El acuerdo para que YMAD arrende la infraestructura de Bajo La Alumbrera al holding empresario que explotará Agua Rica detonó un escándalo en la Universidad Nacional de Tucumán que amenaza con entintar todo el proceso.
Están en la mira los dos directores que tiene la casa de altos estudios, Alfredo Grau y Domingo Marchese, quienes tendrán que explicarle al Consejo Superior por qué no asistieron a la reunión de directorio celebrada el 3 de octubre, en la que el presidente de YMAD, Luis de Miguel, y los dos directores por Catamarca, Ángel Mercado y Daniel Barros, aceptaron la propuesta de alquiler de las instalaciones elevada por Minera Agua Rica, que incluye un adelanto a cuenta de 12,5 millones de dólares en dos partes.
Este adelanto es en un auxilio financiero para tratar de revertir el déficit de la firma, ya que los alquileres, de concretarse, empezarían a ingresar en el mejor de los casos en 2025, con el inicio de la explotación del yacimiento.
La situación de los representantes tucumanos es complicada.
Las negociaciones que desembocaron en el arriendo potencial llevan por lo menos siete meses.
Las empresas Yamana, Glencore y Goldcorp le presentaron el proyecto integrado al presidente Mauricio Macri en marzo, y ya entonces se barajaba la alternativa de utilizar la infraestructura de YMAD.
Es inverosímil que los directores de la UNT no estuvieran al tanto de lo que se venía cocinando y carecieran de elementos para participar de la reunión directorio en la que se definió el acuerdo y dar su opinión. En todo ese tiempo tampoco informaron a la Universidad acabadamente sobre el memorando de entendimiento para el nuevo proyecto, señala el periodista de La Gaceta Roberto Delgado.
El mismo periodista consigna otro detalle todavía más incómodo para ambos directores.
El Consejo Superior de la UNT trataría un informe del director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, según el cual los textos de las ofertas que Grau y Marchese elevaron a análisis “no difieren de los vistos el 3 de julio y el 21 de septiembre”, sobre los cuales ya se habían planteado propuestas de cambios.
González Navarro sugirió que, al tomar decisiones sobre el contrato en ciernes, se consideraran las conclusiones de un estudio de impacto ambiental sobre Agua Rica realizado por la propia UNT en 2008, a pedido de la Municipalidad de Andalgalá.
Vecinos de Andalgalá se presentaron en una reunión del Consejo Superior de la universidad tucumana hace dos semanas y entregaron un petitorio en el que advierten que habrá contaminación ambiental grave según este informe universitario.
Grau y Marchese dicen que sugerirán cambios en el contrato de arrendamiento, pero, informa La Gaceta, el presidente de YMAD dice en el acta de reunión de directorio labrada el 3 de octubre que “el directorio ha aprobado la aceptación irrevocable de la oferta”.
La polémica está circunscripta por ahora a la universidad tucumana. Aún si estaban en contra del acuerdo con la minera, no se entiende por qué sus directores no participaron para plantear su posición, sugerir cambios o bien requerir que la decisión final se difiriera hasta que la institución que representan tuviera mayores precisiones.
Es llamativo, además, que el resto del directorio de YMAD avanzara en la celebración de un acuerdo que compromete el patrimonio de la empresa con los miembros tucumanos ausentes, aparte de lo sorpresivo del arrendamiento, sobre el que no se tuvieron noticias hasta después de que los hechos se consumaron.
Según La Gaceta, fuentes de YMAD explican que, si el acuerdo con el millonario adelanto de alquileres no se concreta, la firma corre peligro de “extinción”.
El medio se pregunta si la controversia no estará anunciando conflictos más graves, como los dieron lugar a una causa penal por malversación de los recursos que la UNT recibía por su participación en YMAD, en la que está acusado un ex rector y tres de sus funcionarios.
