RICARDO OLAVE
Nueve comunas de la capital dejaron la cuarentena -de lunes a viernes-, para dar paso a la segunda fase del plan “Paso a paso” establecido por el gobierno, para alivianar las restricciones sanitarias en medio de la pandemia del coronavirus. En ese contexto, los protocolos sanitarios exigidos por el Minsal para disminuir el riesgo de contagio en las empresas tendrán un costo importante para reactivar la economía de forma segura, tanto para trabajadores como público en general.
El Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica presentó una investigación con foco en los sectores de manufactura, comercio y construcción, basada en el protocolo de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), analizando los costos mensuales para implementar la medidas, tanto las obligatorias como recomendadas, en la que concluyeron que el costo por trabajador mensual varía significativamente según el tamaño de la empresa. Una micro empresa de 5 trabajadores puede llegar a triplicar el gasto operacional frente a una gran empresa con 500 empleados.
Específicamente, los costos varían entre $474.000 y $677.000 para las empresas de 5 trabajadores; entre $1.500.000 y $3.500.000 para las empresas de 50 trabajadores, y entre $13.000.000 y $26.000.000 para empresas de 500 trabajadores, pero individualmente el costo mensual por trabajador en promedio es de 116 mil pesos, para una de 50 trabajadores bordea los 48 mil, y para una empresa de 500 trabajadores los costos bajan a $39 mil pesos.
Principalmente, hay un tema de costos fijos en la que todas las empresas deben incurrir independiente el tamaño de estas, siendo el factor de economía de escala el que incide en los costos, ya que empresas más grandes pueden “regatear” los costos de inversión frente a una mayor cantidad de trabajadores.
Nicolás Muñoz, subdirector de investigación de la UC, explica que frente a la diferencia económica con la que las empresas deberán enfrentar medidas sanitarias, son las pymes las más afectadas frente a la disminución de la actividad económica, tomando en cuenta que un 20% de las empresas en la Región Metropolitana paralizó completamente sus actividades y un 54% opera con dificultades significativas.
Muñoz indica que también incide a la hora de retomar la actividad la asimetría de información: “Todas las empresas deben saber con claridad qué tienen que hacer para reactivarse de manera segura. Por otra parte, están los elevados costos, sobre todo para micros y pequeñas empresas”.
El académico explica que el estudio analizó a 17 empresas de distintos tamaños que ejercen en los tres sectores mencionados (comercio, manufactura y construcción), y que cada una de estas cuenta con recomendaciones específicas frente a las particularidades de cada sector, a fin de implementar debidamente las medidas de prevención obligatorias, y estableciendo alternativas adicionales, lo que hace que encarezcan los costos a la hora de implementar.
“En el caso del comercio, si cuentas con servicio de delivery, te aumentan los costos, porque debes tomar medidas adicionales tanto en el empaquetamiento hasta el traslado, lo que encarece el costo de los protocolos. La atención al público también encarece la implementación de los protocolos, con una serie de medidas adicionales”, ejemplifica.
Parte de las acciones que encarecen la implementación de protocolos son los espacios comunes de uso masivo. Las empresas ligadas al comercio, que en general tienen una mayor flexibilidad física dada la atención al público, van a estar sometidas, según Muñoz, a una mayor inversión para implementar este tipo de medidas.
En ese sentido, uno de los sectores más masivos, y que ha implementado una serie de medidas frente a la reapertura, es el retail. Si bien actualmente hay 110 centros comerciales abiertos de manera parcial -principalmente en regiones-, en Santiago la mayoría suma más de cuatro meses cerrados.
El comercio cuenta con un protocolo aprobado desde abril, y las mismas empresas han desarrollado medidas adicionales, incorporado tecnología adicional para monitorear que las medidas se cumplan, utilizando elementos como el control electrónico del aforo y el agendamiento virtual de visitas.
Ante el desafío del proceso de desconfinamiento, Katia Trusich, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, dice que hay que “bajar un poco la expectativa” de las aperturas de los malls, afirmando que dado que muchos cuentan con servicios esenciales, como supermercados o farmacias, han “ganado experiencia sanitaria” a lo largo de todo el país.
La presidenta de la Cámara describe que la operación actual por la que atraviesan los centros comerciales y la instalación de protocolos, ha funcionado de manera exitosa dado que la ciudadanía también cumple con medidas de autocuidado a la hora de visitar alguno de estos espacios.
Luego agrega: “Aquí hay un trabajo conjunto también de que la ciudadanía tenga autocuidado, que las poblaciones de riesgo igualmente mantengan cierto grado de confinamiento. Pero también dar la posibilidad de que tanto las personas que tienen necesidades necesidades de abastecerse puedan concurrir a un centro comercial con confianza, como darle la oportunidad a los locatarios que puedan ir reactivando su economía desde la actividad comercial”.
Una vez que levanten de manera gradual la cuarentena en la Región Metropolitana, el ideal -según Trusich- es poder extender la apertura a más locales, como una forma también de contribuir a la reactivación económica. Además, la implementación de protocolos, busca recuperar la confianza de los consumidores, “para que puedan volver gradualmente al centro comercial para abastecerse de todos los bienes y servicios que durante este período de cuarentena no han podido acceder”.
En ese sentido, Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), cuenta que si bien desconocen desde la entidad los costos que va implicar por cada rubro, el encarecimiento de los protocolos es visto como una inversión a futuro: “Es como un seguro de salud, va en beneficio de todos los factores para no volver atrás”.
Melero afirma que hay una multiplicidad de factores a considerar, desde los costos de arriendo, el personal encargado de desinfectar las entradas de los locales, el contacto directo, el distanciamiento social, entre otros que han visto interrumpidos fuertemente en la nueva normalidad, y en los que habrá que invertir “hasta que no haya una vacuna”.
“Estos protocolos tienen que tener una buena gestión, y fiscalizados por el propio comercio y la autoridad, y que tengan certificaciones estándar que garanticen el proceso. Con esos esfuerzos de la preservación de la sanidad son para el bien de los trabajadores, para volver a funcionar y no volver a atrás”.
Para enfrentar los diversos costos que conlleva la implementación de protocolos, desde el Centro de la Universidad Católica apelan a la experiencia internacional, con diferentes países que han implementado políticas públicas, con objeto de poder abordar el tema de los protocolos, un punto clave para el retorno.
Ejemplos hay varios. El gobierno de Australia creó focos de información en micro y pequeña empresa, apuntando a ese grupo ya que, según Muñoz, es donde cuesta que llegue más la información. En el caso de Irlanda apuntaron al financiamiento, estableciendo un subsidio único de 2500 euros para empresas de 50 trabajadores o menos, focalizando recursos en pymes para que diseñen e implementen un plan de protocolo para volver funcionar.
Para retornar a las calles y reactivar la economía de forma óptima, Nicolás Muñoz cree que las empresas deben entregar certezas de que se podrá retornar de forma segura: “El estándar de los protocolos debe ser visto como una inversión, más allá que sea un costo alto, sino que sea visto como un incentivo para que se implementen en todos los lugares de trabajo, siendo acompañado con una fiscalización completa y coordinada”.
