El escándalo tiene dimensiones incalculables. No solo por el monto robado, sino porque se trata de recursos energéticos no renovables. El caso por el desvío de petróleo de YPF para su venta en destilerías truchas tiene 21 detenidos y todavía no se sabe cuánta plata perdió la compañía.
La investigación comenzó en octubre del año pasado por las alarmas que disparaban sensores de los oleoductos de la compañía. A los ingenieros a cargo de controlarlos les llamó la atención la frecuencia con la que se daban esas advertencias y lo denunciaron.
Todo se aceleró con la muerte de un operario que se quemó durante los trabajos clandestinos para succionar el hidrocarburo a principio de año.
Varios meses después, el caso derivó en 39 allanamientos y la caída de una organización dedicada al robo de petróleo, la refinación y venta ilegal de combustible, según informaron fuentes judiciales. Los operativos tuvieron lugar este martes en el conurbano bonaerense y distintos puntos del interior del país y estuvieron a cargo de distintas divisiones de la Policía Federal .
Aunque las identidades de los detenidos no se dieron a conocer, habría involucrados empleados de la compañía estatal y hasta un concejal de Lanús de Juntos por el Cambio.
Para los investigadores está claro que quienes llevaron adelante las maniobras tenían el conocimiento técnico y los recursos necesarios, ya que pincharon una tubería de YPF en Coronel Dorrego y transportaban el crudo hacia piletones que construyeron en el suelo. De allí extraían el petróleo con bombas y lo cargaban en camiones cisterna.
A modo de pantalla usaban tosqueras para no ser descubiertos. En una de ellas, ubicada en Máximo Paz, encontraron una cisterna de YPF con 20.000 litros de crudo.
Las escuchas telefónicas realizadas en la causa permitieron establecer que la banda operaba durante la noche y la madrugada para no ser descubiertos y lograba llenar dos camiones. En total, contaban con tres vehículos de carga y cuatro choferes para hacer el circuito entre los piletones y las refinerías ilegales.
El combustible robado tenía como destino principal una planta clandestina ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús, que vierte los desechos en la cuenca Matanza-Riachuelo. Allí lo destilaban y refinaban para después venderlo en estaciones de servicio de bandera blanca.
Durante los allanamientos, los agentes incautaron bombas de succión, quince tramos de mangueras para cisterna, soldadoras y herramientas especiales para hacer la unión "boca de pez" y extraer el petróleo, siete camiones, seis cisternas, doce autos y camionetas.
También encontraron 12 millones de pesos, 3.700 dólares, 2.485 euros y 1.010 pesos bolivianos.
Y secuestraron 17 celulares, tres escopetas calibre .16, una carabina .22, una pistola Glock calibre .40, siete notebooks y 130 cartuchos de bala de distintos calibres.
Los allanamientos tuvieron lugar en Lanús, Olavarría, Azul y Villa Ramallo, en la Provincia de Buenos Aires, y fueron ordenados por el juez federal N ° 2 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, a cargo de la investigación. También hubo operativos en San Lorenzo (Santa Fe), General Roca (Río Negro) y Neuquén.
Según fuentes del caso, la banda lograba "un alto rédito económico, no sólo sorteando todas las exigencias y controles estatales, sino también construyendo con sus maniobras un circuito económico y comercial completamente ilegal", y que además "habrían realizado acciones que dañan el medio ambiente de manera ostensible ", según informó el sitio Fiscales.gob.ar .
Se sospecha que contaban con información interna sobre el funcionamiento de la empresa ya que sabían cuánto petróleo podría robar sin que se activaran los sensores de control que tiene la compañía. Fueron justamente algunos informes aislados que derivaron en la investigación.
Aunque según fuentes de la compañía el monto de lo robado es incalculable, una estimación extraoficial indica que el desfalco rondaría los 5 millones de dólares por año. Lo que no se sabe es cuándo comenzó.
Desde un primer momento y por la presunta infracción a la ley 24.051, en la causa intervino el Departamento de Delitos Ambientales de la PFA. Por la dimensión de la organización y su despliegue en todo el país, en los operativos también participaron las superintendencias de Investigaciones Federales, de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, de Orden Urbano y Federal, y agencias regionales y Bomberos.
A la vez, intervino personal técnico de la empresa YPF y funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La Nación
GUSTAVO CARABAJAL Y GABRIEL DI NICOLA
Una investigación sobre contaminación ambiental en el sur del conurbano derivó en el descubrimiento de una organización criminal dedicada al robo a gran escala de petróleo de un oleoducto de YPF: lo extraían mediante un bypass, lo refinaban en destilerías clandestinas y lo vendían como combustible en estaciones de servicio "sin bandera" y a productores agropecuarios. Durante allanamientos en cuatro provincias, los investigadores habrían detenido a 18 miembros de la organización. El inmenso desfalco alcanzaría la suma de US$5 millones anuales.
Calificadas fuentes de la investigación informaron a LA NACION que la causa, delegada en la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona -la misma que investiga el espionaje ilegal de la AFI-, avanzó hoy con 30 allanamientos en distintos puntos del país y con cerca de 20 órdenes de detención autorizadas por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge.
"Los integrantes de la organización realizaban todo el circuito comercial, desde la extracción hasta el transporte y, en algunos casos, la destilación en una planta clandestina, que vertía los desechos en la cuenca Matanza-Riachuelo", según informó la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora en un comunicado de prensa.
Fuentes judiciales indicaron que entre los veinte sospechosos identificados figuran los miembros del grupo que se encargaba de hacer el pozo y realizar la pinchadura en el oleoducto para robar petróleo, los integrantes que se dedicaban al transporte hasta las destilerías clandestinas y el capitalista, que armó la maniobra y acercó el dinero para comprar los camiones, los tanques y máquinas para procesar el crudo sustraído.
El jefe de la banda y cerebro de la operación delictiva fue uno de los primeros sospechosos en ser capturado. Según fuentes policiales, el imputado fue apresado, durante la mañana, por los efectivos de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal, durante el allanamiento contra una destilería clandestina situada en Olavarría.
La investigación comenzó hace ocho meses, cuando la lupa judicial se posó sobre una destilería clandestina de Valentín Alsina, partido de Lanús, por un presunto caso de contaminación ambiental.
"Personal del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) comenzó a investigar la contaminación ambiental y, de a poco, se descubrió una asociación ilícita dedicada al robo de crudo", afirmó a LA NACION una fuente judicial.
Según los informantes, la organización delictiva hacía un especie de bypass para extraer del oleoducto el crudo y pasarlo a piletones que habían hecho en la tierra para después, con el auxilio de mangueras, cargar el petróleo en camiones y transportarlo a diferentes destilerías clandestinas.
Según pudo reconstruir LA NACION, el 1° de febrero pasado se descubrió una pinchadura en el oleoducto en cercanías de Bahía Blanca. No era la primera vez que ocurría: los primeros daños habían sido hace tres años.
"Se comenzó a trabajar para tratar de dar con toda la organización. Entre las personas que se ordenó detener están desde el operario que hacía las pinchaduras hasta el capitalista que ponía el dinero para financiar la maniobra delictiva", explicaron a LA NACION fuentes del caso.
Hasta anoche, fueron detenidos 18 integrantes de la banda, mientras que los investigadores analizaban la documentación secuestrada en los distintos domicilios, galpones y oficinas de la organización criminal para realizar nuevos allanamientos.
El oleoducto de YPF atacado por los sospechosos transporta crudo desde Bahía Blanca hasta la refinería que la compañía estatal tiene en La Plata.
Si bien hasta el momento fuentes judiciales informaron que YPF fue la gran damnificada no se descarta que otra empresas petroleras hayan sido víctimas del accionar delictivo de la banda
Hoy, 90 detectives de la PFA y personal de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) participaron en los más de 30 allanamientos realizados en Pilar, González Catán (La Matanza), Olavarría, Bahía Blanca, Hurlingham, General Rodríguez y Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y en Neuquén, La Pampa y Santa Fe.
"Queremos destacar el trabajo de las autoridades que llegaron a este resultado. La compañía colaboró en todo momento durante la etapa de investigación desde el Departamento de Seguridad y hoy se ven los resultados positivos del trabajo conjunto que llevó más de tres meses", explicaron a LA NACION desde YPF.
