La cartera de proyectos llega a los 329 y en total suponen inversiones por hasta US$ 30.000 M, 100.000 puestos de trabajo y exportaciones por casi u$s11.000 M/año
ANDRÉS SANGUINETTI
En el marco de un ambicioso plan para incentivar las inversiones en el país, se admite la necesidad de trabajar sobre la sostenibilidad ambiental, el uso y calidad del agua; el impacto sobre el eco sistema y la biodiversidad; los flujos de residuos; el control de sustancias tóxicas y el manejo del cierre de las minas a largo plazo
El sector minero debe abordar la fijación de objetivos de reducción de las emisiones de carbono tanto en forma directa como por parte de sus proveedores y usuarios principales de sus productos.
La intensidad y los riesgos de contaminación del agua dependen de una concreta planificación de la operación y adecuada capacidad de gestión institucional ante incidentes no planificados.
El potencial minero de la Argentina lo ubica no sólo en el sexto lugar en el mundo entre los países con mayores recursos mineros, sino también que tiene una enorme superficie para explorar.
En la actualidad, la cartera de proyectos llega a los 329, según un documento de la Secretaría de Minería de la Nación, en el cual también se informa que en total suponen inversiones por hasta u$s30.000 millones, la creación de 100.000 puestos de trabajo y exportaciones por casi u$s11.000 millones anuales.
De todos modos, el país no sigue siendo un destino prioritario para los players de este negocio si se tiene en cuenta que entre el 2012 y el 2019 sólo entraron en producción dos nuevas operaciones y no existen proyectos a gran escala en construcción.
Con este negativo escenario de fondo, el Gobierno busca poner en marcha lo que se ha dado en llamar Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino que permita cambiar la matriz del país durante los próximos 30 años.
El ambicioso proyecto que tiene como objetivo establecer las condiciones necesarias para aprovechar las oportunidades que ofrece la actividad tiene también un costado sustentable.
En este marco, las autoridades buscan dar respuesta al debate actual que, en términos de sostenibilidad ambiental, existe con la actividad minera, en especial en términos de la calidad y cantidad del agua utilizada.
A esto se le suman los impactos de la industria sobre los ecosistemas y la biodiversidad, los flujos de residuos, el manejo de sustancias tóxicas y la etapa post-cierre de las minas, que implica el manejo de pasivos a largo plazo.
Según el plan, al que tuvo acceso Economía Sustentable, las operaciones mineras en el país deben realizarse preservando los servicios ecosistémicos de sus territorios con pérdidas netas nulas de biodiversidad, además de reducir la huella ecológica y planificar las inversiones internalizando los desafíos del cambio climático.
“En términos del uso del agua en la Argentina, cabe aclarar que la minería local es un usuario pequeño a nivel agregado y en relación a otras actividades productivas”, señala el paper que hace referencia a casos exitosos como la Mina Cerro Verde de Perú, donde ha logrado reciclar el 85% del agua que utiliza.
En relación a la calidad, el informe admite que la minería puede tener efectos negativos “como resultado de eventos imprevistos o una inadecuada consideración en los estudios de impacto ambiental”.
Se advierte sobre la intensidad y los riesgos de contaminación del agua que, según las autoridades, dependen de una correcta planificación de la operación y de una adecuada capacidad de gestión institucional ante incidentes no planificados.
También existen casos internacionales en los que la actividad minera ha contribuido, mediante innovación y buenas prácticas, a mejorar la disponibilidad y calidad del agua en sus zonas de influencia, como las plantas deslinizadoras construidas y operadas por empresas mineras que abastecen a zonas cercanas.
En la Argentina, ha tomado relevancia la sanción de la Ley 26.639 de protección de glaciares en el 2010 que prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en los glaciares, “lo cual resulta obvio e indiscutible desde el punto de vista ambiental”, tal como lo refleja el documento de la Secretaría de Minería.
Sin embargo, existen críticas sobre la norma, en especial a las referencias que hace sobre el ambiente periglaciar debido a que se aparta del criterio de protección y hace imposible delimitar con precisión dicho ambiente. Esto incluye las grandes extensiones cordilleranas en las que no se detecta geoforma alguna.
Por este motivo, el documento oficial admite la incertidumbre que existe en torno a una cartera de proyectos de más de u$s10.000 millones “ya que en los 10 años transcurridos desde la sanción de la ley no ha entrado en operación ningún proyecto que pueda considerarse dentro del ambiente periglaciar”.
Pero además de la ley de glaciares, hay una gran cantidad de normas provinciales que restringen la actividad minera como el caso de Mendoza, que desde el 2007 prohíbe la minería a cielo abierto.
O en Chubut, que desde el 2003 impide también la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Esta limitación alcanza al llamado proyecto Navidad, un depósito de plata que, de concretarse, podría generar más de 2.500 empleos e inversiones por u$s1.500 millones en la etapa de construcción y exportaciones anuales por más de u$s300 millones.
En lo que respecta al ecosistema y la biodiversidad, el documento oficial asegura que un proyecto minero puede alterar hábitats “especialmente durante las fases de construcción y operación de la mina”. Al igual que en el caso del recurso hídrico, para el Gobierno resulta clave una correcta planificación de la operación y adecuada capacidad de gestión institucional ante incidentes no planificados.
En otro de sus párrafos, el documento hace referencia a los flujos de residuos y manejo de sustancias tóxicas, debido a que la minería genera pasivos ambientales de alto riesgo potencial y con efectos perdurables que requieren de un estricto manejo de largo plazo.
Además, utiliza sustancias de alta toxicidad que deben gestionarse a través de estrictos protocolos internacionales.
“Los residuos acumulados en los diques de cola despiertan las mayores preocupaciones, pero el problema no es inherente a su uso sino a la gestión del largo plazo y a su manejo, fundamentalmente en la etapa post cierre de la mina”, argumenta el informe.
En relación a esta etapa, se resalta la necesidad de que el sector público promueva el planeamiento estratégico y el conocimiento de una línea de base desde el inicio de las operaciones; posea capacidad técnica y de gestión para integrar el cierre de la operación; garantice la estabilidad física y química de las estructuras remanentes y planifique opciones de desarrollo de comunidades locales y usos alternativos de suelos con fines productivos.
“Cabe destacar que existen experiencias internacionales sobre sinergias público-privada que han contribuido a la gestión sustentable de la matriz energética de los proyectos mineros”, detalla el documento más adelante.
Incluso, con beneficios respecto de innovación y generación de infraestructura disponible para otros sectores de la economía y poblaciones locales. Y como ejemplo se cita al Instituto Solar Minero, creado en Chile con el objeto de generar sinergias entre el potencial minero y solar de la región de Atacama.
El paper destaca también que la actividad minera tiene un rol fundamental en la transformación de la economía hacia un sistema bajo en carbono. En este sentido, explica que la electro movilidad tiene como insumo central al cobre y que los automóviles híbridos y eléctricos se impulsan a partir de baterías construidas a base de litio, níquel, cadmio y óxido.
También, la generación de energías renovables a partir de paneles solares o turbinas eólicas requiere de un uso intensivo de minerales como el cobre, cadmio, sílice, bauxita en el aluminio y, por lo tanto, el Gobierno destaca que la minería cumple un papel central en la mitigación del daño ambiental y la mejora de la eficiencia energética.
“A partir de los riesgos y desafíos mencionados, es que el debate sobre la relación entre la minería y el ambiente debe propiciar el desarrollo responsable de la actividad, balanceando preocupaciones ambientales con el desarrollo económico”, plantea a modo de conclusión el informe de lMinería.
En tal sentido, agrega que “resulta fundamental definir el rol del Estado para mediar entre las posiciones empresarias y de la sociedad e incentivar avances tecnológicos e internalización de costos de la gestión ambiental”.
