gas con YPF. La petrolera de mayoría estatal se encargaría de lo operativo, pero el gas obtenida iría a Ieasa para que esta última se encargue de comercializarlo.
La idea, que vino del ministerio de Economía -que ahora tiene una carga la Secretaría de Energía- es para que el Estado disponga de más fondos para el estímulo a la producción de gas. El plan Gas 4, que había desarrollado Energía bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo (que encabeza Matías Kulfas ) parece haber quedado en espera . Esa propuesta buscaba crear condiciones para la provisión de gas (de productoras a distribuidoras, que son las que llevan a hogares y comercios) para los próximos cuatro años.
El Poder Ejecutivo quiere beneficiar a YPF con esta iniciativa. Pero el resto de las productoras de gas quedarían excluidas , algo que no cae bien en el sector, porque se vive como una discriminación. El desarrollo de nuevos proyectos de gas serí a solo a través de YPF , que podría asociarse a otras empresas. "Esto destruiría al mercado oferente", entiende un consultor del sector, contrario a la iniciativa.
El interventor del ente regulador del gas, Federico Bernal, es un exégeta de Julio De Vido. Reivindica las importaciones de los anteriores mandatos del kirchnerismo -que superaron los US $ 50.000 millones- frente a la producción nacional.
Pero el proyecto de ley asume el costo de las importaciones. Con la misma cantidad de fondos que se destinan a las importaciones, se obtiene "8 veces más" de gas natural de producción nacional. Al importar menos, se beneficia la balanza cambiaria, y la producción nacional crea empleos y paga impuestos, ayudando a la economía en su conjunto.
Ieasa se quedaría con bloques de gas de YPF pero no está claro de qué manera . Mientras que Ieasa es 100% estatal, YPF es 51% estatal. El desarrollo conjunto entre ambas no está en el proyecto. Un acuerdo requiere cláusulas legales, comerciales y operativas que están ausentes. El Estado estaría quedándose con algo que es mitad del Estado, pero también de privados (el 49% de YPF).
Ieasa es una importadora. No tiene equipo técnico propio para dedicarse a la producción. Su anterior incursión en la producción de gas no fue exitoso. Se asoció con la empresa neuquina de petróleo y gas para Aguada del Chañar. Perforaron 11 pozos de tight gas , sin los resultados esperados. Se construyó una planta de tratamiento de gas. Todo costó más de US $ 100 millones, y no funcionó.
El nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, está definiendo el equipo que lo acompañará en su gestión. El funcionario hizo declaraciones a favor de la producción nacional, pero esquivó definiciones puntuales, a la espera de rodearse de especialistas que lo ayuden en esas definiciones.
